Suris aseguró que emitió facturas truchas para empresas vinculadas al Gobierno

Pocesado ya como supuesto jefe de una banda narco, Juan Ignacio Suris contó que emitió facturas truchas por millones de pesos, que beneficiaron a empresas de la provincia de Santa Cruz, algunas de ellas relacionadas con el gobierno nacional.

Afirmó, sin embargo, que no le consta haber operado con firmas del empresario Lázaro Báez, como investigó un equipo de sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Que yo sepa, no”, dijo, aunque de inmediato relativizó su negativa: “No sé cuáles son las empresas de Lázaro Báez”.

Suris también buscó desvincular a su padre, a su contador y a otros colaboradores de la operatoria con las facturas truchas. De ese modo, pretendió evitar que se lo acuse de liderar una asociación ilícita, con una pena prevista mucho más alta.

Durante más de dos horas, Suris detalló además que vendió cientos de facturas apócrifas a las empresas Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA, Autocar SA y Málaga Construcciones, firma que efectuó obras públicas en Bahía Blanca, entre ellas, la edificación de viviendas del Plan Federal, en la órbita del Ministerio de Planificación, que encabeza Julio De Vido.

Al ampliar anteayer su declaración indagatoria, Suris también relató que a esas empresas se sumaron otras de la Patagonia. “Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, y con municipios de esa zona”, declaró, según consta en la copia de su declaración indagatoria que obtuvo el diario La Nueva Provincia. “En la zona de Santa Cruz, con empresas -abundó-, algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial.”

Según reveló LA NACION a mediados de enero pasado, la AFIP había impulsado una investigación sobre Suris por la emisión de facturas truchas que habrían terminado en unas 200 empresas. Entre otras, las controladas por Báez y Cristóbal López. Esa pesquisa comenzó en junio de 2011, pero sufrió un parate cuando el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, cerró la delegación de la AFIP en Bahía Blanca y desplazó a los jefes del equipo de investigadores.

En el holding de Cristóbal López, la receptora de las facturas apócrifas fue Álcalis de la Patagonia, que regularizó su situación, al menos con respecto al pago del IVA, por $ 2 millones. “Como proveedor de las usinas de Álcalis, nos enchufaron facturas truchas. Pero en cuanto se detectó, se decidió el pago inmediato”, indicó entonces un vocero de López.

Según consta en la ampliación de su declaración indagatoria, Suris aclaró también que podría aportar más nombres y detalles a medida que los recuerde.