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Judiciales

¿Puede ir presa? Las claves que explican la grave acusasión de los fiscales contra CFK

El dictamen habla de un “plan criminal” orquestado desde la cúpula del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los puntos más relevantes del requerimiento?

¿Cristina Kirchner puede ir presa? Luego de analizar 49 obras públicas viales, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta sea llamada a prestar declaración indagatoria por el supuesto montaje de una estructura para favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública durante su gobierno.

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Según detalla el diario Perfil, la acusación se refiere a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites.

A continuación, te contamos los puntos más relevantes del requerimiento de la fiscalía:

1) El delito. A los acusados se les imputa el delito de “defraudación contra la administración pública” y “negociaciones incompatibles con la función pública.

2) Una banda. Además de Cristina Kirchner, los fiscales piden la indagatoria de otros 33 acusados por la adjudicación irregular de obra pública durante el gobierno kirchnerista.

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3) ¿Asociación ilícita? Los fiscales admiten que el presente dictamen busca sumarse como elemento de la investigación “orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria”

4) La cifra. Según los fiscales, en Santa Cruz “se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos”.

5) La palabra resaltada. En el texto se subrayó la palabra “decisión”, cuando se señala que la maniobras de redireccionamiento de fondos públicos fue una “decisión” de Néstor Kirchner “días antes de su asunción”.

6) Metodología: 4 pilares. El dictamen sostiene que “la maniobra de adjudicación irregular de la millonaria obra pública investigada fue edificada sobre cuatro pilares”: a) la inmersión inicial del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial.

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b) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; c) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz, y d) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Báez, en detrimento de las arcas del Estado.

7) De monotributista amigo a empresario millonario. “El primer eslabón cronológico de la maniobra investigada fue la colocación del amigo personal de la ex familia presidencial al cual buscaba enriquecerse en la industria de la construcción, lo cual aconteció alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, con fecha 25 de mayo de 2003”.

“Precisamente, cuando los principales periódicos y medios de comunicación del país presagiaban que su contrincante en la segunda ronda electoral se daría de baja del ballotage para evitar la derrota que todas las encuestas aseguraban que ocurriría, el acusado Lázaro Báez —que por aquel entonces era un monotributista— constituyó el día 8 de mayo de 2003 junto con otros dos socios1 la firma Austral Construcciones S.A. mediante el aporte de $3.000, lo que representaba el 25% del capital social de la empresa que apenas ascendía al mínimo legal de $12.000”.

8) Traslado del modus operandi provincial a nivel nacional. “La instauración de una estructura institucional nueva que fuera funcional en el propósito criminal buscado y la designación de una serie de funcionarios públicos de confianza del ex matrimonio presidencial que los acompañaban desde la intendencia de la ciudad de Río Gallegos y la gobernación de la provincia de Santa Cruz para cubrir los puestos clave en materia de elaboración de la política nacional en obra vial, y de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas. Para ello, un día antes de la asunción del ex presidente, a través de la modificación de la Ley de Ministerios, se procedió a la creación de un nuevo órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, en donde Néstor C. Kircner nombró al Arq. Julio Miguel De Vido —que hasta allí era su Ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz— como cabeza de un engranaje estable que, con los mismos nombres y durante los doce años, garantizaría el éxito del fin buscado”.

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9) La concentración económica de la obra pública. “Ya montada la estructura de funcionarios nacionales que garantizarían los beneficios derivados de la obra pública, la tercera etapa derivó en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo, que como dijimos, consistió en la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos en materia de obra vial en un solo lugar: Santa Cruz, precisamente, la provincia de la que los ex presidentes son oriundos, la que Néstor Kirchner gobernó durante tres mandatos y la que además administran gente de confianza en los últimos 12 años”.

Y señalan: “Para tomar real dimensión de lo que ello implica, se le destinó a Santa cruz lo que en conjunto se asignó para ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones”.

10) El direccionamiento de la adjudicación y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez. “Así, con el amigo personal inmerso en el negocio de la construcción, con la estructura de gente de confianza designada a nivel nacional y provincial y con los fondos concentrados en Santa Cruz, la cuarta etapa consistió en llevar adelante un plan sistemático y permanente para beneficiar a Báez mediante la asignación direccionada de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”.

En una de las conclusiones del dictamen, los fiscales consignaron: “La matrizinstrumentada desde los ex presidentes de La Nación hacia los distintos funcionarios públicos destinada a beneficiar —como así ocurrió— al amigo y socio de los ex presidentes, permite tener acreditado la concurrencia de todos y cada uno de los elementos típicos del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, colocando a los agentes estatales en el papel de coautores del tipo bajo estudio”.

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Caso García Belsunce: un preso habría asegurado que Nicolás Pachelo le confesó el crimen de María Marta

La fiscalía aseguró que un detenido (fallecido en 2021) que compartió calabozo con el principal imputado le contó a uno de los fiscales del caso que el ex vecino del country Carmel de Pilar le confesó ser el autor del hecho y dónde había descartado el arma

Durante el juicio por la muerte de María Marta García Belsunce, el principal acusado del crimen es Nicolás Pachelo.

Según lo presentado por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, un preso que compartió celda con el detenido confesó que le dijo ser el asesino de María Marta.

Además, reveló dónde escondió el arma homicida. De esta forma, el funcionario judicial detalló que la declaración fue por parte de Marcelo Maradei, el testigo que compartió celda con el presunto culpable.

Fue en 2019 cuando Maradei se contactó con el fiscal Quintana, que se encargaba de la instrucción de la reinvestigación del caso de María Marta García Belsunce luego de ser absuelto el viudo de la víctima, Carlos Carrascosa. Así es que el preso habría contado que Nicolás Pachelo “le dijo que había matado a María Marta y dónde había descartado el arma”.

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Otro dolor de cabeza para Moyano: cinco dirigentes de Camioneros irán a juicio acusados de extorsión

De todas formas, las declaraciones del testigo no pueden comprobarse porque falleció el 21 de agosto del 2021 en la Unidad 9 de La Plata.

El hombre se encontraba condenado a prisión por robos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de un juicio abreviado.

Por lo que el fiscal Ferrari intentará incluir el testimonio a partir del letrado que habló con Maradei, o incluso a partir de las expresiones de otros presos. En aquel entonces, Quintana no incluyó la afirmación del hombre detenido porque había finalizado el lapso probatorio.

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Cristina Kirchner redobló su crítica contra los jueces que jugaron al fútbol con Mauricio Macri

Tras su ataque al fiscal Luciani, la Vicepresidenta señaló una nueva conexión entre el juez Llorens y el ex mandatario.

Luego del pedido de recusación contra el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal Federal Oral Nro.2, Rodrigo Giménez Uriburu, que la juzgan en la causa del desvío de fondos en la obra pública de Santa Cruz, la vicepresidenta Cristina Kirchner, ahora disparó contra los jueces que fueron a jugar al fútbol a la quinta de Mauricio Macri.

A través de su cuenta de Twitter la ex mandataria comentó, “Fútbol para pocos. Se acuerdan el papelón de Macri, cuando le mostró a Xi Jinping, presidente de China, cómo había hecho un gol en su quinta Los Abrojos?”.

En un extenso hilo, Cristina Kirchner rememoró la bienvenida de Macri al presidente del país asiático en mayo de 2017, cuanto tras la firma de millonarios acuerdos, el ex presidente le regaló una camiseta de fútbol a Xi Jinping y además le mostró un video de un gol suyo en la quinta de su familia.

 

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“A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, destacó la Presidenta del Senado.

En un nuevo embiste contra la Justicia, la líder del kirchnerismo también apuntó irónicamente contra el camarista Mariano Llorens: “Llorens juega de arquero para Liverpool. ¿Habrá atajado ese día? ¿Se habrá dejado hacer el gol? Si era él… seguro que sí. De Liverpool salió una de las bandas más importantes de la historia del rock. Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”.

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En ese sentido, el domingo pasado, la Vice de Alberto Fernández, había expuesto en la misma red social, una fotografía del equipo de fútbol en el que participaban el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburo, que encabezan la causa en su contra, que involucra a Lázaro Báez y a Julio de Vido, entre otros.

Por lo que instruyó a su abogado para que solicite la recusación de dichos funcionarios judiciales, “esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas -y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal”, sostuvo el letrado que representa a la ex presidenta.

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Mientras tanto, el propio fiscal Luciani sostuvo que no tiene problema en enfrentar la recusación y que pretende continuar con los alegatos en donde seguirá presentando pruebas de como Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita, que compartía con funcionarios e incluso su propio hijo, Máximo Kirchner.

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Otro dolor de cabeza para Moyano: cinco dirigentes de Camioneros irán a juicio acusados de extorsión

Se trata de Rubén Omar Dutra, Diego Emanuel Coria, Matías Ezequiel Paz, Jorge Fabián Aguirre y Omar Andrés Pérez, quienes amedentraron al apoderado de una pyme dedicada al transporte para pagara una presunta deuda qye resultó ser inexistente.

En medio del tenso clima que vive el Club Atlético Independiente a nivel dirigencial, Hugo Moyano suma un nuevo dolor de cabeza por parte del sindicato de Camioneros. Según trascendió en las últimas horas, cinco gremialistas, entre los que se encuentra la mano derecha del Presidente del Rojo, irán a juicio por el delito de extorsión en grado de tentativa.

La solicitud fue enviada por el fiscal Ignacio Mahiques, quien apuntó contra dirigentes del gremio por haber amedrentado al apoderado de una pyme de transporte con el objetivo de hacerle pagar una presunta deuda que resultó ser inexistente.

Entre los acusados, se destacan Omar “Manguera” Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), un hombre clave en la estructura de Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio. Además, se les sumarán en el banquillo Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

En su presentación ante el juez Fernando Caunedo, el fiscal consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”.

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Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Castell la entrega del dinero”.

Omar Pérez y Pablo Moyano

Los aprietes al apoderado de Andar Transportadora comenzaron al año de su creación y se volvieron más habituales conforme la empresa iba creciendo. Alejandro Castell, dueño de la pyme de Trenque Lauquen que se dedica desde el 2001 al transporte de cargas, sostuvo: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros que recorrían los choferes”.

En diálogo con Infobae, explicó que ante su negativa, Hernán Sánchez, el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, le respondió que la deuda que mantenía con ellos podía saldarla “con uno de sus camiones”.

“Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que le sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”, explicó al mismo medio.

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Posteriormente, y ante la imposibilidad de Castell de ceder, Sánchez y “cuatro matones” se aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

“Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa“, relató Castell. La amenaza se materializó el 31 de julio de 2020 cuando, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas diez personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.

Alejandro Castell, dueño de Andar Transportadora

En su investigación de los hechos, el fiscal Mahiques consideró ilegítima la deuda reclamada a Castell, ya que se comprobó que no había constancia alguna en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Es por ello que los dirigente fueron imputados como coautores del delito de extorsión en grado de tentativa, un hecho que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años.

“Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, afirmó el fiscal.

Además sostuvo que “los imputados carecían de toda autoridad para reclamar directamente a la empresa del denunciante que incumplía la normativa legal en perjuicio del sindicato”, ya que, como había afirmado el juez Caunedo, el Ministerio de Trabajo es la autoridad para determinar si no se cumplía el convenio laboral. “Es decir -sostiene Mahiques-, el sindicato no estaba habilitado para reclamar directamente a la empresa, y debía acudir ante la autoridad administrativa para formular sus reclamos en representación de sus afiliados”.

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En ese sentido, recordó que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señalaron al confirmar el procesamiento de los acusados que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

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