Clausuran bar en Recoleta y procesan a sus dueños por prostitución

La Justicia clausuró un bar nocturno del barrio de Recoleta, ubicado a tres cuadras del Ministerio de Seguridad de la Nación, y procesó a la pareja que lo regenteaba por la comisión del delito de trata con fines de explotación sexual.

La causa se inició en marzo tras la denuncia de la madre de una de las víctimas, quien afirmó que el trabajo de su hija “consistía en atraer clientes para luego sacarles tragos; sin embargo, con el tiempo (el dueño) le sugirió que ofreciera servicios sexuales a los clientes”.

Inspectores del gobierno porteño también son investigados como sospechosos de recibir coimas de este local llamado Stavros que queda en Vicente López 2229.

Este local ya había sido denunciado por la Fundación La Alameda y aunque el nombre del boliche es reciente, el delito llevaría al menos diez años cuando Gabriel Nicolás Athanassopoulos, conocido como “El Griego”, comenzó a administrar este lugar que antes se llamó Hellas y también Malaka.

La Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) recibió la denuncia e impulsó la investigación, que quedó a cargo de la fiscalía federal N° 6. Su titular, Federico Delgado, pidió el allanamiento de Stavros y la indagatoria de Athanassopoulos y de su mujer, Betiana Alles, ahora procesados por el juez Sebastián Casanello por trata de personas. También fueron embargados sus bienes por 500.000 pesos.

Del expediente surge que entre cuatro y seis chicas trabajaban por noche en el boliche y “que los pases sexuales eran pactados allí, pero concretados en albergues transitorios de la zona”, según indica el portal de La Nación.

Una de las víctimas declaró que en 2013, estando separada del padre de su hijo, se enteró por un amigo de que buscaban camareras en el local de la calle Vicente López, ya que “El Griego” publicaba avisos en los Clasificados de Clarín y pidió una entrevista porque tenía experiencia en el rubro.

“Fue atendida por Athanassopoulos, quien se presentó como el dueño del bar y le refirió la importancia de que ella pudiera atraer clientes”, indica el dictado de los procesamientos. A la joven le llamó la atención que todas las personas que trabajaban en el lugar fueran mujeres y que además algunas de ellas llevaran poca ropa, aunque declaró que nunca pensó que fuera un prostíbulo.

Como camarera cobraba 150 pesos por noche y trabajaba desde las 20 hasta las 4, de lunes a lunes, a menos que pidiera un franco con antelación. Después de los primeros cuatro meses de trabajo, la víctima notó que terminaba muy cansada y le transmitió al “Griego” sus deseos de renunciar.

Para que no se fuera, él le ofreció 300 pesos por noche y trabajar en la barra, presionando a los clientes para que consumieran más tragos. No pasó mucho tiempo para que ella empezara a ver a Athanassopoulos como “un protector” y “un dios”. Incluso él la hizo partícipe de reuniones familiares.

“¿Qué preferís: ganar cinco mil pesos por día o cinco mil pesos por mes?”, le dijo un día “El Griego”. Él le explicó que, “al ser soltera” podía tener relaciones sexuales con “chicos lindos” que él le presentara. “Por lo que la mujer ejerció ese rol con él como intermediario. “El Griego” también mantenía relaciones sexuales con todas las chicas del bar, incluso con ella.

La última modificación a la ley de trata (26.842) dice que quienes promuevan o faciliten la prostitución de una persona serán penados “con prisión de cuatro a seis años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. Y la sanción es de cinco a diez años cuando media un engaño, que es lo que la Justicia les imputa a Athanassopoulos y a Alles.

“La captación de esta mujer comenzó con una propuesta laboral que ella no podía rechazar dada su situación personal, y que fue aprovechada por el imputado a los fines de lograr su explotación sexual”, dice la resolución.

“X”, como así la refiere la Justicia para preservar su identidad, llegó a su límite a mediados de 2015, cuando, a raíz de hechos de violencia entre clientes, por lo que el “El Griego” la hizo ir a la comisaría 19 y tener relaciones con el jefe a cargo “para evitar problemas legales”, según declaró la mujer ante la Justicia.

En el expediente se indica que el imputado le ofrecía drogas a “X” para tolerar el trabajo y que, además, la hacía figurar como encargada. Ella denunció que había inspectores del gobierno porteño que recibían dinero para levantar las clausuras.

El juzgado federal N° 7 se declaró incompetente para investigar esas presuntas coimas y el juez Casanello consideró que ese hecho no tenía relación con la trata de personas y que, por ello, debe ser investigado por la Justicia de instrucción local.

La fiscalía apeló la decisión por considerar que la trata incluye otro tipo de delitos para su concreción y ahora debe resolver la Cámara Federal, según indica La Nación.