Ley de Medios

La Corte Suprema ordenó al Estado Nacional dar publicidad oficial a canal 13

El fallo fue votado en sus puntos esenciales por la mayoría de los miembros, salvo por el ministro Raúl Zaffaroni quien señaló que debía pedírsele opinión a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó

martes 11 de febrero de 2014 - 1:46 pm

La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy al Estado nacional que incluya a Canal 13 en el reparto “equitativo” de la pauta oficial y, tras destacar la importancia de la libertad de expresión como protección a la actividad critica de los periodistas, apuntó con suma dureza al reiterado incumplimiento de sentencias por parte del Estado en la materia.

El fallo, que ratifica una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fue votado en sus puntos esenciales por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, salvo por el ministro Raúl Zaffaroni quien señaló que debía pedírsele opinión a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. [pullquote position=”right”]La Corte Suprema ordenó al Estado Nacional dar publicidad oficial a canal 13[/pullquote]

Carmen Argibay y Enrique Petrachi opinaron que el recurso debía desestimarse y el Estado tenía que cumplir con la resolución impartida por la Cámara.

No obstante, el fallo mayoritario tuvo diferentes consideraciones a la hora de señalar cómo debía cumplimentarse el reparto de la publicidad oficial y el rol que viene ejerciendo el estado nacional a la hora de acatar las sentencias.

Por su parte, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco admitieron tratar la cuestión, aunque hicieron hincapié en respetar la doctrina de la Corte Suprema en sentencias anteriores sobre pauta oficial en los casos de los diarios Perfil y Río Negro.

Salvo Highton, los otros magistrados incluyeron duros argumentos contra la actitud del Gobierno y advirtieron que “la conducta estatal construye una clara violación de los derechos constitucionales”.

“El incumplimiento de una sentencia judicial constituye un desconocimiento de la división de poderes que resulta inadmisible en una estado de derecho y en consecuencia causa un grave deterioro del estado constitucional democrático”, sostuvieron.

Inclusive, el fallo advirtió que “si no existe la plena seguridad ciudadana de que la protección de la Justicia es más que una mera declamación retórica de los jueces sin capacidad de ser respetada y cumplida por las autoridades que detentan el control de la fuerza pública, resulta artificial invocar la obligatoriedad de las reglas constitucionales que limitan el poder o esperar del Gobierno la propiedad de los derechos fundamentales que consagran nuestra Constitución”.

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