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Judiciales

Cuál fue el destino de los 200 millones que se desviaron de “Sueños Compartidos”

200 de los 750 millones de pesos que dio el Estado al programa de viviendas no fueron usados para ese fin, informó el juez de la causa Marcelo Martínez De Giorgi. Para dónde fueron:

El Estado pagó para el programa de viviendas “Sueños Compartidos” casi 750 millones de pesos, pero más de 200 millones fueron “desviados de su fin especifico” a financieras, allegados a Sergio Schoklender o “funcionarios públicos o nacionales que tenían responsabilidad de control”, estableció hoy el juez Marcelo Martínez De Giorgi al disponer decenas de indagatorias en esa causa.

De acuerdo al fallo del juez, “de la masa dineraria conformada por los financiamientos comprometidos por el Estado Nacional, que alcanzaron la suma de 1.295.218.967 pesos, se transfirió a las distintas jurisdicciones un total de 748.719.414,64 pesos”.

“Esta suma fue abonada a la Fundación Madres de Plaza de Mayo (FMPM), en razón de haber resultado adjudicataria de las obras detalladas. Sobre este punto en particular, se ha constatado que en todos estos casos en los que la FMPM resultó beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios, el procedimiento mediante el cual se formalizó su selección fue irregular, pues se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida tanto en el orden nacional, como en el ámbito provincial y/o municipal”, dijo.

El juez señaló que “no puede obviarse que el programa ‘Misión Sueños Compartidos’ también recibió financiamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir de los convenios celebrados entre el titular de esa cartera del Estado, Carlos Tomada, y Hebe María Pastor de Bonafini, entre el 22 de mayo de 2008 y el 30 de diciembre de 2010”.

El Estado destinaba unos 600 pesos para abonar a los trabajadores del sector construcción, dependientes de la fundación, y que representó unos 58.834.800 pesos, pero hubo “diversas irregularidades” en el cumplimiento de ese convenio como el no pago de aportes sociales.

El juez afirmó además que “en lo tocante a la efectiva aplicación de los fondos a su destino específico, se determinó que de los 748.719.414,64 pesos que la Subsecretaría de Obras Públicas había transferido a las jurisdicciones locales para la ejecución de las obras convenidas y que luego se canalizaron a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo -y que representaban el 86% de sus créditos-, sólo la suma de 516.247.173,07 pesos pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras”.

Se detectó así que unos “206.438.454,05 pesos -es decir, el 23,54 por ciento de los egresos- fueron desviados de su fin específico”, como “giros efectuados a empresas cuya actividad no estaba relacionada con la construcción” y “extracciones en efectivo realizadas por Sergio Mauricio Schoklender y emisión de cheques que lo tenían como beneficiario”.

También el juez halló “pagos y transferencias cuyos destinatarios se desempeñaban como funcionarios públicos a nivel nacional y provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas por la FMPM” y “pagos instrumentados a personas físicas a través de cheques por montos inferiores a 50.000 pesos y cuyos beneficiarios se repetían sistemáticamente”.

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Fiesta VIP en Olivos: rechazan pedido de Alberto para cerrar la causa

El mandatario había reclamado que la investigación se archivara por “inexistencia de delito”, pero el magistrado Lino Mirabelli lo desestimó

Durante las últimas horas, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó el planteo del presidente Alberto Fernández para cerrar tempranamente la causa por el “Olivos Gate” por inexistencia de delito.

Por medio de una resolución de 21 páginas, el magistrado dispuso la continuidad de la investigación por violación a las disposiciones de prevención por la pandemia de coronavirus.

Fernández está investigado por la realización en la Quinta de Olivos de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta.

Según consta en la resolución, Mirabelli planteó que “el objeto procesal comprende múltiples hechos hipotéticamente constitutivos prima facie del delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal, entre otras figuras invocadas en las respectivas denuncias, a raíz de presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19″.

“Corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”, señaló el juez.

Dentro del escrito presentado ante la Justicia, el jefe de Estado señaló que “sin perjuicio de que los hechos aquí investigados han tomado dimensión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”, e indicó que “el tiempo de pandemia donde la acción de gobierno se trasladó íntegramente al predio y mi trabajo no tuvo días ni horarios determinados”.

Mirabelli entendió que los argumentos del Jefe de Estado “adolecen de las condiciones necesarias para su procedencia en el caso” para determinar la inexistencia del delito.

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Revés para CFK: un juez de la causa Cuadernos fue designado en Hotesur-Los Sauces

Fue elegido por sorteo por la Cámara Federal de Casación Penal, en lugar del anterior subrogante, Adrián Grunberg, quien finalizó su reemplazo en el Tribunal Oral Federal número cinco el último día de noviembre

Novedades en el ámbito judicial. Uno de los jueces que integra el tribunal oral que se encargará del juicio por la Causa Cuadernos fue designado como subrogante en lo que queda todavía en pie del expediente por la explotación de las empresas hoteleras de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces.

Se trata de Fernando Canero, un ex secretario de la Corte Suprema que fungió también como secretario de un tribunal oral penal ordinario.

Fue designado por sorteo por la Cámara Federal de Casación Penal, en reemplazo del anterior subrogante, Adrián Grunberg, quien finalizó su reemplazo en el Tribunal Oral Federal número cinco el último día de noviembre.

Según detalla el diario Clarín, el lugar sobreseyó a todos los imputados por las causas Los Sauces y Hotesur, pero ese fallo será apelado en las próximas horas y será la propia Cámara de Casación la que deberá resolver si lo confirma o lo revoca. En el caso de revocarlo, deberá volver a la instancia anterior, probablemente con el mandato de realizar el juicio oral.

En esa instancia, ya no podrá estar el otro juez que conformó mayoría con Grunberg, Daniel Obligado, porque él ya opinó que no hubo delito, de modo que emitió una opinión definitiva previa a la eventual celebración del debate. La tercera jueza es Adriana Palliotti, quien falló en contra de la mayoría en Los Sauces y Hotesur y se inclinó por la realización del juicio.

A propósito de Obligado, también fue designado (por sorteo( para subrogar en el Tribunal Oral Federal número seis, en reemplazo de Rodrigo Giménez Uriburu.

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Procesaron a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan

El ex Presidente de la Nación tiene prohibido salir del país y fue embargado por la suma total de 100 millones de pesos.

Tras una decisión del juez Martín Bava, Mauricio Macri quedó procesado en la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a las familias de las víctimas del ARA San Juan, el submarino en el que viajaban 44 tripulantes y que estuvo desaparecido entre noviembre de 2017 y fines del 2018.

“El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez Federal de Dolores en su resolución.

Según Bava, está demostrado que la AFI macrista hizo seguimientos ilegales contra parientes y amigos de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri fue quien los autorizó. Por eso, lo encontró “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.

Además de prohibirle salir del país y embargarlo por la suma de 100 millones de pesos, el magistrado dispuso que Macri no podrá “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. El expresidente tendrá que informarle a Bava, asimismo, “cualquier cambio de domicilio”.

Para quien fue ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.

“Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, (Macri) ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.

Actualmente, el ex mandatario argentino se encuentra en Chile. El juez dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”. La causa ya tenía once procesados, entre los que se encontraban los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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