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Judiciales

Triple crimen y fuga: Víctor Schillaci rompe el silencio y cuenta su verdad

Uno de los condenados dio su versión a la jueza Servini de Cubría de cómo fue el escape del penal, los días posteriores y la supuesta emboscada

Víctor Schillaci fue uno de los que protagonizó la fuga que mantuvo en vilo al país a fines del año pasado y, ahora condenado, dio su versión a la jueza Servini de Cubría, quien investiga el tráfico de efedrina y su relación con el poder político.

Hoy en día se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, alojado en una celda aislada del resto de la población carcelaria y hasta ahora sólo recibió visitas de su pareja, Mónica Silva.

Luego de la difusión de un video que muestra una negociación fallida con el supuesto abogado Antonoio Solivaret, acusado de ser un enviado de Aníbal Fernández para lograr que Martín Lanatta se retracte por haber acusado el ex funcionario de ser el jefe del tráfico de este estupefaciente, la tensión alcanzó su punto máximo.

El portal Perfil accedió a un escrito en el que asegura que dos agentes penitenciarios, según Schillaci, llamados Jorge Bolo y Juan Guevara, intentaron la retractación de los tres condenados y que limpiasen el nombre de Aníbal Fernández, a través de la filmación de un video donde se despegue al ex jefe de gabinete.

La idea era inculpar a la gobernadora Vidal y a Cambiemos de haber pagado para perjudicarlo en su campaña a Gobernador. De no aceptar, serían enviados a un pabellón de presos comunes y asesinados por barras bravas de Quilmes.

Esta grabación se realizaría fuera del penal para que ellos tengan las garantías que iban a cumplir en liberarlos y luego debían desaparecer cada uno por su cuenta.

Para la fuga, Bolo era quien les iba a explicar cómo sería: debían preparar tres armas de madera para reducir al guardia y que él mismo tendría en su poder las llaves del Fiat 128 que estaba en la playa de estacionamiento del penal.

La llave de la celda era la misma que abría todas las demás y la acción debía iniciarse el domingo a las 2 de la madrugada ya que a esa hora César Tolosa, uno de los agentes, se retiraba.

En el camino encontrarían una bomba de extracción de agua donde les dejarían precintos, un celular y un alicate para cortar la malla y abrir la puerta desde adentro con la llave.

“El día domingo 27 a las 2 am comenzó el plan conforme a lo acordado, entra el oficial a hacer el recuento y lo reducimos con el arma de utilería, atándolo y teniendo con esa maniobra las llaves del Fiat y las llaves de las puertas del penal. Fuimos avanzando por los pasillos hasta llegar a la bomba en el túnel, donde efectivamente arriba de la misma encontramos el alicate como el celular y precintos”, señaló en el escrito.

“Intentamos cortar la malla pero fue imposible, por lo que comenzamos a hacer ruido hasta que se acercó un guardia y abrió la puerta. Ese oficial nos dijo que en el mostrador había una agente penitenciaria, que había que reducir”, relató.

Según continúa el informe de Perfil, se trasladaron a la playa de estacionamiento donde se encontraba el auto con el que se dirigieron al puesto donde se encontraba el último guardia, a quien subieron al vehículo.

Atravesaron el portón, llamaron por celular al número que estaba agendado y recibieron instrucciones de ir a un punto de encuentro para cambiarse a una Toyota Hilux con destino a la ruta 205.

Pero no estaban a salvo: “Nos estaban esperando un Ford Focus Azul y un Bora blanco. Detrás nuestro llega un Corolla color champagne, descienden dos personas. Martín reconoce al del Corolla como quien había asesinado a los chicos del Triple Crimen, y dijo que eso era una emboscada, que nos iban a matar. Martín ordena que hay que escapar”.

Allí comenzó una persecución y tiroteo hasta que los perdieron de vista. Schillaci puntualizó que en el Ford Focus había dos gendarmes.

A partir de allí comienza la búsqueda de allegados quienes puedan ayudarlos con dinero, por lo que fueron a la casa de la ex suegra de Cristina Lanatta, donde robaron la camioneta Kangoo, y luego a la quinta de Marcelo “El faraón” Meinek.

Continuando con el relato, agregó: Terminamos en Santa Fe, nos metimos en una tapera y salíamos caminando hasta el centro para comprar comida. Estuvimos 6 o 7 días en esa tapera, comiendo, durmiendo y escuchando las noticias. Una mañana llegan dos grupos de Gendarmería y escapamos corriendo para el costado del campo para llegar a un molino”.

Y añadió: “Escuchamos un tiroteo entre gendarmes y corrimos hasta una Partner blanca, dentro de esta camioneta había dos chalecos, y dos pistolas, también un handy por el cual escuchábamos las radios de Gendarmería”.

Fue allí que tomaron de rehén a un ingeniero y pudieron bañarse, comer y ver las noticias. Luego armaron la camioneta con un plotter de Gendarmería.

“Manejamos por caminos de tierras, con las luces apagadas para no ser detectados, por esta razón volcamos con una zanja y salimos todos lastimados. Comenzamos a caminar por el campo hasta dar con una casa con dos camionetas”.

Luego del accidente y con Martín Lanatta herido, se separaron. Al amanecer, Schillaci y Cristian Lanatta escucharon 5 tiros y pensaron que habían matado a su compañero. Intentaron ocultarse entre los pastizales para evitar ser detectados por el helicóptero que ya sobrevolaba la zona.

Ya cercados, salieron del silo de arroz y se entregaron a las fuerzas de seguridad locales, ya que no confiaban en Gendarmería.

Ahora, con esta versión, la justicia deberá continuar con las investigaciones correspondientes.

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Caso Marcela López: cómo sigue la causa que salpica a los Kirchner en Santa Cruz

Lleva desaparecida hace ya más de 100 días. El suceso judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la ex familia presidencial

Uno de los casos más resonantes del año, en la provincia de Santa Cruz, hasta el momento no tiene desenlace: se trata de la desaparición de Marcela López; no se sabe de ella desde el pasado 22 de mayo.

Hasta el momento, la causa judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la familia Kirchner.

Según detalla el sitio Realpolitik, las decisiones que tomó la magistrada parecieran haber encontrado más interrogantes que respuestas.

Se baraja la hipótesis de un secuestro “por haber visto algo que no debía ver”. El abogado de la familia, Jorge Trevotich, presentó un pendrive con pruebas que apuntarían a ese hecho.

También se pidió la separación de la magistrada por haberse negado a continuar con los allanamientos y por estar vinculada a la ex familia presidencial.

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Denuncian al abogado de Máximo K por abuso de poder y desobediencia a funcionario público

Se trata de Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, quien días atrás había denunciado a un grupo de jueces por haber fallado en su contra; la denuncia contra el abogado de Máximo Kirchner recayó en el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti.

El tiutlar de la Inspección General de Justicia y abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen, fue denunciado esta semana por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y obstrucción a la Justicia.

La causa recayó sobre el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, tras una denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Recordemos que Nissen había denunciado ante el INADI a los jueces de la Sala C de la Cámara Comercial y había pedido su destitución, por haber anulado tres resoluciones suyas que imponían el cupo de género en los directorios de las empresas.

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Por esta decisión, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudiaron a Nissen y consideraron que la medida era un “amedrentamiento”.

¿Cómo escaló el conflicto?

En agosto del año pasado, Nissen ordenó por una resolución administrativa que las sociedades y asociaciones que se inscriban en la IGJ debían incluir en su órgano de administración “una composición que respete la diversidad de género” entre hombres y mujeres. La imposición generó controversias.

La medida fue discutida en la Justicia. Y en su fallo, los jueces Julia Villanueva y Eduardo Machín plantearon que la normativa impuesta por la IGJ “genera el interrogante acerca de si verdaderamente estamos en un ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual de los nombrados debe o no ser relevante”. Los camaristas sostuvieron que “la llamada ‘perspectiva de género’ no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo”. El fallo remarcó que “si bien parece indudable que las ‘acciones positivas’ ya vistas son temperamentos que se encaminan a ese objetivo sobre la base de ‘preferir’ al grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional”.

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Pero el titular de la IGJ no toleró el revés. En una nueva resolución, publicada en el Boletín Oficial, anunció que le iba a iniciar juicio político a los dos jueces por haber anulado su medida.

Nissen, enfrentado a denuncias de acoso

No es la primera vez que Nissen enfrenta incómodas situaciones judiciales. A finales del 2020, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina realizó una presentación para dar a conocer las situaciones que habrían pasado varias mujeres que pretendían cubrir cargos en la IGJ. Según dijeron, Nissen habría tenido con dos de estas mujeres actos lesivos en su contra: ambas relataban haber sido acosadas sexualmente a los efectos y promesas de que si accedían a la solicitud indecorosa, podían ocupar cargos vacantes en dicho organismo.

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En aquel entonces, la Fundación puso en conocimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entonces a cargo de Marcela Losardo.

Las chicas tenían miedo, entonces nosotros le presentamos la denuncia ante la ministra Marcela Lossardo. Nissen. Tiene muchas denuncia de acoso, maltratos y manoseo, al escrito lo presentamos por mesa de entrada, pero pensamos que la doctora Losardo nos llamaría para ratificar personalmente ante ella nuestros dichos, cuestión que esto jamás ocurrió”, resaltó el titular de la Fundación, Fernando Miguez.

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Se empieza a caer la causa penal contra el juez federal de Mendoza Walter Bento

Salieron a la luz falsos testimonios de los arrepentidos en el marco de la investigación plagada de irregularidades y comandada por el fiscal Dante Vega contra el único magistrado con competencia electoral en la provincia cuyana

La causa contra el titular del juzgado federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento, sigue sumando irregularidades. Recientemente, salieron a la luz nuevas contradicciones de los arrepentidos que hacen que la investigación penda de un hilo.

En el marco de esta causa contra el único juez con competencia electoral en Mendoza, el fiscal Dante Vega apostó a convencer con la Ley del Arrepentido a muchos de los imputados de la causa, con el objetivo de que cada uno se acogiera al régimen, declarando en contra de Bento bajo el pacto de obtener a cambio la libertad.

Las pruebas que con el paso del tiempo fueron ingresando al expediente de la causa echan por tierra las declaraciones de dos abogados arrepentidos. Los letrados Martín Ríos y Matías Aramayo aceptaron acuerdos de manera exprés, sin siquiera corroborar datos y al solo efecto de declarar contra Bento.

Martín Ríos fue el primer abogado detenido. En la Justicia aseguran que su error fue elegir como defensor a un amigo de Vega, quien le habría recomendado falsear su testimonio para perjudicar a Bento y recuperar su libertad. Y así fue: la recuperó.

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Sin embargo, el abogado no acompañó sus declaraciones con pruebas y luego, con el paso del tiempo y la recopilación de nuevas pruebas que se sumaron al expediente, se demostró la falsedad de parte de lo pronunciado. Casualmente, las pocas pruebas de descargo que realizó fueron aceptadas por el fiscal Vega en connivencia con el juez Eduardo Puigdéngolas.

Ríos se refirió en una entrevista a una hipotética reunión de la supuesta banda liderada por Bento, que se habría realizado en el Barrio Privado Palmares. Sin embargo, las constancias remitidas por la empresa de seguridad del lugar constatan que en los posibles días en los cuales pudo haberse llevado a cabo la reunión ninguno de los supuestos concurrentes ingresó al barrio. Además, contrastados los ingresos, no coincide con ninguno de los concurrentes mencionados.

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Tampoco salió del barrio el hoy difunto ex corredor de aduanas Diego Aliaga a buscar a Ríos, quien había dicho que lo hicieron ingresar al lugar por no llevar carnet de conducir. Asimismo, Ríos dijo haber visto a Bento en un vehículo Volkswagen Amarok gris, cuando para esa fecha tenía una camioneta blanca.

Finalmente, durante la investigación, fue solicitado que se corroboraran las ubicaciones de los teléfonos celulares de los involucrados, pero el fiscal rechazó el pedido de manera llamativa.

Estas contradicciones flaquean la investigación, que comienza acumular tropiezos.

Por otra parte, el segundo abogado arrepentido es Matías Aramayo, quien designó al mismo abogado defensor que Ríos y, al igual que lo sucedido con él, citó dichos incomprobables, incluso dichos de personas que están muertas.

Pese a ello, al igual que Ríos, Aramayo recuperó su libertad.

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