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Judiciales

Jueza le pone tope al tarifazo de gas

Una jueza federal mendocina puso un tope a los aumentos del gas este año, indicando que los aumentos no podrán siquiera llegar al 100% de la tarifa

Una jueza federal de Mendoza aceptó un amparo presentado por la ONG de defensa de consumidos Protectora, y puso un tope del 80% a los aumentos en la tarifa de gas, que estará en vigencia por tres meses.

La jueza Olga Pura Arrabal confirmó mediante su resolución judicial que Ecogás no podrá facturar más del 80% de aumento respecto al mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, Energás (Ente Nacional Regulador  del Gas) tendrá 60 días para elaborar un cuadro tarifario acorde a las particularidades climáticas de la provincia. La resolución de la titular del Juzgado Federal de Mendoza Nº 2, indica: “Disponer la suspensión interina de la Resolución ENARGAS I/3730, por un lapso improrrogable de tres meses desde el dictado de la presente, sin perjuicio de autorizar a la Autoridad de Aplicación para que implemente aumentos de las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de la Resolución ENARGAS I/3730, hasta un tope del 80% del monto que se está pagando por factura”.

La resolución también agrega: “Emplazar a Enargás a realizar un cuadro tarifario diferencial para la Provincia de Mendoza, que tenga en cuenta las implicancias climáticas que la afectan, similar al practicado para la Provincia de La Pampa, dentro del plazo de sesenta (60) días”.

El amparo fue presentado hace un mes y esta no es la primera vez que triunfan en este aspecto. La organización también mantuvo paralizado el aumento del 2014, con el argumento que para Mendoza, una provincia desértica donde la amplitud térmica es muy marcada entre invierno y verano, había sido considerada por el gobierno anterior como un distrito cálido. Justamente Arrabal fue la que aceptó el ampara que mantuvo las tarifas a valores del 2013. Ahora la historia se repite.

Por la ONG, Mario Vadillo indicó: “Por suerte salió a favor, la Justicia ordenó que por tres meses se suspende la aplicación del incremento”.

En los últimos días, usuarios mendocinos habían comenzado a recibir la factura del gas con incrementos promedios del 400% con máximas de 700%. Esto hizo que varios intendentes realizaran planteos al Gobierno provincial, y a su vez, éste llevó la inquietud al Ministerio de Energía de la Nación.

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Narcotráfico: Servini acusó a Soria y Garrigós de Rébori de ser “cómplices”

El ministro de Justicia y la directora del Servicio Penitenciario Federal María Laura Garrigós de Rébori fueron acusados por la magistrada federal en el marco de una causa iniciada por sospechas de venta de drogas

Novedades desde el mundo judicial: María Servini denunció penalmente al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la directora del Servicio Penitenciario Federal, la dirigente de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori por obstruir el avance de una investigación de narcotráfico en el penal de Devoto.

Además, la jueza federal los acusó de actuar como “cómplices” de los delincuentes que manejan el negocio desde la cárcel.

Según indica la periodista Lucía Salinas en Clarín, la protagonista asegura que “solo se encontró con impedimentos” a la hora de avanzar en una investigación sobre el manejo de los narcos dentro de los penales federales que dependen de Garrigós de Rébori.

Martín Soria

La investigación que derivó en la denuncia contra los funcionarios arrancó en marzo del año pasado cuando la jueza pidió que el Departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal realice “discretas tareas investigativas a fin de corroborar si en la cárcel de Devoto se estarían llevando a cabo maniobras de comercialización de estupefacientes”.

María Laura Garrigós de Rébori

El espacio mencionado fue disuelto por Garrigós de Rébori en junio de 2020. En el escrito a Servini la funcionaria K explicó que a la fecha “no se había creado una División que la suplantara o contara con las facultades legales y/o reglamentarias para dar cumplimiento a lo solicitado”.

“No vemos ninguna gestión”: Lorenzetti apuntó contra Martín Soria por falta de diálogo

Esta decisión la tomó el gobierno de Alberto Fernández después de denunciar a la gestión macrista por el presunto uso de ese departamento para realizar espionaje ilegal de empresarios, dirigentes y ex funcionarios K detenidos por corrupción.

Martín Soria acusó a la Corte Suprema de “extorsionar” al Gobierno nacional

 

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La fiscal Cecilia Goyeneche acude a la Corte Suprema para no ser destituida tras investigar a Urribarri

La funcionaria había reconocido que el Jury de Enjuiciamiento va a desplazarla de su cargo en las próximas horas. Vinculó la embestida en su contra a que investigó “a los poderosos cuando tenían poder”

La fiscal entrerriana Cecilia Goyeneche le pidió a la Corte Suprema su “urgente intervención” para evitar ser destituida de su cargo por el Jury de Enjuiciamiento que la colocó en el banquillo de los acusados. La solicitud se hizo a través de un escrito que presentó ante el máximo tribunal.

“Mediante esta presentación directa ante V.E. vengo a requerir vuestra urgente intervención a fin de evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, solicitando, por las razones que seguidamente se expondrán, que disponga con carácter urgente -y habilitación de días y horas inhábiles- la suspensión de la tramitación del proceso de enjuiciamiento que se lleva en mi contra y tramita ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos”, expresaron los abogados que representan a la fiscal.

En el escrito, la defensa de Goyeneche advirtió que “la decisión final del Jury por la que se me destituirá de mi cargo es inminente. Tal como surge de diversas publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación de alcance local y nacional, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva mi destitución”.

“Todo ello, pese a que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (del miércoles pasado) no se encuentra firme, pues por el modo en que aquél decidió, sin tratar el fondo, apartándose de lo resuelto por la Corte, y rechazando por “inadmisible” mi acción, habilita a proceder inmediatamente a mi destitución sin que se haya hecho efectivo “mi día en la Corte”, esto es, sin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento”, prosiguió el escrito.

El argumento de los letrados de Goyeneche destaca que la resolución del Superior Tribunal entrerriano “le dará al propio tribunal la oportunidad para afirmar falaz y erróneamente que, una vez que el Jury haya hecho efectiva mi destitución (lo cual es inminente), se habrá tornado “abstracto” un pronunciamiento sobre el fondo en la acción de amparo, impidiendo a la suscripta acceder a una tutela judicial oportuna y efectiva, en los términos de la sentencia” de la Corte nacional.

La fiscal anticorrupción destacó que el suyo sería “un caso de gravedad institucional que justifica la intervención directa” de la Corte, ya que el Poder Judicial provincial resolvió “la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad, pues está involucrado el adecuado funcionamiento del sistema de remoción de magistrados, lo que compromete el aseguramiento de la administración de justicia independiente e imparcial que la Provincia de Entre Ríos debe asegurar”.

La presunción de la fiscal de su posible salida ya había sido manifestada anteriormente a emitirse el expreso pedido a la Corte. “No porque tenga un pálpito definitivo, sino porque lo han demostrado hace ya meses y sé que esto va a terminar así”, había argumentado en Radioinforme 3.

En ese sentido, expresaba: “Mi primer pecado fue generar el debate que desencadenó el juicio contra Uribarri“. Y agregaba: “Por una sentencia que salió el día de ayer (por este miércoles), en pleno feriado, se decidió no hacer caso al la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la nación, que establecía que debían tratar el amparo que yo había interpuesto planteando la ilegalidad de mi jury”.

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La fiscal fue suspendida de su cargo en diciembre. “Luego recusé a varios de los jurados por su manifiesta parcialidad. Tenían una tendencia a destituirme como parte de un plan de impunidad de la provincia”, aseveró.

Vale recordar que el jury se le impone a Goyeneche argumentando que entre los investigados en los hechos de corrupción aparecía un amigo de su esposo.

“Lo que se viene es la destitución. Nosotros investigamos a los poderosos cuando tenían poder”, aseguró en diálogo con Infobae.

Un nuevo dolor de cabeza para Maqueda: investigan su rol en un fallo clave

En medio del feriado por el Censo Nacional, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por la procuradora Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el Jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc.

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Un nuevo dolor de cabeza para Maqueda: investigan su rol en un fallo clave

En las últimas semanas, se reavivaron las sospechas alrededor del rol que tuvo el cortesano en la demanda que Nación que le realizó a la provincia de Córdoba por un impuesto vial que había creado

Una década atrás, en 2012, cuando José Manuel de la Sota era gobernador de Córdoba y Cristina Fernández de Kirchner oficiaba de Presidenta, Nación avanzó con una denuncia contra un impuesto interno que había lanzado la provincia, con el fin de recaudar por cada carga de combustible que se hiciera en su territorio.

La causa llegó a los escritorios de la Corte Suprema en 2012, y recién en 2016 fue declarada abstracta, frustrando así los reclamos de Nación.

Pero ¿qué pasó entre 2012 y 2016, tratándose de un juicio tan relevante?

Córdoba había dictado la ley 10.081 a través de la cual creaba una tasa sobre los combustibles líquidos y gas natural comprimido. La ley indicaba que se creara la “Tasa Vial Provincial”, destinada a “retribuir la prestación de los servicios que demande mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley N° 8555, la que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de consumir o adquirir cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la provincia de Córdoba”.

De esa manera, creaba un impuesto que le generaba cuantiosos fondos a la Provincia. Ese impuesto era, a la vista de los constitucionalistas, ilegal, ya que las provincias no pueden crear gravámenes, además de afectar directamente el funcionamiento del sector empresario. En aquél entonces fue un verdadero escándalo.

Ante este escenario, el Gobierno Nacional inició un juicio ante la jurisdicción originaria de la Corte, pidiendo que se declarar inconstitucional al impuesto, ya que el mismo violaba la coparticipación federal.

El expediente en la Corte tenía el número 291/2012 y los abogados del Estado Nacional eran Sergio Acevedo y Ricardo Yamone; mientras que del lado de la provincia estaba Alberto García Lema. La demanda se inició en noviembre del 2012 y el 17 de diciembre de ese año se pidió una medida cautelar para que se suspendiera el cobro del impuesto.

Los registros públicos aún dan fe de que la causa circuló por los despachos de los jueces de la Corte. En aquel momento, los entonces jueces Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carlos Fayt suscribieron la propuesta de suspender la aplicación de esa tasa. Si bien Lorenzetti no firmaba, había mayoría para suspender el impuesto cordobés. Sin embargo, lo que parecía salir cómodamente, terminó dilatándose por un pedido de Juan Carlos Maqueda, quien pidió la causa y la retuvo durante más de un año en su despacho.

Durante el 2013, 2014 y 2015, el expediente fue demorado -la vocalía de Maqueda lo tuvo durante el 2014 y 2015- y, finalmente, en julio del 2016 se declaró abstracto porque la tasa fue derogada, ya que se había logrado un principio de acuerdo entre Córdoba y Nación, con Mauricio Macri ya en el Ejecutivo. “Maqueda paró el expediente hasta que cambió el Gobierno Nacional”, recuerdan quienes estuvieron en los pasillos de Tribunales en aquel entonces.

Otras fuentes consultada por este medio, dan un paso más y acusan: “La suspensión de la cautelar por influencia de Maqueda es un hecho incuestionable”. Esta información la corroboran tanto jueces consultados por el tema, como el equipo que participó en la defensa de la postura del Estado Nacional.

Pero en los pasillos de Tribunales comenzó a circular una versión que complica el futuro del cortesano apuntado: “Hay un señor que sólo maneja la mano izquierda, de origen cordobés, que visitaba permanentemente a Maqueda por esos años y, cada mes, se aseguraba que la causa siguiera siendo dilatada”.

Los comentarios dejaron de ser por lo bajo, y en la Corte miran con preocupación los movimientos de las últimas semanas, que incluyen búsquedas concretas de pruebas para avanzar en una denuncia formal contra el juez Maqueda.

“Hay abogados empujando el tema”, reconocieron a este medio.

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