Diego Barroetaveña es juez de la Cámara de Casación Penal e integra el Consejo de la Magistratura; además, forma parte de la Asociación de Magistrados y mantiene fuertes vinculaciones con el radicalismo.

Quienes lo tratan con regularidad, coinciden en que el juez ha tomado demasiados cargos y compromisos que le han traído aparejado problemas y rispideces que al día de hoy ponen en riesgo su estabilidad en la Cámara.

Uno de los problemas que ha despertado comentarios entre los suyos fue su negativa a apoyar la renovación del mandato del Juez Eduardo Riggi, quien cumple 75 años en febrero próximo y solicitó que le den un nuevo acuerdo. Riggi es un juez que tiene una extensa y prestigiosa carrera en los tribunales, ha sido presidente de la Cámara de Casación y es respetado en el mundo judicial. Por eso todos sus colegas firmaron en apoyo de esa renovación del mandato; todos menos Barroetaveña.

El argumento de Diego Barroetaveña fue que debía excusarse porque es Consejero de la Magistratura y no corresponde que opine sobre la situación de un Juez. Esta argumentación terminó generando recriminaciones de toda la Cámara contra el “doble estándar” de Barroetaveña. “No puede opinar sobre el juez Riggi, pero no se excusa cuando tiene que opinar sobre el Juez Rosatti”, chicaneó ante este medio un integrante de Casación.

Otra fuente de Casación, consultada con regularidad por este medio, volvió a mencionar un supuesto contrato que le habría entregado el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a Barroetaveña: “No sólo no se excusa, sino que negoció opinar a favor a cambio de contratos para la sala que integra”.

El tema oportunamente fue denunciado por este medio. Recordemos que Rosatti tiene una investigación en curso tras ser denunciado en Santa Fe porque un chofer suyo reconoció que le llevó con regularidad dinero en un sobre a su casa, cuando era intendente. La causa cayó en manos del Juez Federal Reinaldo Rodríguez de Santa Fe, pero Rosatti lo recusó, argumentando que tenía problemas, no con él, sino con su hijo. La recusación, a simple vista, parecía ser improcedente, y así lo decidió Rodríguez, pero Rosatti apeló a la Cámara Federal de Rosario, que terminó por rechazar esa recusación. No conforme con esos dos fallos adversos, Rosatti apeló entonces a la Cámara de Casación Federal, y Barroetaveña, junto a Daniel Petrone, le hicieron lugar.

Como consecuencia de esa extraña decisión, la causa salió del juzgado de Rodríguez y fue a parar a otro Juez, de Rosario. Rosatti también lo recusó al juez rosarino y apelo nuevamente a Casación. El tema llegó nuevamente a la sala de Barroetaveña, quien no sólo no se excusó, sino que abrió nuevamente el recurso, presuntamente para hacerle lugar.

Aquí es donde comienzan las acusaciones cruzadas en Casación: si bien aún no se tomó una decisión, en el ínterin esa sala recibió contratos otorgados por Rosatti, según coinciden dos fuentes consultadas por NEXOFIN.

En Casación consideran que la actitud de Rosatti y este presunto contrato en favor de la sala que debe decidir sobre el futuro de la causa que lo incomoda es una muestra del comportamiento del titular del Máximo Tribunal. “No sólo es un escándalo, sino que demuestra que está dispuesto a todo con tal de no ser investigado, es un mal ejemplo que termina dando la Justicia”, opinó un magistrado ante la consulta de este medio.

Alberto Fernández sorprendió este lunes con un discurso brindado a través de cadena nacional. El argumento del mismo se centró en denunciar un viaje que habrían realizado jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año.

En sus declaraciones hizo alusión a la publicación que realizó Página 12 sobre el caso, en el que se asegura que los implicados buscaron coordinar una versión pública sobre los motivos del vuelo. Esta versión surge a partir de la filtración de supuestos chats que habrían mantenido a través de la plataforma Telegram.

Entre los apuntados, figura el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de quien se desprenden las conversaciones a partir de un presunto hackeo que habría sufrido a su celular. En las mismas, se hace referencia a falsificar facturas de servicios turísticos para justificar su presencia en la provincia de Río Negro.

El jefe de Estado instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse las acciones penales correspondientes para determinar si se cometió algún delito. Según la visión de Fernández, podrían ser denunciados por “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Alberto Fernández en cadena nacional

El discurso de Alberto Fernández en cadena nacional

“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, aseguró Alberto Fernández en el mensaje grabado que difundió esta tarde a través de cadena nacional.

“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, agregó.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, analizó.

En ese sentido, el primer mandatario afirmó que “todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”.

Y cerró: “Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.

Su discurso se da en la antesala de que se conozca el fallo de la causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como una de las principales imputadas.

A un día de que se conozca el veredicto del juicio que tiene a Cristina Kirchner como una de las principales imputadas, sus militantes se movilizaron en su defensa hacia Comodoro Py, liderados por Juan Grabois.

El dirigente gremial se acercó hacia los tribunales de Retiro y montó una “parodia futbolística” en la que simuló un partido entre dos equipos: uno que representaba a la vicepresidenta y otro a quienes la juzgan.

En uno de los bandos se encontraban “Los Mufas”, donde aparecían jugadores que personificaban a distintos políticos del arco opositor. Entre ellos, Mauricio Macri (que era el capitán); el fiscal Diego Luciani; Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño); los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu (del tribunal que dictará mañana el fallo contra Cristina), Julián Ercolini y Leopoldo Bruglia, y el directivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo.

En el otro combinado, llamado “Selección Argentina”, se personificaba a Cristina Kirchner como capitana y lo completaban representantes de “campesinos; educadores en dupla con los trabajadores informales; gremios; economía popular y transfeminismo”.

Además, se incluyó un árbitro que favorecía a “Los Mufas”, que estaban alentados por una “hinchada del Liverpool” (nombre del equipo en el que jugó el fiscal Luciani en un torneo en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri).

“Durante todo el partido, el árbitro corrupto jugó para el equipo de Liverpool, pero al final, cuando la Justicia estaba por ser robada, la hinchada argentina se metió en la cancha y el partido se suspendió”, informó el Frente Patria Grande en un comunicado de prensa.

Grabois, miembro y líder de ese espacio político, aseguró que se trató de “una forma de resistir a partir de la protesta, el arte, la organización, las formas democráticas”. Además, cuestionó a la Justicia: “Te pueden no gustar Cristina, [María Eugenia] Vidal o [Javier] Milei, pero a ellos la gente los vota, los conoce, ¿Quién conoce la cara de Ercolini?”.