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Política

“Trabas de la Argentina son una agresión directa a Uruguay”

Luis Almagro, ministro de Relaciones Exteriores del país oriental, realizó duras declaraciones en relación al conflicto entre ambos países, y señaló que obstáculos a los puertos “no respetan las normativas de integración entre los dos países”

Luis Almagro, canciller uruguayo realizó declaraciones este jueves en relación al conflicto entre los países limítrofes. Sostuvo que el gobierno de José Mujica ha venido “gambeteando” las trabas de la Argentina a su país, que “discriminan exclusivamente a los prestadores de servicios uruguayos, perjudicando además a los exportadores argentinos”.  [pullquote position=”right”]”Trabas de la Argentina son una agresión directa a Uruguay”.[/pullquote]

Durante una reunión en la Comisión Permanente, el ministro informó sobre distintas medidas que adoptó el Poder Ejecutivo para paliar el preocupante deterioro económico en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, según consigna el periódico El País de Uruguay.

De acuerdo con Almagro, “Uruguay ha dado prioridad al tema puertos y navegación por encima de los demás en la relación con la Argentina”. También señaló que el Gobierno “nunca” descartó planteos ante la Organización Mundial del Comercio por los obstáculos del país vecino. “No se están respetando las normativas sobre integración entre los dos países (…) “Hay un impacto económico evidente. Esto afecta directamente la idea de que los puertos uruguayos tienen que cumplir un papel para la región”, agregó.

Recordemos que la tensión se originó cuando, en octubre pasado, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables argentina dispuso que las cargas de exportación originadas en puertos locales “únicamente sean transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puestos de los Estados parte del Mercosur y sus asociados que mantengan acuerdos vigentes de transporte marítimo de cargas con la Argentina”, lo que excluye a Uruguay.

Política

Olivosgate | El fiscal que admitió la donación de Alberto Fernández explicó: “No tiene menos derechos que el resto de las personas”

Fernando Domínguez dio los motivos por los que se aceptó el sobreseimiento del Presidente.

El fiscal federal Fernando Domínguez aceptó la donación de $1.6 millones ofrecida por el presidente Alberto Fernández para cerrar la causa por la fiesta en Olivos. También fue aceptado el acuerdo económico propuesto por la primera dama, Fabiola Yáñez.

“Frente al Derecho Penal, el Dr. Alberto Angel Fernández no tiene menos derechos que el resto de las personas por ser presidente de la Nación”, argumentó Fernando Domínguez. Además también se aceptaron las donaciones de otros tres imputados en la misma causa: Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso.

El dictamen firmado por el fiscal señala: “No se juzga la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de una pandemia. Se evalúa en esta causa la realización de una conducta antinormativa. La responsabilidad es personal por el hecho, y el reproche no es moral, ni ético, ni político; es un reproche jurídico por un hecho antijurídico”.

Fiesta VIP en Olivos: la fiscalía también aceptó el acuerdo económico de Fabiola Yáñez

El texto remarca que “el monto ofrecido en concepto de reparación cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención en UCI con ARM con pacientes con COVID-19, o un total de cuarenta días de internación en modulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″.

Fernando Domínguez  propuso que el dinero vaya a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán. “No es para que el Malbrán compre un respirador o solvente una internación, puede aplicarlo a sus tareas”, aclaró una fuente judicial.

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Política

Lacalle Pou marcó las diferencias entre Argentina y Uruguay: “Los uruguayos no permiten excesos a sus políticos”

El presidente uruguayo agregó que en su país “los gobiernos empiezan y terminan”.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, participó en el ciclo de charlas “Democracia y Desarrollo” organizado por Clarín en el Malba. El mandatario uruguayo enumeró las principales diferencias entre su país y la Argentina.

Lacalle Pou expresó: “Primero, en Uruguay después de la dictadura los gobiernos empiezan y terminan. Segundo es que las transiciones son muy civilizadas, apenas se conoce quién gano la elección empiezan los equipos a ver cómo se recibe el país, y tercero es que hay un respeto irrestricto a la separación de poderes“.

“No se espera que un miembro del Ejecutivo opine del Poder Judicial, ni que el Judicial opine del Ejecutivo, obviamente la interacción lógica. Y cuarto es que hay políticas nacionales que se continúan“, agregó el presidente uruguayo.

Lacalle Pou se reúne con Boris Johnson y analiza habilitar vuelos a Malvinas

Otro de los puntos fundamentales que remarcó Luis Lacalle Pou fue que “los uruguayos no permiten excesos a sus políticos, son muy duros y contundentes electorálmente y en la critica”. También indicó que tienen discusiones y diferencias pero “la sangre no llega al río”.

“Las discusiones son firmes, duras, pero hay que cuidar cada momento, porque la foto más grande se constituye de momentos y sobre todo cuando estás en el Gobierno. Hay que aprender a ganar. El que está arriba debe inclinarse hacia el que está abajo y el diálogo desde el Ejecutivo y el oficialismo es importantísimo con los otros partidos y las fuerzas sociales, hasta para no ponernos de acuerdo”, concluyó el mandatario uruguayo.

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Sindical

Causa Camioneros: dictaron prisión preventiva para los sindicalistas pero les otorgaron arresto domiciliario

Se trata de Cabaleyro y Espíndola, acusados de extorsión a una empresa alimenticia del interior bonaerense.

La Justicia dictaminó la prisión preventiva para dos referentes del Sindicato de Choferes de Camiones, que dirige Hugo Moyano, por el bloqueo a una planta distribuidora de alimentos en la localidad bonaerense de San Pedro.

Se trata del delegado regional del gremio, Maximiliano Cabaleyro y el concejal del Frente de Todos, Fernando Espíndola, también representante de Camioneros. Ambos se encuentran detenidos, desde febrero de este año, tras protagonizar una violenta protesta.

El juez de la causa determinó que ambos permanecer detenidos mientras se lleva a cabo el proceso que los llevará a juicio, al menos por los próximos ocho meses, plazo en el que recién podrán revisar la medida.

Sin embargo, el abogado Mauricio Gugger, que defiende a ambos imputados por extorsión y coacción, logró que se los beneficie con arresto domiciliario, por lo que los dos sindicalistas permanecerán detenidos pero en sus viviendas, con pulsera electrónica y bajo la tutela de sus esposas.

Esta medida despertó el enojo por parte de la querella, en ese sentido la abogada Florencia Arietto que representa al Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), anunció que apelará la decisión de beneficiarlos con el arresto domiciliario y destacó que la prisión preventiva era inevitable por la gran cantidad de pruebas que constan en la causa.

Durante la audiencia, el defensor de los sindicalistas había pedido la libertad, que fue denegada, por lo que rápidamente solicitó el arresto domiciliario, argumentando que por el mal “estado de los establecimientos carcelarios”, los acusados se ven en situación de vulnerabilidad por no gozar de “salud plena”.

Cabe destacar que Cabaleyro dijo ser un adicto en recuperación, que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína. Además señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía solo cuando su familia le llevaba alimentos.

Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.

El origen de la denuncia

El hecho por el que se encuentran acusados los sindicalistas cercanos a Hugo Moyano, se originó en febrero de 2021, cuando la empresa de alimentos “Rey Distribución” denunció a los gremialistas de Camioneros, Cabaleyro y Espíndola y a algunos empleados de la firma, por un supuesto “pedido de coimas” a cambio de que puedan “trabajar tranquilos”.

La situación se agravó cuando se generó una protesta en la fábrica, que el sindicato atribuyó a irregularidades en las condiciones de trabajo de los empleados, aquí es donde entra Moyano quien viajó al interior bonaerense para respaldar la medida de fuerza y acusó al Intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, de provocar estas acciones.

Finalmente, todo terminó en la Justicia cuando el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), que representa Florencia Arietto, acusó a los manifestantes por “extorsión”, ya que impedían a los camiones salir a trabajar.

Por dicha razón, el magistrado a cargo de la imputación, dispuso la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa o testigo vinculado. Además abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación a Rey Distribución.

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