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Política

Una universidad devolverá $ 5,1 millones que la ex Afsca le había dado por un insólito motivo

Es la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuyo rector anterior integró el directorio de la autoridad de aplicación de la ley de medios hasta la intervención de ese organismo. Te mostramos los convenios con otras instituciones

Insólita historia. El sociólogo kirchnerista Eduardo Rinesi fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) entre 2010 y 2014. Este último año, cuando aún lideraba la casa de estudios, se integró al directorio de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Según indica el diario La Nación, en este último asiento fue designado el 19 de mayo de 2014 por la entonces presidenta Cristina Kirchner como representante de las universidades nacionales.

En ese puesto reemplazó a Eduardo Seminara, quien a su vez renunció a la Afsca para asumir como diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV) en reemplazo del fallecido Jorge Obeid.

Con Rinesi en el directorio de la Afsca, ese organismo firmó con la UNGS un convenio marco de cooperación en comunicación audiovisual por un monto total de $ 5.187.000.

La cláusula primera de ese convenio, firmado por la sucesora de Rinesi, Gabriela Diker, fijó el objeto de la iniciativa: “desarrollar un plan de trabajo a través de un programa de formación en comunicación popular para responsables y referentes de la comunicación en organizaciones sociales, destinado a fortalecer el área comunicacional, las capacidades en producción, gestión y promoción de la comunicación popular”.

El convenio se publicó en el Boletín Oficial del 28 de julio de 2015.

Rinesi tenía una relación estrecha con el ex presidente de la Afsca, Martín Sabbatella.

“Nos une con Eduardo el afecto y una relación personal de muchos años, además de la convicción de ponerle el cuerpo a la enorme transformación que vive el país desde mayo de 2003”, dijo Sabbatella a la agencia Télam el 19 de mayo de 2014, día en que se publicó en el Boletín Oficial la designación de Rinesi.

El entonces todavía rector de la UNGS fue propuesto por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca), una suerte de encuentro de voceros de gobernadores presidido entonces por Pedro Báez, mano derecha del entonces mandatario entrerriano Sergio Urribarri.

La puesta en marcha de ese plan se demoró, el cronograma debió revisarse, llegó el cambio de gobierno, la intervención de la Afsca y su posterior disolución y un limbo en el que quedaron los $ 5 millones (que fueron transferidos a la UNGS el 18 de noviembre de 2015).

Por eso, el 22 de febrero de este año, la rectora Diker envió una nota al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la que ponía a “su disposición los fondos correspondientes al financiamiento del proyecto” y decía quedar a la espera de la “indicación de los pasos a seguir para proceder a su devolución en caso de que se decida no continuar con la línea de trabajo”.

Tras aquella nota, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que encabeza Miguel de Godoy, envió a la UNGS una carta documento intimando a presentar “la rendición de gastos e informe de resultados” del convenio”.

Ademas, al menos cinco universidades firmaron convenios económicos con la Afsca y la UNGS es la que más recursos obtuvo por esa vía (los mismos fondos que ahora serán devueltos).

También lograron acuerdos similares la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCaus), de Presidencia Roque Saéz Peña.

La UTN, a través de su rectorado, recibió un total de $ 3.016.112 estipulados en los convenios 934 de asistencia técnica con la Afsca -de 2013 a 2015- y otros 746.000 para el armado de “un sistema informático de registro único”.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuya decana es la dirigente kirchnerista y concejal platense Florencia Saintout, recibió $ 2.996.250.

En este convenio, del que participó también el Ministerio de Desarrollo Social, representado por el entonces viceministro Carlos Castagneto -hombre de La Plata que buscó sin éxito una candidatura provincial de la mano de Alicia Kirchner-, el objeto fue “desarrollar un programa de formación ‘Ellas hacen, ellas dicen’ en comunicación popular, con el fin de fortalecer capacidades técnicas para desarrollar acciones de comunicación en cooperativas”

Por otro lado, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA recibió $ 2.892.000 para los primeros años de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual que dura dos años y se dicta en esa casa de estudios (y cuyo costo total asciende a $ 53.700 para estudiantes que no tengan vínculo con universidades estatales).

El director de la maestría es Damián Loreti, autor del proyecto original de la ley de medios de 2009. Entre los profesores de esta maestría -de la que participan varias facultades de la UBA- figuraba hasta este año el abogado especializado en telecomunicaciones y actual vicepresidente de Arsat Henoch Aguiar.

El que sí sigue como docente es el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que integra actualmente la comisión redactora del anteproyecto de ley de comunicación que impulsará el gobierno del presidente Mauricio Macri.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), creada en 2007 gracias a un proyecto de ley presentado por el entonces senador Jorge Milton Capitanich, ex gobernador de esa provincia, ex jefe de gabinete y actual intendente de Resistencia, también firmó un convenio de cooperación con la ex Afsca.

La Uncaus, cuya sede principal está en Roque Sáenz Peña, la ciudad natal de Capitanich, fue contratada para realizar una auditoría de medios, una simple fiscalización que podría haber hecho la delegación del ente en esa provincia según el análisis realizado en el Enacom.

A propuesta del Cofeca y en representación de las provincias, Capitanich integró el directorio de la ex Afsca hasta 2013, cuando asumió en la jefatura de gabinete. Pero en su asiento quedó Néstor Avalle, su ex vocero y hombre de su confianza. El rector actual de la Uncaus es Omar Judis, que ocupó varios cargos de la mano de Capitanich -fue ministro de obras de Chaco y secretario de Ambiente de la Nación-.

Política

Grave denuncia contra Gerardo Zamora por secuestrar y torturar a un político opositor y su esposa

El ex intendente de La Banda Eduardo Chabay Ruiz dio una extensa entrevista en la que cuenta la persecución política, orquestada por el gobernador Zamora, que vive en Santiago del Estero

En una entrevista, el político opositor Eduardo Chabay Ruiz denunció que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ordenó secuestrar y torturarlo a él y a su esposa Anahí con el objetivo de retirarlo de la carrera política.

El ex intendente de La Banda, aseguró que las hostilidades contra su persona comenzaron en diciembre de 2014 cuando, de regreso a su provincia desde Buenos Aires, tres policía se comunicaron con él para advertirlo sobre lo que le esperaba en Santiago del Estero: “Hacete humo, Eduardo, te quieren matar”. Incluso uno de ellos fue más contundente en su pedido ara que no vuelva, “me dieron orden de que te mate”.

No habiendo hecho caso a la advertencia, Chabay Ruiz asegura que cinco patrulleros lo fueron a buscar a su casa ubicada en la Ruta 5. Consultado por el entrevistador acerca de la razón por la que estaban en la puerta de su vivienda, no dudo en responder: “Había orden del gobernador Zamora de matarme para sacarme del ruedo político”. Como, afortunadamente logró escapar, inmediatamente se le labró una orden de detención, pese a que tenía fueros, a raíz de trece causas que le habían armado. En adición intentaron por todos los medios embargarlo y quitarle sus bienes para dejarlo sin posibilidad de continuar en la política.

Ante la imposiblidad de ver a su hija, su esposa, Anahí optó por volver a Santiago del Estero y desde ese momento vivió una incesante persecución por parte de las fuerzas de Zamora: “sentía que nos seguían y nos sacaban fotos”, aseguró. Las sospechas se materializaron cuando un día volviendo del supermercado la policía la detuvo en la puerta de su casa, pese a que no tenía orden de detención: “esperamos cuarenta minutos adentro del auto hasta que llegó la orden”, destacó.

Ya en la comisaría, en ningún le aseguran por que la detienen, hasta que llegan dos mujeres a golpearla incesantemente mientras le preguntaban por el paradero de su esposo. Y agregó un dato escalofriante: “se notaba que no era la primera vez que lo hacían”. Como con la golpiza no lograron que hablara, la tortura escaló al entrar un hombre que le puso una bolsa en la cabeza “dos o tres veces”. El fin era el mismo, que diera información de su esposo. Tras una hora de tortura con “golpes y bolsas” ingresa otro policía, esta vez “por las buenas”, según afirma, para que les diga donde estaba escondido Chabay Ruiz.

Anahí también denunció el silencio de todos los medios de comunicación que alteraban la información para defender al Gobierno de Zamora y ensuciar al matrimonio. A su vez, agregó que su control de todos los poderes es absoluto ya que, pese a que se realizó la denuncia en la justicia por lo ocurrido, “el expediente no avanzó”.

El domingo cuatro de enero de 2015 finalmente, la Policía Bonaerense irrumpe en la quinta donde se encontraba escondido en un “brutal allanamiento” con uniformados de Santiago del Estero esperando en la puerta ya que no tenían jurisdicción allí. Según denuncia, los policías estaban dispuestos a matarlo ahí mismo, ya que uno de los policías había desenfundado el arma, pero se salvó porque la mujer de la pareja que lo hospedaba era funcionaria judicial.

Tras detenerlo fue trasladado a Santiago, privado de su libertad, pese a que tenía fueros. En paralelo Chabay Ruiz había presentado un recurso ante la Corte Suprema para hacer valer sus fueros, por lo que Zamora buscó acelerar las causas con un juicio abreviado y que si no aceptaba esto iban a matar a los hijos y después a él. Todo esto transcurría con un dato curioso que revela el armado de las causas y la intencionalidad con que se hicieron: la abogada defensora otorgada por el Estados es hoy funcionaria del zamorismo.

Finalmente el 18 de febrero Chabay Ruiz tras declararse culpable en un juicio abreviado por abuso sexual, deja la cárcel. Sin embargo, un dato más revela la complicidad de Gerardo Zamora: el oficial que coordino el secuestro y la tortura de Anahí fue ascendido como “premio”.

Sobre la causa en la que se declaró culpable, el político afirma que todas las medidas de prueba pedidas por la Justicia revelaron que no hubo abuso.

 

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Política

El Frente de Todos cerró la campaña de las PASO en el microestadio de Tecnópolis pagando un tercio del costo habitual

La información surge de un pedido de acceso a la información pública; qué respuesta dio el ministerio de Cultura

Tres días antes de sufrir una dura derrota electoral en las PASO, el 9 de septiembre el Frente de Todos cerró su campaña con un acto en el microestadio de Tecnópolis con una gran polémica luego de que se conociera que el oficialismo pagó por el uso de dichas instalaciones un tercio de su valor real.

La información surge a raíz de un un pedido de acceso a la información pública realizado por TN: el predio cuesta $630.000 por día pero el Frente de Todos pagó solo $220.000.

Tras consultar al ministerio de Cultura sobre esta situación, desde la cartera de Tristán Bauer manifestaron que ese fracción de precio se debe a que para el acto solo se utilizó un sector del microestadio y que el evento fue solo de medio día. La explicación solo deja más dudas ya que en la disposición 123/2021 (donde figuran los precios actualizados) no menciona en ningún momento que el predio pueda ser rentado por partes o por menos de un día entero. Sobre esto último aclara que el valor a pagar puede ser “diario o mensual”.

La polémica no termina allí. El precio pagado por el Frente de Todos es más bajo aún ya que el precio no contempla los días de armado y desarmado, según contempla el articulo 4 de dicha disposición. Al respecto, el ministerio de Cultura respondió que no se cobró por ello ya que “la gente del Frente de Todos lo hizo de noche” y que por ende el parque estaba cerrado.

En la respuesta oficial al pedido de acceso a información pública no se especifica en porcentaje o metros cuadrados cuánto representa “ese tramo” que solo se usó del estadio para el cierre de campaña. En este sentido se cobró $220.000 sin especificar cómo se llegó a dicho monto. Nuevamente, la respuesta desde el ministerio solo dejó más dudas ya que afirmaron cobrar un proporcional en función de las 1000 personas que asistieron al acto. Por último, acorralados por las preguntas, afirmaron que para más detalles se formule un nuevo pedido de acceso a la información pública.

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Política

La oposición pide que Aníbal Fernández y Juan Cabandié vayan al Congreso por el conflicto mapuche

Tras el cruce entre Casa Rosada y la gobernación de Río Negro, los diputados de Juntos por el Cambio intentarán que el martes se trate el proyecto de interpelación a los dos ministros.

En medio de un agravamiento de la situación en el sur con la violencia mapuche que ha generado criticas hacia el Gobierno por su postura pasiva en relación al conflicto, la oposición pidió que tanto el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, como el de Medioambiente, Juan Cabandié concurran a la Cámara de Diputados para ser interpelados sobre los sucesos.

El pedido fue hecho por el legislador de Juntos por el Cambio Pablo Torello quien presentó un proyecto de resolución para citar a Fernández y Cabandié a que “brinden de manera verbal y ante el pleno de esta Cámara, un informe sobre el estado de situación de los constantes actos de violencia hacia la sociedad, toma de tierras públicas y demás delitos cometidos en el sur de nuestro país, por parte de comunidades autodenominadas mapuches”.

En sus fundamentos, el texto plantea que “grupos autodenominados ‘mapuches’ son responsables directos de usurpaciones, vandalismo, ataques hacia las autoridades policiales y ciudadanos”, y que “parecen controlar la zona, generando desconcierto y abandono de quienes honestamente pretenden convivir en paz”.

Incendio en el Club Andino Piltriquitrón provocado un grupo de mapuches

Diputados de Juntos por el Cambio mencionaron que el foco de los conflictos “está puesto en El Bolsón y en Villa Mascardi, en Río Negro, y en Loma Campana, en Neuquén”. Plantearon que “los actos de violencia incluyeron panfletos con amenazas para el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano y para la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras”.

señalan su preocupación por ver que “el Gobierno nacional desoye los reclamos de los compatriotas y autoridades de la región”. Incluso acusan a la gestión de Alberto Fernández de realizar “acciones que fomentan a que los grupos autodenominados mapuches continúen con su raid delictivo en territorio argentino”.

Denuncian puntualmente tres. Que en septiembre de 2020 la policía retuvo al vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, cuando llevaba sin registro de conducir a “una familia de cuatro integrantes -dos de ellos niños- hacia la toma de terrenos en Villa Mascardi” en un vehículo oficial que tampoco tenía seguro.

La última semana ha sido de convulsión en el Gobierno respecto al conflicto mapuche a raíz de las denuncias de la gobernadora e intendentes Rio Negro sobre la falta de acción de la Casa Rosada. Al respecto, la tensión política escaló a su punto máximo cuando Alberto Fernández le envió una carta Arabela Carreras (gobernadora de Río Negro) desestimando el pedido de envío de fuerzas nacionales para garantizar la seguridad allí ya que no era función del Gobierno.

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