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Judiciales

Condenaron a cuatro años al inspector que habilitó Cromañón

Se trata de Roberto Calderini, quien autorizó el uso del predio en 1997, pese a haber encontrado irregularidades. El acusado, que aún trabaja para el gobierno porteño, dijo que no tuvo “nada que ver”

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 condenó hoy a cuatro años y cuatro meses de prisión a un inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por considerarlo culpable de los delitos de “falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho”. Los jueces Gustavo Valle, Gustavo Rofrano y Miguel Ángel Caminos también lo inhabilitaron por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según informó el sitio Fiscales.gob.ar, el fiscal Fabián Céliz había solicitado 6 años de prisión, mientras que la querella a cargo del abogado José Iglesias había solicitado una pena de 9 años.

En sus últimas palabras antes del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 4 de mayo, Calderini había asegurado “no tener nada que ver con el hecho” y les había pedido a los jueces “racionalidad”.
Habilitación pese a irregularidades

En 1997, Calderini aprobó la habilitación del local donde luego funcionaría el boliche “Cromañon”, a pesar de que tres meses antes había destacado varias irregularidades que no fueron corregidas en el inmueble.

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Durante su exposición, Céliz había explicado que en el proceso de habilitación del local de Bartolomé Mitre 3060 se llevaron adelante tres expedientes dentro de la Dirección General de Registros y Certificaciones.

En el primero se decretó la clausura del local. En el segundo, del 14 de abril de 1997, fue donde intervino Calderini. Allí quedaron plasmadas varias de las irregularidades que presentaba el inmueble: la superficie era mucho mayor que la declarada, faltaban salidas de emergencias y había puertas que se conectaban con otros inmuebles, pese a que esto estaba prohibido para los locales de baile “clase C”. A la par de ese expediente, donde no se otorgaba la habilitación, surgió otro. Tres meses después, el 28 de julio de 1997, y a pesar de que el local tenía aún todas las irregularidades señaladas, Calderini firmó un informe en el marco de ese tercer expediente donde hizo constar que “podía accederse al otorgamiento de la habilitación”.

En 2014 Calderini dejó de trabajar para la Agencia Gubernamental de Control y pasó a desempeñarse en la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público. Según la agencia Télam, todavía reporta al gobierno porteño.

Para el fiscal, recibió dinero de los accionistas de la firma “Lagarto”, que tenían a su cargo la administración del local. “Nadie mueve un dedo en ese ámbito gratis, son las dos caras de la misma transacción”, afirmó respecto a la falsificación del documento público y el cohecho.

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“Las deficiencias en los controles en 1997 se ven volcadas en el 2004, lo que se habilitó ese año tiene una relación de causalidad con las muertes por la tragedia de Cromañon”, apuntó Céliz. Si bien aclaró que por los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales no podía endilgarle una participación en el delito de incendio seguido de muerte, sí afirmó que “la falta de habilitación hubiera evitado ese siniestro”. “Pese a las irregularidades, detectadas por el peritaje, bomberos y municipales, increíblemente el local permaneció habilitado sin control hasta el 30 de diciembre de 2004”, concluyó.

Judiciales

Corrupción en la causa Vialidad: Cristina Kirchner afronta el veredicto

La Fiscalía pidió doce años de prisión y que no pueda ser más funcionaria. Hay otros acusados, entre ellos Lázaro Báez, Julio De Vido y José López

El Tribunal Oral Federal N°2 se prepara para anunciar el veredicto a Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad.

La Fiscalía pidió doce años de prisión y que no pueda ser más funcionaria. Hay otros acusados, entre ellos Lázaro Báez, De Vido y José López.

El veredicto será por la tarde (en un horario que se conocerá hoy por la mañana) y por videoconferencia.

Habrá un operativo de seguridad reforzado en Comodoro Py, a pesar que la audiencia será virtual

Según las versiones que se manejan en tribunales, sería condenada por administración fraudulenta y participación de hechos de corrupción con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

No sería condenada por asociación ilícita, y recibiría una pena de tres a seis años de prisión.

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El Presidente pidió investigar el viaje de jueces, empresarios y funcionarios porteños al Sur

El veredicto a Cristina Kirchner genera expectativa y tensión en la política. En todos los sectores descuentan que la decisión de los jueces tendrá consecuencias.

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Judiciales

Desafiando a Moreau, un diputado del PRO presentó un amparo para ingresar a la Magistratura

Se trata de Álvaro González, cuya designación había quedado suspendida por decisión de la presidenta de la Cámara baja, tras un fallo judicial contra la representante radical Roxana Reyes.

Mientras en la Cámara de Diputados, siguen latentes las tensiones por las designaciones de los representantes ante el Consejo de la Magistratura, que de forma unilateral, la titular del cuerpo Cecilia Moreau, paralizó, uno de los legisladores del PRO, recurrió a la Justicia para poder acceder a su puesto.

Es que el diputado Álvaro González, presentó es un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que se concrete su jura como uno de los cuatro integrantes de la Cámara baja ante el Consejo de la Magistratura.

De hecho, la Corte Suprema, había dispuesto que juren los cuatro diputados, tanto los del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, como el del PRO Álvaro González y la radical Roxana Reyes. Sin embargo, el pasado lune, el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick, dictó un fallo en el que objetó la designación de la representante de la UCR.

Por lo tanto, desde el bloque de la oposición exigieron a la presidenta de la Cámara baja que apele la sentencia, acción a la que Moreau, se sumó, pero luego decidió suspender por completo las designaciones de todos los representantes ante el órgano que controla y designa a los jueces de todo el país.

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Esta acción, generó un gran repudio por parte del bloque opositor, que derivó en un escándalo de gritos e insultos en la última sesión del Congreso. Por lo que ahora, terminará en la Justicia una vez más.

Por su parte, el amparo presentado ante el fuero Contencioso Administrativo, con el aval del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, pide que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución de Moreau porque tiene “el objetivo de obstruir o impedir que se me reciba el juramento de Ley y por lo tanto me he visto en la obligación de accionar judicialmente, a fin de no consentirla”.

“La demora en la integración plena del Consejo de la Magistratura es de una notoria gravedad institucional, ya que la eventual parálisis de ese órgano de la Constitución conllevaría un perjuicio irreparable, porque se entorpece la eficaz prestación de los servicios estatales, se obtura el funcionamiento del sistema institucional sobre el que reposa el Estado de Derecho, y se deja al desamparo a una sociedad que queda inerme frente a la violación de sus derechos fundamentales”, sostiene el escrito presentado por González.

Vale destacar que la integración del Consejo de la Magistratura, también fue judicializada por los representantes del Senado. La semana pasada, la jueza María Alejandra Biotti rechazó un pedido del legislador del PRO Luis Juez, para que se anule la designación de su colega del kirchnerismo Martín Doñate.

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Ahora resta esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que deberá volver a determinar si le toma juramento a los representantes de la Cámara alta, para que pueda por fin, quedar conformado el cuerpo del organismo de control, que preside Horacio Rosatti.

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Judiciales

Crimen de María Marta: Pachelo apelará la condena por robos a countries

El protagonista recibió una pena de nueve años y seis meses de prisión en otra causa que se juzgó en paralelo

El Tribunal Oral 4 de San Isidro absolvió por mayoría a Nicolás Pachelo y a los ex vigiladores José Ortiz y Norberto Glennon por el crimen de María Marta García Belsunce.

Sin embargo, el protagonista apelará la condena por robos a countries por “excesiva” y “desproporcional”. Recibió una pena de nueve años y seis meses de prisión en otra causa que se juzgó en paralelo.

“En esos hechos no hay agravantes, como uso de armas ni violencia, así que la pena resulta excesiva y desproporcional”, advirtió su abogada defensora, Raquel Pérez Iglesias.

“Vamos a interponer un recurso de casación para que se adecúe el monto punitivo de esos hechos, que Nicolás reconoció, a un monto que sea razonable. Entendemos que razonable hubiera sido, después de 4 años y 7 meses que está detenido (desde el 7 de abril de 2018), darle por purgada la pena con la prisión preventiva sufrida”, indicó a Clarín.

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Consultado sobre quién creía que era el asesino, el hombre apuntó a la medio hermana de la víctima.

¿Cómo será el operativo de seguridad para evitar incidentes tras la sentencia de la causa Vialidad?

“Irene Hurtig. Sé que discutieron varias veces en el último tiempo (con María Marta) y la familia lo ocultó. Pero es una sospecha mía, sin pruebas”, aclaró Pachelo.

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