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Política General

Día de la Memoria: con masivas movilizaciones, se recordaron los 40 años del golpe militar

Hubo grandes marchas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Como es habitual, dijeron presente agrupaciones de Derechos Humanos, partidos políticos de izquierda y miles de ciudadanos autoconvocados

Una fuerte convocatoria de agrupaciones de Derechos Humanos, partidos políticos de izquierda, militantes y ciudadanos autoconvocados se concentró ayer en la Plaza de los Dos Congresos, a lo largo de la Avenida de Mayo y en la Plaza de Mayo e inmediaciones para conmemorar el 40 aniversario del golpe de Estado de 1976.

Una de las columnas de militantes partió desde 9 de Julio y Avenida de Mayo, integrada por los organismos de Derechos Humanos, mientras que los partidos políticos de izquierda se concentraron en el Congreso.

Las Madres de Plaza de Mayo llegaron ayer a la histórica plaza, acompañadas por una importante columna de militantes. Pasadas las 17 se subieron al escenario para leer un documento, a 40 años del último golpe cívico-militar, que cuestionó las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Con pancartas y fotos de desaparecidos, las Madres marcharon junto a militantes de La Cámpora, la Juventud Peronista, el Movimiento Evita, Unidos y Organizados, y la nieta de Juan Gelman, entre otros.

Estela Carlotto (Abuelas), Taty Almeyda (Madres línea fundadora) y Horacio Pietragalla (H.I.J.O.S.) encabezaron la larga columna que ingresó a la Plaza de Mayo portando la bandera azul con los rostros de miles de desaparecidos.

Como es habitual, también hubo una movilización de los partidos de izquierda, que aguardaron la salida de la plaza de los organismos de Derechos Humanos para hacer su irrupción y plantear sus consignas. Así, grande columnas de los partidos integrantes del Frentes de Izquierda, sumados entre otros al Nuevo Mas, el MST y EL PSTU, junto a Sindicatos, Centros de Estuciantes, etc. también dijeron presentes en la marcha.

Judiciales

Un nuevo dolor de cabeza para Maqueda: investigan su rol en un fallo clave

En las últimas semanas, se reavivaron las sospechas alrededor del rol que tuvo el cortesano en la demanda que Nación que le realizó a la provincia de Córdoba por un impuesto vial que había creado

Una década atrás, en 2012, cuando José Manuel de la Sota era gobernador de Córdoba y Cristina Fernández de Kirchner oficiaba de Presidenta, Nación avanzó con una denuncia contra un impuesto interno que había lanzado la provincia, con el fin de recaudar por cada carga de combustible que se hiciera en su territorio.

La causa llegó a los escritorios de la Corte Suprema en 2012, y recién en 2016 fue declarada abstracta, frustrando así los reclamos de Nación.

Pero ¿qué pasó entre 2012 y 2016, tratándose de un juicio tan relevante?

Córdoba había dictado la ley 10.081 a través de la cual creaba una tasa sobre los combustibles líquidos y gas natural comprimido. La ley indicaba que se creara la “Tasa Vial Provincial”, destinada a “retribuir la prestación de los servicios que demande mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley N° 8555, la que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de consumir o adquirir cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la provincia de Córdoba”.

De esa manera, creaba un impuesto que le generaba cuantiosos fondos a la Provincia. Ese impuesto era, a la vista de los constitucionalistas, ilegal, ya que las provincias no pueden crear gravámenes, además de afectar directamente el funcionamiento del sector empresario. En aquél entonces fue un verdadero escándalo.

Ante este escenario, el Gobierno Nacional inició un juicio ante la jurisdicción originaria de la Corte, pidiendo que se declarar inconstitucional al impuesto, ya que el mismo violaba la coparticipación federal.

El expediente en la Corte tenía el número 291/2012 y los abogados del Estado Nacional eran Sergio Acevedo y Ricardo Yamone; mientras que del lado de la provincia estaba Alberto García Lema. La demanda se inició en noviembre del 2012 y el 17 de diciembre de ese año se pidió una medida cautelar para que se suspendiera el cobro del impuesto.

Los registros públicos aún dan fe de que la causa circuló por los despachos de los jueces de la Corte. En aquel momento, los entonces jueces Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carlos Fayt suscribieron la propuesta de suspender la aplicación de esa tasa. Si bien Lorenzetti no firmaba, había mayoría para suspender el impuesto cordobés. Sin embargo, lo que parecía salir cómodamente, terminó dilatándose por un pedido de Juan Carlos Maqueda, quien pidió la causa y la retuvo durante más de un año en su despacho.

Durante el 2013, 2014 y 2015, el expediente fue demorado -la vocalía de Maqueda lo tuvo durante el 2014 y 2015- y, finalmente, en julio del 2016 se declaró abstracto porque la tasa fue derogada, ya que se había logrado un principio de acuerdo entre Córdoba y Nación, con Mauricio Macri ya en el Ejecutivo. “Maqueda paró el expediente hasta que cambió el Gobierno Nacional”, recuerdan quienes estuvieron en los pasillos de Tribunales en aquel entonces.

Otras fuentes consultada por este medio, dan un paso más y acusan: “La suspensión de la cautelar por influencia de Maqueda es un hecho incuestionable”. Esta información la corroboran tanto jueces consultados por el tema, como el equipo que participó en la defensa de la postura del Estado Nacional.

Pero en los pasillos de Tribunales comenzó a circular una versión que complica el futuro del cortesano apuntado: “Hay un señor que sólo maneja la mano izquierda, de origen cordobés, que visitaba permanentemente a Maqueda por esos años y, cada mes, se aseguraba que la causa siguiera siendo dilatada”.

Los comentarios dejaron de ser por lo bajo, y en la Corte miran con preocupación los movimientos de las últimas semanas, que incluyen búsquedas concretas de pruebas para avanzar en una denuncia formal contra el juez Maqueda.

“Hay abogados empujando el tema”, reconocieron a este medio.

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Política

Camino a 2023: Alberto Fernández pierde poder y cede en el desdoblamiento de las elecciones provinciales

Las provincias quieren asegurarse salvar su gestión en detrimento de poner en riesgo la elección a nivel nacional; incertidumbre sobre cómo actuará la Provincia de Buenos Aires

De cara a las elecciones presidenciales de 2023 las encuestas siguen preocupando al oficialismo y a un Alberto Fernández que evidencia como muchas provincias le sueltan la mano y ya piensan en salvar su propia gestión adelantando los comicios provinciales. La abrumadora cantidad y el debilitado poder que posee el presidente condicionan al Fernández que ya se resignó a que en 2023 no tendrá votos por el “arrastre” que genera la elección a gobernador.

Sin embargo, el presidente no da el brazo a torcer con la provincia de Buenos Aires, casualmente donde el cristinismo es más fuerte y que suele ser “la madre de todas las batallas” cuando de elección presidencial se habla. Hasta el momento no hay precisiones al respecto, pero la fuerte interna que hay entre Alberto Fernández y la vicepresidente, Cristina Kirchner, plantea la duda de cómo actuará el kirchnerismo duro.

¿Conviene ir hacia un desdoblamiento y sacrificar la elección presidencial a cambio de garantizarse el control de la provincia por cuatro años más y construir desde allí un regreso a la Casa Rosada, ya con un candidato afín al ala más dura del kirchnerismo, para 2027? ¿O mantener ambos calendarios electorales en conjunto a riesgo de perder la presidencia y la provincia, tal como le ocurrió a Juntos por el Cambio en 2019?

Lo cierto es que todavía falta más de un año para los comicios, por lo que el escenario puede variar en distintas formas. Por lo pronto, según informa Infobae, Alberto Fernández podría presionar a las provincias para recortándole fondos de coparticipación, sin embargo está maniobra es de doble filo y podría terminar dejándolo a él más expuesto y por consecuencia, más aislado y con menos apoyo dentro del Frente de Todos.

El desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires podría ser utilizado como una herramienta de presión contra el presidente por parte del trío CFK, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, para que otorgue mayores concesiones a los pedidos del ala dura del cristinismo ya que su efectiva puesta en marcha requiere cambiar la ley electoral provincial con una cantidad de votos que el oficialismo no posee.

Sin embargo nadie se confía; todavía hay tiempo de sobra en un escenario político tan volátil que puede cambiar las cosas en favor de uno u otro. El kirchnerismo no hizo públicas sus intenciones de desdoblar la elección pero tampoco se opuso cuando otras provincias sí lo hicieron.

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Política

En medio de una tensa mediación, Patricia Bullrich acusó a Alberto Fernández de “esconderse”

La referente del PRO aseguró que no se vieron las caras con el Presidente, quien la demandó por 100 millones de pesos por haber “dañado su honor”.

A pesar de la audiencia de “conciliación” convocada por la Justicia y prevista para llevarse a cabo durante la jornada de hoy, Patricia Bullrich y Alberto Fernández, las partes protagonistas, no se vieron las caras. El encuentro pautado tenía como eje la denuncia que el Presidente de la Nación inició contra la titular del PRO por haber “dañado su honor” luego de que ella sugiriera que el Gobierno intentó colocar un socio local en la compra de vacunas de Pfizer contra el coronavirus para cobrar un “retorno”.

Fue la ex ministra de Seguridad quien confirmó el “desencuentro” con el mandatario y lo acusó de “esconderse”. “La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió”, aseguró la dirigente opositora, quien ratificó sus dichos ante la Justicia.

“¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, agregó.

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado de Alberto, explicó por qué no hubo careo: “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión”.

En ese sentido, enfatizó con firmeza: “Hablar de Alberto como un hombre que aceptó coimas es de una energía muy oscura; esta mujer la va a pagar en la Justicia”.

Los dichos de Bullrich que generaron repudio en el Presidente se dieron en el marco de una entrevista que brindó para el canal LN+ el 24 de mayo de 2021. En ese sentido, expresaba: “El [ex]ministro de Salud Ginés González García dijo ‘para firmar un contrato con Pfizer tiene que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman’. Y Pfizer le dijo ‘no se puede: tengo que tener una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción’”.

Y agregaba: “Eso tiene una sola explicación: eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna”.

En ese momento, Luis Majul, el entrevistador le consultó si estaba “acusando al exministro de intentar tener un retorno de esa vacuna”, a lo que la ministra le respondió: “Pero no tengo la menor duda. Esa vacuna no está en la Argentina porque no hay un argentino con quien hablar que le pudiera dar parte de eso. Eso no tengo la menor duda y además, eso es criminal”. Al respecto, dijo que “eso el Presidente no lo ignoraba”.

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