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Judiciales

Todos amigos: el Juez Oyarbide sobreseyó a Echegaray y hace peligrar el caso Lázaro Báez

Echegaray estaba implicado en la causa acusado de haber ayudado al empresario Lázaro Báez en maniobras de lavado de dinero

El polémico juez Norberto Oyarbide sobreseyó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa en la que estaba acusado de encubrir a Lázaro Báez. La desición del juez podría tener un efecto muy negativo en la causa que tiene el juez Casanello y que investiga la famosa “ruta del dinero K”.

Esto ocurriría ya que el juez de la ruta del dinero K quedaría impedido de investigar la estructura de encubrimiento estatal a favor de Báez. Además, la causa podría emigrar a Bahía Blanca, donde están radicadas las empresas que le habrían facilitado las facturas a Austral Construcciones. Se trata de Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios, tal como había revelado el diario La Nación.

La denuncia, impulsada por Patricia Bullrich y Laura Alonso había tenido un fuerte impulso del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien llegó a decir que había “indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen los chanchullos de Báez”. Y le apuntó al entonces titular de la AFIP, un hombre que tiene una fuerte protección en Comodoro Py. “Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva de Lázaro Báez, sus asociados y sus cómplices punibles”, sostuvo por entonces el fiscal Moldes.

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Reunión con espías en el Banco Provincia: la Justicia pidió los mails y agendas de Vidal

Lo solicitó el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. También pidió material del año 2017 de los ex ministros Marcelo Villegas y Roberto Gigante y del ex subsecretario Adrián Grassi

Novedades en el mundo judicial: el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió los correos electrónicos y agendas de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y tres de sus ministros durante el año 2017, cuando ejercían sus cargos, en el contexto de la investigación de una reunión entre exfuncionarios, espías y empresarios en la sede porteña del Banco Provincia.

Los apuntados por la Justicia son Marcelo Villegas y Roberto Gigante, además del ex subsecretario de Justicia provincial Adrián Grassi.

En las imágenes, difundidas por la interventora de la AFI y autora de la denuncia, Cristina Caamaño, se ve a los entonces funcionarios con empresarios de la construcción a los que les piden evidencias para avanzar judicialmente contra Medina y se escucha a Villegas afirmar que quisiera tener una “Gestapo” contra los sindicalistas.

Para el kirchnerismo el video demuestra que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y de Vidal existió una “mesa judicial” integrada por funcionarios, jueces y efectivos de inteligencia para espiar y perseguir a opositores políticos.

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Marcha contra la Corte: el Colegio de Abogados porteño rechazó la convocatoria

Por medio de un comunicado, alertó sobre la gravedad que conlleva este acto promovido por el oficialismo en el marco de “ataque sistemático al poder judicial”

El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) manifestó su repudio a la marcha contra la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle.

Por medio de un comunicado divulgado a través de Twitter, la institución convocó “a la reflexión ciudadana ante un inminente atropello a los poderes constituidos” y advirtió que quienes se reúnan “atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste” incurrirán en el “delito de sedición”.

Además, pusieron de manifiesto la “inusitada gravedad institucional” que implica que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional adhieran a la convocatoria y pidieron alertar a la sociedad “en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas”.

Finalmente, el Colegio de Abogados porteño adhirió a la contramarcha citada para el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales, “para defender la independencia judicial”.

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Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

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