Continúa el escándalo por el supuesto desvío de fondos municipales protagonizado por Mayra Mendoza. Ahora, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó que se levante el secreto bancario y fiscal de la referente de La Cámpora, como también de ex funcionarios de su municipio y de un grupo de cooperativas receptoras de los millonarios contratos bajo análisis.

Según detalla la periodista Lucía Salinas en Clarín, además, se pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) un análisis patrimonial de la intendente de Quilmes.

Mendoza afronta dos expedientes por corrupción. Uno de ellos radicado en Comodoro Py, donde fue imputada por el fiscal Ramiro González, por presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron acusados Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.

En tanto, en la Justicia federal de Quilmes, la fiscal Silvia Cavallo impulsó la acción penal ante la denuncia periodística sobre la posible destrucción de documentación.

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En su dictamen, Cavallo solicitó que se investigue a la intendenta de Quilmes, al subsecretario de Hábitat de ese municipio, Roberto Raspa, a un abogado y a un empresario por el delito de defraudación, entre otros.

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Escándalo político en el municipio de Bahía Blanca: las autoridades locales liquidaron durante 2020 de forma errónea los salarios de los 23 concejales del distrito. Esto representó el pago de $4 millones de más.

Lo detectó el Tribunal de Cuentas provincial y reclamó al municipio la devolución del dinero. Al parecer la situación se desencadenó por un error administrativo.

En el momento más duro de la pandemia, un cambio en la legislación reducía del 3% al 1% el adicional por antigüedad en los sueldos que cobran los concejales.

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La noticia fue revelada dos semanas atrás por el sitio local Frente a Cano. Desde la municipalidad informaron que los salarios fueron corregidos con el correspondiente porcentaje recién el 1° de enero de 2021. No obstante, no se explicó qué ocurrió desde entonces con las sumas extras.

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En medio del revuelo trascendió que habrían llegado a un acuerdo para una devolución con casi todos los concejales que percibieron sumas de más, según detalló La Nueva.

El intendente Héctor Gay fue consultado sobre el tema y minimizó la controversia

Sin embargo, no hubo hasta el momento un comunicado o explicación oficial al respecto. El intendente Héctor Gay fue consultado sobre el tema en el acto por el 25 de Mayo y minimizó la controversia. “Solo se trató de un tema administrativo que había que resolver con los concejales”, dijo.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sumó un nuevo revés: está imputada por administración fraudulenta por el presunto desvío de 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas vinculadas a ex funcionarios de su gabinete.

Según detalla la periodista Lucía Salinas en Clarín, la lista de personas acusadas incluye a Alejandro Scozzari y la denuncia se amplió haciendo foco en él. Cuenta con una amplia red de empresas. Una de ellas recibió $ 85 millones del municipio y otras contrataciones directas.

El dato más llamativo y sobre el que apuntan ahora la investigación es que Scozzari tiene como gerente en una de sus empresas a Sebastián César Daer, ex esposo de Mendoza y actual funcionario de AFIP.

Sebastian Cesar Daer, el ex esposo de Mayra Mendoza

Pero también tiene negocios con Sebastián Raspa, el funcionario de Quilmes que renunció a su cargo en el municipio cuando estalló el escándalo de los contratos a cooperativas. Varias estaban vinculadas con él.

Los fondos bajo sospecha salían de la secretaría de Hábitat y Obras Públicas. Por ahora, la intendenta de La Cámpora sostuvo que todo responde a una “operación” y “persecución en su contra”.

Corrupción en Quilmes: piden investigar a Mayra Mendoza por malversación de fondos

La causa inició con la imputación del fiscal federal Ramiro González y bajo investigación hay cuatro cooperativas y fondos del municipio.

La maniobra que busca desentrañar el Ministerio Público Fiscal se habría desarrollado durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.