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Sociedad

A un año de la muerte de Nisman, se realizó acto homenaje y pedido de justicia

Bajo la consigna “Una Vela por Nisman”, la DAIA convocó a un acto en Plaza Alemania. Los oradores fueron el dirigente radical Ernesto Sanz y al periodista Joaquín Morales Solá

A un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la DAIA convocó a un acto para esta tarde en Plaza Alemania, bajo la consigna “Velas por Nisman”. [pullquote position=”right”]A un año de la muerte de Nisman, se realiza acto homenaje y pedido de justicia [/pullquote]

El encuentro comenzó a las 18:30, en la intersección de las avenidas del Libertador y Scalabrini Ortiz, donde se montó un escenario que tuvo como oradores al líder radical Ernesto Sanz y al periodista Joaquín Morales Solá. Asimismo, asistieron embajadores, funcionarios del gobierno nacional y dirigentes de entidades comunitarias como la AMIA, que adhiere a la convocatoria de la DAIA.

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, dijo que desde la comunidad judía “queremos que en nuestro país reine la justicia y deje de reinar la impunidad”, y que el cambio de gobierno “es un momento muy especial, de esperanza, y que reabre otro horizonte”.

Por su parte, la vicepresidente Gabriela Michetti dijo que el nuevo gobierno está trabajando “para que nadie pueda tener la vocación de tapar nada” y “poner todas las cosas que podamos poner para que esta verdad llegue a término”. “Hay vocación, fuerza e iniciativa para llegar a fondo”, dijo Michetti, y señaló que el gobierno está trabajando en el juicio en ausencia y la ley de arrepentido “para tener más herramientas”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recalcó que se puso fin al memorándum de entendimiento con Irán, y se desclasificó archivos secretos, junto a otras medidas “que nos permitirán avanzar sobre la impunidad al atentado a la AMIA”. “Venimos con mucha esperanza”, dijo la ministra, y agregó: “Me emocionó mucho el gesto de Macri recibir a las hijas de Nisman”.

El senador Julio Cobos, por su parte, dijo que la muerte del fiscal “merece que se investigue en serio”, mientras que el presidente de la Cámara de Senadores, Federico Pinedo, consideró “inaceptable que no se aclare” la muerte de Nisman. “Es indiscutible que la muerte tiene que ver con su denuncia. No es cuestión de hacerse el distraído. Eso hay que desentrañarlo”, añadió.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, sostuvo que “este fue un año de desazón, hasta ahora la Justicia solo dilató la investigación. El gobierno anterior interfirió en el proceso. Esperemos que con esta nueva etapa cambien las cosas”. “La fiscal Fein no tuvo las capacidades para hacer su trabajo. Además hubo una campaña de difamación del gobierno anterior contra el fiscal Nisman. Es hora de la Justicia, de que haga lo que corresponde”, añadió.

El cuerpo sin vida de Nisman fue hallado con un tiro en la cebeza el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, en la víspera de su presentación en el Congreso Nacional donde debía defender su versión acerca de un presunto plan de encubrimiento encabezado por la entonces presidente Cristina Kirchner.

Judiciales

Se suspendió el jury contra Cecilia Goyeneche, la fiscal que investigó a Sergio Urribarri

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos debe definir el amparo presentado por la procuradora.

El Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos suspendió la definición del jury contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. En los últimos días ya se había abierto la votación para definir si la procuradora adjunta era destituida de su cargo. El proceso se podría reanudar la semana próxima.

Cecilia Goyeneche impulsó distintas causas de corrupción, entre ellas la que terminó con la condena del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Tras recibir un jury en su contra, la fiscal afirmó que se trató de un “castigo” y habló de “adoctrimaniento” a los fiscales “para que no se investigue la corrupción”.

Cecilia Goyeneche, sobre el jury en su contra tras investigar a Urribarri: “Es por venganza”

El procurador general, Jorge Amílcar García, presentó un escrito solicitando que no se dicte un veredicto en el jury hasta que no esté resuelto el amparo presentado por Cecilia Goyeneche. Es estos momentos el texto está siendo evaluado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Los siete jurados que integran el jury tuvieron una reunión y no resolvieron la anulación de la votación, pero “sacaron de despacho” la causa. Por lo tanto, momentáneamente la emisión de votos se encuentra pausada. El próximo paso dependerá de lo que decida el Superior Tribunal de Justicia: si define a favor de Goyeneche se caerá el jury y sino el jurado votará la destitución.

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Judiciales

Juicios al Estado: ex panelistas de 6,7,8 reclaman indemnizaciones millonarias a RTA

En este caso los periodistas Carlos Barragán, Nora Veiras y Edgardo Mocca, reclaman una jugosa indemnización que se suma a las sentencias que deberá pagar la cadena estatal que dirige Rosario Lufrano.

Luego de darse a conocer que el ex integrante del programa ultra kirchnerista 6,7,8, Orlando Barone le ganó un juicio laboral a la TV Pública, por 15 millones de pesos, por considerarse despedido cuando el envío militante fue levantado.

Ahora salen a la luz otras demandas que encabezan otros siete periodistas, contra Radio Nacional, a la que le reclaman más de 110 millones de pesos. Al parecer los ex conductores, panelistas e invitados a 6,7,8, que también prestaban servicios en la emisora radial, se consideraron despedidos entre marzo y abril de 2016, cuando la gestión macrista cambió la programación y dejó de pagarles sus abultados salarios.

Es que durante el último año, cuatro jueces de primera instancia condenaron a Radio y Televisión Argentina (RTA), a pagar 60 millones de pesos a los periodistas Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Jorge Halperín y Carlos Polimeni, así como a los abogados y a los peritos contadores que participaron en esos juicios.

Cabe destacar que la empresa RTA, cuya presidenta es Rosario Lufrano, apeló las cuatro sentencias y ahora están bajo análisis en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Rosario Lufrano, presidente de Radio y Televisión Pública (RTV))

Por su parte, los periodistas y militantes kirchneristas Carlos Barragán, Nora Veiras y Hernán Brienza, también iniciaron acciones legales por 50 millones de pesos, pero aún no ha habido resolución por parte de los juzgados de primera instancia del Trabajo.

En su demanda judicial, Brienza aseguró que fue despedido por “motivación discriminatoria fundada en la ideología o filiación política”, ya que había sido invitado en reiteradas oportunidades al programa 6,7,8 y, “por tal razón, quedé identificado con el mismo aun cuando no fuera panelista”, sostuvo el periodista en el expediente judicial.

Sin embargo, Brienza no estuvo desocupado por mucho tiempo ya que fue designado por el gobierno de Alberto Fernández como director del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP), perteneciente al Ministerio del Interior.

La periodista Nora Veiras también denunció a RTA, aunque su demanda aun no fue tratada por el juzgado laboral y está en espera de resolución, aunque teniendo en cuenta los antecedentes de sus colegas tiene muchas posibilidades de hacerse con parte del dinero del erario público.

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Sociedad

Alarmante: los planes sociales crecieron más del 600% en los últimos 20 años

Según un informes privados en las últimas dos décadas, la cantidad de beneficios pasó de 1.600.000 a 12.12 millones. Además se vieron duplicados durante la gestión de Alberto Fernández.

En los últimos 20 años la Argentina incrementó sustancialmente el presupuesto estatal para asistir a los sectores más vulnerables de la población, pasando de invertir un 0,1 por ciento del producto bruto interno (PBI) en 2002 al 4,5% en diciembre del año pasado.

Lo que en la actualidad, implica que unas 12,12 millones de personas que perciben un beneficio social, en contrate a los 1,6 millones de hace dos décadas atrás. Esto marca un aumento del 657,5%. Cabe destacar que durante el gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de planes creció 18,6%, duplicando el monto destinado a la ayuda social.

Estas cifras fueron calculadas por la consultora Idesa, dirigida por Jorge Colina, que analizó la base de la ejecución presupuestaria de cada año, estimando que los fondos totales de los planes crecieron de 18.877 millones de pesos a casi 2 billones en los últimos 20 años.

Durante este lapso de tiempo, desde el ministerio de Desarrollo Social se generaron una docena de programas compensatorios, algunos perduraron en el tiempo y oros fueron mutando, sin embargo la asistencia monetaria se sostuvo aumentando un 3.373 por ciento, es decir de 15.037 a 522.369 millones de pesos.

Por parte del ministerio de Trabajo, siempre en datos analizados por Idesa, se redujo mínimamente el volumen de dinero administrado, que pasó de 17.836 millones en 2001 a 17.134 millones de pesos en la actualidad. Asimismo, hay que destacar que después del 2010, muchos de los panes gestionados fueron transferidos a la cartera de Desarrollo Social.

En el caso de las pensiones no contributivas que paga la ANSES, pero corresponden a Desarrollo Social, en el mismo periodo evaluado, crecieron de 76 mil a más de un millón. El informe advierte que las jubilaciones sin aportes completos representan el 80% de los beneficios que paga el Gobierno nacional.

Con respecto a la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), desde 2009, el monto de dinero destinado aumentó un 76,7% entre 2010 y 2021.

En esta instancia es correcto aclarar que al analizar la cantidad de subsidios incluidos, hay que tener en cuenta que una misma persona puede percibir más de un beneficio. Por ejemplo, la AUH puede estar acompañada por la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo.

Quizá uno de los datos más relevantes de la investigación llevada a cabo por el organismo que dirige Jorge Colina, es que el total de beneficios pasó de 1,6 millones en 2002 a 12.120.000 en diciembre de 2021, lo que constituye un aumento de 657,5%.

Sin embargo, fue en los últimos dos años, durante la administración de Alberto Fernández, que el incremento se duplicó, pasando de 961.253 millones a 1,979 billones de pesos destinados a la ayuda social. Marcando un claro desmejoramiento en las condiciones de vida de los argentinos, acompañado por los altos niveles de inflación.

Hasta aquí los datos duros, pero si tomamos en cuenta la realidad que viven cotidianamente millones de argentinos, podemos dilucidar que a pesar de las políticas sociales implementadas por los distintos gobiernos a lo largo de estos años, la pobreza no sólo no se erradicó, sino que se arraigó en los grupos poblacionales más vulnerables.

Según se desprende de un informe del Instituto Universitario CIAS y la Fundación Fundar, denominado: “Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina: Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente”, pese a las subas nominales, el “beneficio real” cayó 36% entre abril de 2017  y junio de 2021.

Asimismo, el relevamiento destaca que el Estado invierte, “cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal”, y sostiene que en 2019 por cada peso destinado a subsidios para la preservación o promoción del empleo formal se destinaron 11 pesos a programas de cooperativas de la economía popular.

Este dato, implica que se los programas para cooperativas de trabajadores informales se convirtieron en un elemento central de la política social de los distintos gobierno, ya que a partir de 2016, el número de cooperativistas pasó de 253.939 en 2015 a 1,2 millones de personas en setiembre de 2021.

En ese sentido, el informe sostiene que “las dificultades para combatir la pobreza en nuestro país no se originan en un gasto público insuficiente, porque Argentina es el segundo país de América Latina que más invierte en protección social”, sin embargo, el problema pasa por los objetivos de distribución del gasto y su eficiencia en el impacto social.

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