Organismos estatales que investigan delitos tributarios y lavado de dinero pidieron copias de los expedientes judiciales que investigan presuntos desmanejos de fondos y licitaciones amañadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que manejaron durante más de una década personas muy cercanas al juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda.

Según pudo confirmar NEXOFIN con fuentes oficiales, la Justicia no es la única que está detrás de la investigación, tras sumarse áreas estatales que tienen como fin prevenir delitos de lavado de dinero. En los últimos meses, la investigación fue avanzando sobre una hipótesis que tiene a Maqueda como centro gravitante detrás del manejo de la Obra Social del 2008 hasta el 2021, inclusive. Recordemos que el director de la Obra Social durante este lapso de tiempo fue Aldo Tonón, una persona de máxima confianza de Maqueda y médico personal del ministro de la Corte.

Maqueda juega una carta fuerte para frenar el escándalo de corrupción en la Obra Social

La función central de Maqueda en la Obra Social fue reconocida por el mismo cortesano en un mail que envió a sus colegas el pasado 31 de agosto del 2021, según pudo confirmar en exclusiva NEXOFIN. “En el mail reconoce que, desde el 2008, la Obra Social estuvo manejada por él y por personas de su vocalía”, reconocieron fuentes de la Corte a este medio.

Recordemos que el estatuto original, según la acordada 5/2008, disponía que la obra social es un organismo con autonomía de gestión conforme a las decisiones del directorio y que funcionará bajo la dependencia directa de la Corte, la que podrá designar a uno de sus ministros para ejercer dichas funciones. Lo que ocurrió es que, al no haber una designación formal, ese rol fue ocupado por Maqueda de hecho.

Manejo “familiar” y afiliados VIP

El manejo diario del organismo que garantiza los servicios de salud a los magistrados y empleados judiciales fue llevado adelante por Maqueda no sólo a través del ahora exdirector Aldo Tonón. La “sobrina” de Maqueda, María Guadalupe Burgos, de 42 años, estaba a cargo de los millonarios pagos que realizaba la Obra Social durante la etapa de Tonón. Burgos reconoció ante la Justicia que no contaba con experiencia en el rubro ni con carrera académica que respaldara la responsabilidad que pesaba sobre sus espaldas. En su declaración, Burgos reconoció que, desde el 2005, estuvo a cargo de la confección de los cheques y de los pagos que le ordenaba directamente Aldo Tonón, y reveló que no existía ningún tipo de control interno sobre los pagos realizados.

Los lazos de Maqueda con la Obra Social también involucraron otros nombres. María Candelaria Burgos trabaja en la Secretaría de la Corte y cobra aproximadamente 500.000 pesos al mes. En esa misma secretaría trabaja el Doctor Navarro, quien fue letrado de Maqueda. El esposo de María también trabaja en la Corte, al igual que la madre. Martita, secretaria de Maqueda también fue directora de la Obra Social, y María Betina “Maribe” Bonucelli, secretaria actual del cortesano, también tuvo su paso por la Obra Social. “El rol de Betina también incluyó el ordenamiento de los ‘afiliados VIP’. Cuando alguien sufría el rechazo de un tratamiento, había que tocar la puerta de la vocalía de Maqueda y hablar con Bonucelli”, reveló a NEXOFIN un juez federal que aceptó hablar en off.

La misma fuente de Comodoro Py amplió: “Ese mismo funcionamiento creció aún más con la llegada de Andrés Alberto Sacchi, esposo de Bonucelli, quien asumió como responsable del área de sistemas informáticos de la Corte y, de la mano, de los de la Obra Social”.

Licitaciones bajo sospecha

El “caso Farmandat” comenzó a principios del 2019, cuando la Obra Social estaba buscando un servicio para el despacho de medicamentos de todos los afiliados del país por las diferentes farmacias. “Tonón consultó con Maqueda y se aprobó un presupuesto inicial de 1.800 millones de pesos, pero se tiró ese número sobre la mesa sin ningún tipo de informe técnico ni administrativo, como lo exige la reglamentación interna”, comentó un empleado de la Obra Social a NEXOFIN en octubre pasado.

Muchos testigos recuerdan que Tonón -hoy investigado en la Justicia y hombre de máxima confianza del integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda- se hizo presente en persona en el acto de apertura de ofertas. “Fue a fiscalizar en favor de la empresa Farmandat S.A., hubo hasta gritos y presiones para que la ganadora resultara esta empresa cordobesa y no la rival, que había presentado una oferta menor”, reveló a NEXOFIN un testigo directo de aquella jornada.

Pasaron sólo cuatro meses para que Tonón elevara el presupuetso inicial de $ 1.800 millones a $ 2.600.000 millones. De esa nueva licitación, sólo participó Farmandat S.A., que se quedó así con un negocio multimillonario.

Finalmente, la adjudicación fue firmada el 10 de septiembre del 2020, y contó con las firmas de Maqueda y otros dos de los cinco jueces. Llamativo: en el documento, no se ven las firmas de dos ministros del Máximo Tribunal, acaso alertados ante las desprolijidades que atravesó el proceso.

La sombra de la “Mafia de los Medicamentos”

El 24 de octubre del 2010, la empresa cordobesa Farmandat S.A. saltó a la tapa de algunos medios de comunicación luego de que la ex ministra de Salud Graciela Ocaña pidiera reabrir una investigación que la tenía como centro por presunta adulteración, robo y  falsificación de medicamentos.

La legisladora había denunciado a la empresa cordobesa por una serie de presuntas facturas truchas, pero la Justicia decidió cerrarla. Sin embargo, ante los avances de la causa denominada “Mafia de los Medicamentos”, Ocaña presentó un pedido para reabrir la investigación que, bajo su mirada, tenía vínculos con los delitos que se investigaban en esa megacausa.

Una investigación de La Voz del Interior reveló en 2010 que la empresa elegida por Maqueda-Tonón para quedarse con el multimillonario negocio de medicina usa testaferros para operar. Según el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba del 30 de marzo de 2006, Farmandat fue constituida con el fin de desarrollar una variedad de actividades ligadas a la medicina y entre sus socios fundadores figuran Juan Carlos Montamat y Juan Horacio Carreño.

¿Quién es Carreño? Un ex menemista de La Rioja que cobró notoriedad pública en la década de 1990, cuando se descubrió que figuraba como empleado jerárquico del Pami, aunque no prestaba servicios efectivos en ninguna de las sedes de la entidad. “Es conocido también de Maqueda”, acotaron fuentes cordobesas a NEXOFIN.

La Voz del Interior logró contactar entonces a Carreño para consultarlo sobre su condición de directivo de Farmandat. Admitió entonces que él aceptó poner su nombre como socio de la firma, pero por una cuestión de “confianza” con la gente que maneja el negocio. “Había que poner a gente de confianza para formar la sociedad y me pusieron a mí, pero yo no manejo nada. Mi participación es simbólica. Yo soy un seco”, sostuvo Carreño, prestanombre al frente de Farmandat S.A..

Gregorio Dalbón reveló que su estudio fue quien pagó los tres millones de pesos correspondientes a la tasa de Justicia en el juicio que Alberto Fernández le inició a Patricia Bullrich por daños y perjuicios.

“Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia, la pagó mi estudio, con cheque a mi nombre. ¿No miró el expediente? Deje de mentir”, fue el tuit que le dedicó el abogado del presidente. La titular del PRO había cuestionado que el Presidente hubiera abonado la mencionada cifra para poder iniciarle una demanda.

La voy a demandar Señora por mentir nuevamente.
La tasa está pagada con cheque a mi nombre, consta en el expediente y hasta firmé la boleta de depósito. Ahora tendrá otro juicio en contra por MENTIR sobre la tasa de justicia.
A cada difamación tendrá un nuevo juicio. Saludos! https://t.co/OYEsPr9ICk

— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) May 26, 2022

“Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, había escrito la ex ministra de Seguridad.

La causa por “daños y perjuicios” la iniciaron de manera separada el mandatario así como el ex ministro de Salud Ginés González García y el empresario farmacéutico Hugo Sigman, luego de que Bullrich acusara al Gobierno de intentar colocar un socio local en la compra de vacunas del laboratorio Pfizer contra el coronavirus.

Crédito exprés para cerrar el Olivos Gate: el Presidente recibió $ 3.000.000 para pagar el acuerdo judicial

¿Qué es la tasa de Justicia?

La explicación sobre el abono de ese dinero se remonta al funcionamiento del sistema judicial argentino, que obliga al demandante a abonar una tasa del 3% de la suma que se demanda para poder iniciar el juicio.

Alberto Fernández ingresó al podio de los Presidentes con mayor desaprobación en el continente

La Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que abriera en su contra el fallecido Claudio Bonadio por el envío de diarios, muebles y otros objetos a Santa Cruz en el avión presidencial entre 2003 y 2015.

La ex mandataria había sido procesada por el entonces Juez, en 2019 bajo el delito de “peculado”, decisión que fue parcialmente avalada por la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La controversial investigación por los “Vuelos canillitas”, que es una de las ocho indagatorias simultáneas que dispuso Bonadio para la ex presidenta, como derivación del expediente de los Cuadernos de las Coimas, también imputó al senador Oscar Parrilli, que ejercía entonces como Secretario General de la Presidencia.

Originalmente, la actual Presidenta del Senado, estaba acusada de “haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades”.

“Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera Senadora Nacional o Presidenta, en tanto que Oscar Parrili era Secretario General de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20”, sostenía la acusación en su contra.

La vicepresidenta y el senador, también habían sido acusados de “haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner”.

En esta ocasión, el máximo tribunal penal hizo lugar a un planteo de la defensa de la ex presidenta por la presunta falta de imparcialidad del juez Bonadio, que fue quien formuló la denuncia, se quedó con la investigación en lugar de promover el sorteo de otro magistrado para el trámite, y finalmente dispuso el procesamiento.

“La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal”, señala el fallo, firmado por los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques.

Además, el veredicto evaluó que ante los argumentos de la ex presidenta y de Parrilli “se omitió dar adecuado tratamiento a la nulidad planteada en torno a la presunta afectación de la garantía del juez natural y de imparcialidad, motivada en la circunstancia de que la presente investigación estuviera a cargo del mismo juez que dispuso la extracción de testimonios que dio origen al proceso”.

Por su parte, el tercer miembro del tribunal, Guillermo Yacobucci, se inclinó por rechazar el planteo de Cristina Fernández de Kirchner porque “no se dirige contra una sentencia definitiva”.