Nuevo Código: el riesgo de darle más poder a los fiscales

Según el Ministro de Justicia, Germán Garavano, el Decreto de Necesidad y Urgencia que suspende la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, prevista para marzo de 2016, no hace más que frenar la implementación “de un día para otro” de un proceso que, en otros países, llevó “entre seis y ocho años”.

La nueva normativa procesal otorga mayor poder a los fiscales, cosa que en términos meramente teóricos, pareciera tener fundamentos a favor casi indiscutibles. Pero lo cierto es que, cuando las instituciones no funcionan como deben, la teoría se vuelve inaplicable y hasta inservible.

La prioridad en este sentido, sería dotar de institucionalidad a la Justicia, comenzando por el órgano que confedera a los fiscales. Lo cierto es que la partidización del Ministerio Público que se iniciara a partir de la creación de la secta judicial denominada “Justicia Legítima” importa una amenaza para toda la sociedad.

Ahora bien, ¿qué pasará cuando Gils Carbó –tal como lo hacía durante el régimen de Cristina Kirchner- comience a elevar ternas íntegramente compuestas por adeptos a “Justicia Legítima”?

José Lucas Magioncalda, abogado que preside una ONG vinculada a temas de calidad institucional, contesta perfectamente a esta pregunta en su nota para el diario digital Tribuna de Periodistas:

“El Presidente Macri, y luego el Senado, deberán enfrentarse a la penosa situación de llenar una vacante con un fanático camporista o dilatar su designación. En este último caso, y como ya lo ha hecho en otras oportunidades y en forma ilícita, Gils Carbó designará a dedo a un “fiscal subrogante”, que también responderá a la secta judicial controlada por la Procuradora General de la Nación.

Concluyendo: mientras Gils Carbó siga siendo Procuradora General de la Nación, el otorgamiento de mayor poder a los fiscales sólo servirá para profundizar el deterioro institucional que la actual administración hereda del kirchnerismo.”