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Judiciales

Un juez le ordenó al Gobierno entregar información sobre la sociedad Hotesur

Con la firma del juez Pablo Cayssials, la sentencia responde a un pedido de acceso a la información pública y busca abrir el cepo informativo que impera en la Inspección General de Justicia desde 2012

Mientras el juez federal Daniel Rafecas tiene en sus manos la causa principal que investiga supuestas irregularidades en la empresa Hotesur, que le pertenece a la presidenta y sus hijos, un juez contencioso administrativo federal aceptó un amparo de la diputada Margarita Stolbizer y ordenó que el ministerio de Justicia le entregue información de los estados contables de Hotesur y todas las actuaciones administrativas que existan sobre esa firma.
[pullquote position=”right”]Un juez le ordenó al Gobierno entregar información sobre la sociedad Hotesur[/pullquote]

Se exigió, además, brindar detalles acerca del cobro de la multa de 3000 pesos que le habían impuesto a la firma por no haber entregado en tiempo y forma sus balances anuales y la renovación de sus autoriades.

Con la firma del juez Pablo Cayssials, la sentencia responde a un pedido de acceso a la información pública y busca abrir el cepo informativo que impera en la Inspección General de Justicia desde 2012, cuando por orden del ex subsecretario de Coordinación y Control Registral del Ministerio de Justicia, Ernesto Kreplak, el organismo empezó a negar el acceso a datos públicos correspondientes a las compañías próximas al Gobierno e involucradas en denuncias o sospechas de corrupción.

La diputada Stolbizer presentó un amparo ante la justicia contencioso administrativa para que se difundiera la información que la Inspección conserva acerca de Hotesur y se conozca si efectivamente la firma pagó la multa.

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Hotesur-Los Sauces: uno de los jueces que sobreseyó a CFK fue “bochado” en la Facultad de Derecho

Se trata de Daniel Obligado; el presidente del TOF 5 no alcanzó el puntaje mínimo del concurso y no podrá seguir dando clases en la materia “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” en la UBA

Daniel Obligado, el juez que firmó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces suena ahora como uno de los candidatos a ocupar una sillón en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Según detalla el sitio Infobae, meses atrás, el Consejo Superior de la UBA decidió no renovarle su cargo como profesor adjunto en la Facultad de Derecho.

¿El motivo? Un jurado de notables consideró que no estaba capacitado. Luego de una batalla administrativa que duró varios años, el Consejo Superior ratificó esa decisión.

El presidente del TOF 5 no alcanzó el puntaje mínimo del concurso y no podrá seguir dando clases en la materia “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”.

“No renovar la designación de Daniel, Horacio Obligado como profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura Elementos de derecho Penal y Procesal Penal, del Departamento de Derecho Penal y Criminología”, dice la resolución que lleva la firma del rector Alberto Barbieri y del secretario general, Mariano Genovesi.

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Provincia de Buenos Aires: un fallo abre puerta a la reelección indefinida

La estrategia desplegada por los jefes comunales tiene varios frentes: de los pedidos de licencias al proyecto que busca volver a habilitar este mecanismo prohibido por una norma aprobada en 2016

Durante las últimas horas, un fallo judicial abrió la puerta a la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses, prohibida por una ley de 2016 que impide más de dos mandatos consecutivos a los jefes comunales, concejales y consejeros escolares de la Provincia de Buenos Aires, así como de senadores y diputados.

Se trata de un amparo presentado en ese sentido por un concejal del partido de Malvinas Argentinas que recibió una resolución favorable de un Tribunal Contencioso Administrativo de San Martín.

El fallo, según consignó el diario Clarín, le permite al edil saltear la ley y presentarse como candidato en las próximas elecciones. Sin embargo, aún debe ser ratificada en Cámara.

Para evitar dejar el poder, varios jefes comunales ya encontraron la manera de burlar la norma. Al menos 17 intendentes ya se tomaron licencia y se aseguraron que podrán volverse a presentar en 2023.

¿El motivo? La ley habilita a postularse a los funcionarios que no estuvieron en el cargo más de dos años y un día. Pero el tiempo se les acorta: ese plazo vence este lunes.

Le ley entró en vigencia en los últimos comicios. Por lo pronto impidió la reelección de dos senadores, 10 diputados y decenas de concejales provinciales.

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Fiesta VIP en Olivos: rechazan pedido de Alberto para cerrar la causa

El mandatario había reclamado que la investigación se archivara por “inexistencia de delito”, pero el magistrado Lino Mirabelli lo desestimó

Durante las últimas horas, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó el planteo del presidente Alberto Fernández para cerrar tempranamente la causa por el “Olivos Gate” por inexistencia de delito.

Por medio de una resolución de 21 páginas, el magistrado dispuso la continuidad de la investigación por violación a las disposiciones de prevención por la pandemia de coronavirus.

Fernández está investigado por la realización en la Quinta de Olivos de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta.

Según consta en la resolución, Mirabelli planteó que “el objeto procesal comprende múltiples hechos hipotéticamente constitutivos prima facie del delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal, entre otras figuras invocadas en las respectivas denuncias, a raíz de presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19″.

“Corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”, señaló el juez.

Dentro del escrito presentado ante la Justicia, el jefe de Estado señaló que “sin perjuicio de que los hechos aquí investigados han tomado dimensión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”, e indicó que “el tiempo de pandemia donde la acción de gobierno se trasladó íntegramente al predio y mi trabajo no tuvo días ni horarios determinados”.

Mirabelli entendió que los argumentos del Jefe de Estado “adolecen de las condiciones necesarias para su procedencia en el caso” para determinar la inexistencia del delito.

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