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Política General

Detuvieron a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula da Silva en Brasil

Acusado de corrupción, formación de organizaciones criminales y lavado de dinero, el ex funcionario fue nuevamente arrestado en su casa de Brasilia, donde cumplía una condena previa por la causa “mensalao”

El ex jefe de Gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, fue detenido este lunes por el escándalo de corrupción que sacude a la petrolera estatal Petrobras, en una operación realizada por 200 efectivos en Brasilia, Sao Paulo y Rio de Janeiro. [pullquote position=”right”]Detuvieron a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula da Silva en Brasil[/pullquote]

Un asesor de las fuerzas de seguridad en Curitiba, capital de Paraná, donde se tramitan las causas de la esfera privada del megafraude que involucra a la elite de Brasil, aseguró a la AFP que “fue apresado en su casa en Brasilia”.

En la investigación se busca determinar delitos de corrupción activa y pasiva, formación de organizaciones criminales y lavado de dinero en los que estaría implicado Dirceu, según un comunicado de la policía.

El exfuncionario, figura central en el Partido de los Trabajadores (PT) y del gobierno durante el primer mandato de Lula (2003-2010), ya cumplía una condena de reclusión por una causa anterior conocida como “mensalao”, que consistió en un esquema de pagos mensuales para comprar apoyo político.

La gran estrategia para estafar a Petrobras involucra a exejecutivos de la petrolera, empresarios y políticos, todos investigados por delitos ligados a la manipulación de contratos mediante pago de sobornos, que según las denuncias, pasaron a engrosar fortunas personales y también sirvieron para financiar partidos políticos.

Por este hecho, que costó más de 2000 millones de dólares en pérdidas, el extesorero del PT, Joao Vaccari y los presidentes de las gigantes de la construcción Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Correa, ya están en prisión.

Política

En un guiño a la CGT Alberto Fernández le giró $7.390 millones a las obras sociales

Se trata de una parte de un desembolso total de 11 mil millones de pesos destinados a financiar los gastos extra que debieron asumir por la pandemia

En el día de ayer el Gobierno dio paso al cumplimiento de la Decisión Administrativa 894/2021 publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre que establecía un reajuste en las partidas presupuestarias. Según las planillas anexas de esa resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), órgano de control de obras sociales y prepagas, recibió una “contribución de la Administración Central para financiar gastos corrientes”.

Según consigna el medio Ámbito, la medida consiste en comenzar a cumplir con una promesa que el presidente, Alberto Fernández, le había hecho a la CGT para solventar los gastos extra que tuvieron que asumir las obras sociales por la pandemia. En este sentido, las prestadoras de salud sindicales esperan recibir en lo que resta del año más de 11 mil millones de pesos luego de haberle presentado su estructura de costos.

Parte de esa “deuda” que contrajo el presidente, la saldó en el día de ayer cuando destinó 7.390 millones de pesos para que sean distribuidas entre las obras sociales. De esta forma, en Casa Rosada quedará pendiente transferir cerca de $4.000 millones.

Los fondos enviados, según consigna el mismo medio, surgen de un recorte de presupuesto realizado a los ministros de Educación y Transporte ya que se considera que ese dinero esta destinado a cubrir las prestaciones por esos rubros dadas por las entidades de salud de los gremios: traslados, movilidad y servicios educativos para discapacitados.

El Gobierno manejó esta reasignación con mucho secretismo y así lo evidencia esta Decisión Administrativa ya que el desembolso aparece al fondo de las planillas de la misma. En concreto, en la página 206 de las 208 que tiene el Anexo I de la norma que postula que “resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, a los efectos de afrontar parcialmente los incrementos del mecanismo de integración que cubre las prestaciones médico-asistenciales previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.

Fuente: Ámbito Financiero

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Política

La fuerte amenaza de Mario Ishii contra la prensa: “Un día el pueblo se va a levantar contra los medios”

El intendente de José C. Paz cuestionó la cobertura periodística de la pandemia y apuntó contra quienes criticaron a Alberto Fernández.

Noticia en desarrollo…

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Política

Cuadernos | Paolo Rocca, cerca del sobreseimiento por un “olvido” del Gobierno

Los letrados del organismo fueron sumariados por considerar que actuaron con “intencionalidad”, según sostuvieron fuentes judiciales.

Por un “olvido” del Poder Ejecutivo, el CEO de Techint, Paolo Rocca, su principal operador, Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta, que habría oficiado como valijero del dinero que la principal compañía industrial argentina entregó a funcionarios kirchneristas, quedaron a un paso del sobreseimiento en la causa que investiga los cuadernos de las coimas y que tiene a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como principal acusada de haber encabezado una asociación ilícita.

En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Estado, decidió sumariar a sus abogados involucrados sobre los cuales no sólo recae la responsabilidad del “olvido” sino también entiende actuaron con “intencionalidad”.

El organismo que dirige Carlos Cruz ya había cesanteado al director de Litigios Penales, Claudio Castelli previamente al inicio de un sumario administrativo con los dos abogados que “olvidaron” apelar la decisión del juez Julián Ercolini.

La semana pasada la UIF presentó un recurso de Casación ante “la Sala I de la Cámara Federal de Casación para que la misma lo eleve para su tratamiento a la Cámara Federal de Casación Penal y se puedan revisar los sobreseimientos”, explicaron desde el organismo antilavado.

“Los jueces Bruglia y Bertuzzi declararon inadmisible el recurso interpuesto declarando que no hubo arbitrariedad en el fallo por ellos dictado. El resultado era esperable, en tanto que los mismos jueces no iban a admitir la arbitrariedad de su fallo, se cuestiona sin embargo que no hayan derivado la admisibilidad del recurso en ese punto a la Casación, dada su falta de objetividad para poder analizar la arbitrariedad de su propio fallo”, dijeron.

Fuentes del organismo admitieron a Infobae que se abrió una investigación interna para buscar responsabilidades por esa inacción penal en la causa de los cuadernos. Hay mientras tanto un planteo para intentar que se declare “cosa juzgada írrita” la decisión que dejó a salvo del caso a los empresarios de Techint. “Nos encontramos ante un caso que constituye un ‘atentado contra el sistema democrático’”, sostiene la presentación.

La “cosa juzgada írrita” es una figura incómoda para el mundo de los tribunales que se aplica cuando se demuestra que en un juicio no se han respectado las reglas del debido proceso o cuando los jueces o obraron con independencia e imparcialidad.

En agosto pasado, tras un planteo de la defensa, el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de los hombres de Techint, incluso de Zabaleta que había declarado como imputado-colaborador reconociendo un delito.

Al mismo tiempo, el juez procesó al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta por dádivas -es decir, recibir el dinero de Techint- pero se sobreseyó a los directivos de la empresa por entender que los pagos que admitieron estaba justificados en razones humanitarias.

“La ausencia de responsabilidad en los sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero -la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario público implicado, resulte ser una conducta que se subsume directamente bajo el tipo penal analizado”, dijo Ercolini.

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