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Política General

En 2015, el kirchnerismo sólo utilizó el Congreso para buscar un blindaje judicial

En el peor inicio de año en cantidad de sesiones, el oficialismo restringió la actividad a los proyectos vinculados con cambios y designaciones en tribunales

Nunca el Congreso trabajó menos que en estos primeros cinco meses de 2015. Ni siquiera otros años electorales alcanzan a igualar el pobre récord de apenas dos sesiones en la Cámara de Diputados y otras tres en el Senado.

Por decisión de la mayoría kirchnerista, el Parlamento está semiparalizado, salvo para las cuestiones prioritarias del Gobierno, que siempre han tenido que ver con la obtención de un blindaje judicial que resguarde a la presidenta Cristina Kirchner y a sus lugartenientes en los próximos años. De hecho, esta semana convertirá en ley en la Cámara de Diputados el paquete de proyectos más importante en ese sentido.

El oficialismo sancionará una serie de iniciativas que le permitirán sembrar con conjueces y jueces subrogantes afines no sólo los juzgados vacantes, sino también los que están por crearse. Además, se le conferirán nuevas y mayores facultades al titular de la Procuración General, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó, cercana al Gobierno.

Para completar, los legisladores kirchneristas aprobarán la creación de una Cámara Federal de Apelaciones en la pequeña localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena (4100 habitantes). Así, todas las causas que tramiten en los juzgados federales de Tierra del Fuego y Santa Cruz ya no irán a parar en apelación a la Cámara de Comodoro Rivadavia, en Chubut, sino a este tribunal por crearse en la provincia natal de los Kirchner. Incluso absorberá causas ya existentes.

Entre ellas, se podrían contar las denuncias contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez y, eventualmente, el caso Hotesur, si es que éste finalmente se traslada al Sur como pretende el kirchnerismo.

El oficialismo quiere aprovechar al máximo estos seis meses que le restan de mayoría en ambas cámaras y que podría perder tras el recambio presidencial. Esto explica el apuro en sancionar, en quince días, este blindaje judicial. En el Consejo de la Magistratura ocurre algo similar: allí, el kirchnerismo tendrá mayoría hasta el 10 de diciembre; la oposición sospecha que en este período los consejeros oficialistas buscarán integrar los 39 juzgados vacantes con abogados y funcionarios judiciales afines.

El nuevo régimen de subrogancias, incluido en el paquete de leyes que se aprobaría este miércoles, le otorga amplias facultades para ello. Entre los puntos más polémicos figuran:

*Discrecionalidad: el régimen actual establece que los jueces subrogantes en los juzgados de primera instancia sean designados por el Consejo de la Magistratura; como prioridad, deben ser cubiertos por un juez de igual competencia en la misma jurisdicción y, si esta condición no se cumple, por sorteo entre la lista de conjueces elaborada por el Poder Ejecutivo. La ley en discusión, en cambio, dispone que los subrogantes sean designados por la cámara del fuero -siempre que se trate de licencias no mayor a 60 días-, pero el Consejo de la Magistratura puede, con sólo la mayoría de sus miembros presentes, “ratificar o modificar” el nombramiento. Se elimina la posibilidad del sorteo. Por si fuera poco, los consejeros podrán designar subrogantes en aquellos juzgados ya creados por ley y que todavía no estén en funcionamiento, como la Cámara Federal de Apelaciones en Comandante Luis Piedra Buena.

“Le estamos dando al Consejo de la Magistratura la facultad, con siete votos, de designar subrogantes en los 39 juzgados vacantes -advirtió el diputado radical Gustavo Valdés, quien también es miembro del Consejo-. Lo que establece esta norma es de una subjetividad enorme. Ésta no será una ley que regule las subrogancias, sino una ley atada a las necesidades circunstanciales del oficialismo.”

*Conjueces: la nueva ley propone que la lista de conjueces -aplicable a los cuerpos colegiados, como la Corte Suprema y las cámaras- tenga seis años de duración (no tres, como fija la ley actual), con lo que tendrá vigencia más allá de este gobierno.

Además, se propone que la lista se integre no sólo con abogados, sino también con secretarios de la Justicia, sea nacional o federal. Todos ellos deberán contar con la aprobación del Senado, pero, y aquí viene lo polémico, el proyecto oficialista propone que, “para el supuesto excepcional de que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo del Senado para aplicación inmediata” de la ley “el Consejo de la Magistratura designará subrogantes de la lista aprobada por el plenario”. Dichos reemplazos durarán 90 días, lapso prorrogable por igual período.

“Éste es un proyecto inconstitucional -asestó el diputado Pablo Tonelli (Pro)-. El Consejo de la Magistratura es incompetente en la materia porque la intervención que el proyecto le confiere viola el principio de división de poderes y las normas constitucionales que fijan el procedimiento para el nombramiento de los jueces. Además, se viola la exigencia de selección mediante concurso público y se habilita la designación de jueces con la sola intervención del Consejo de la Magistratura, sin participación del Gobierno y del Senado.”

*Se elimina un requisito clave: la ley 26.484 establece que un juez debe dejar transcurrir tres años en el cargo como condición para concursar para otro tribunal. La nueva ley elimina este requisito; para la oposición, el cambio tiene nombre y apellido.

“Se están concursando los tribunales de Casación Penal, y algunos de los candidatos, como el juez Sebastián Casanello -cercano al Gobierno-, no han cumplido con el requisito de tres años para concursar. Con esta ley, estará habilitado”, indicó Valdés. “Ésta es una ley con nombre y apellido -advirtió el radical Manuel Garrido-. Permite el ascenso de jueces sin los 3 años que exige la ley.” Además del nuevo régimen de subrogancias, el “blindaje judicial” incluye una ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que, a juicio de la oposición, confiere facultades excesivas a su titular, Alejandra Gils Carbó. Esta funcionaria cercana al Gobierno es vitalicia en su cargo, por lo que permanecerá más allá de la actual gestión.

“La nueva ley confiere atribuciones inadmisibles al titular del Ministerio Público”, fustigó Tonelli, y detalló: podrá designar magistrados y empleados en forma unilateral y sin concurso público; cubrir cargos vacantes de forma interina de modo arbitrario; manipular la competencia territorial y funcional de los fiscales a fin de intervenir indebidamente en el curso de las investigaciones que sean de su interés y realizar un manejo antojadizo del presupuesto. “Se le concede una concentración de poder mayúsculo sin que exista ningún mecanismo institucional de supervisión”, advirtió Tonelli.

 

Fuente: La Nación

Política

Organizaciones sociales le dieron su apoyo a Alberto Fernández: “Estamos en la calle para lo que disponga”

Antes de viajar a negociar con el FMI, el Presidente recibió el respaldo de dirigentes sociales.

Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a dirigentes de organizaciones sociales que le dieron su apoyo en la negociación con el FMI. A horas de viajar a Washington, el Presidente recibió el respaldo de los movimientos y se comprometió a no perjudicarlos con un ajuste.

Estuvieron presentes en la reunión: Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Daniel Menéndez (Barrios de Pie); Gildo Onorato (secretario general de UTEP); Cecilia Mariño (CCC); y Federico Martelli (Movimiento Unidad Popular); entre otros.

Uno de los dirigentes presentes expresó: “El Presidente nos dijo que no se va a firmar nada que perjudique al pueblo argentino. Creemos que el acuerdo que firmó Macri se va a seguir revisando judicialmente y esperamos el informe del Fondo que hizo”

Nosotros le dijimos que cuente con nuestro apoyo, que estamos dispuestos a respaldar, que estamos en la calle para lo que se disponga, para defender los intereses del país. Tenemos en claro que el acuerdo no va implicar ajuste y perjuicios a los sectores populares”, agregó el referente social a Infobae.

“Los movimientos vamos a insistir con la denuncia penal a los fugadores de dólares producto del acuerdo de Mauricio Macri con el FMI”, sentenció otros de los presentes a Clarín.

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Política

Alberto Fernández sobre la negociación con el FMI: “No será a costa del desarrollo del país”

El Presidente le pidió al FMI que tenga en cuenta el préstamo “fallido” durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández cerró la 27° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina en Parque Norte. El jefe de Estado se refirió a la negociación de la deuda con el FMI y pidió que se haga una “evaluación” del préstamo “fallido” al Gobierno de Mauricio Macri.

Alberto Fernández le reclamó al FMI  que “antes de cerrar un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron USD 44.000 millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”.

El Presidente afirmó que “eso nos va a ayudar a terminar de entendernos. Es un paso necesario en este camino”. Además remarcó que el acuerdo con el Fondo “no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste”.

Para poder escribir una nueva página, es necesario cerrar el capítulo anterior. Hagámoslo rápido y así avancemos sobre un terreno más firme y despejado”, agregó Alberto Fernández a días de viajar a Washington junto a equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central.

Buscamos que esa deuda no nos impida llevar adelante el programa plurianual que queremos implementar para que la Argentina continúe en la senda de la recuperación con generación de empleo, y para que podamos reducir la inflación”, concluyó Fernández.

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Política

Enfrentada con Matías Kulfas, Débora Giorgi se va del Gobierno dos meses después de asumir

La funcionaria deja su cargo como subsecretaria de Comercio; era la número dos de Roberto Feletti.

A menos de dos meses de asumir como subsecretaria de Comercio, Débora Giorgi deja su cargo en el Gobierno nacional de forma sorpresiva. La funcionaria era la número dos del secretario de Comercio, Roberto Felleti, y su salida destapa una nueva interna dentro del oficialismo en medio de las dificultades por contener la inflación.

Tanto Feletti como Giorgi deben reportar al ministro de Producción, Matías Kulfas, y una de las versiones apuntan a que las diferencias entre estos dos últimos eran insalvables por lo que decidió dar un paso al costado. En este sentido, Giorgi asumió hace 52 días pero nunca fue nombrada oficialmente. Al respecto, en el Ministerio de Desarrollo destacaron a La Nación que “fue una decisión del Presidente. No renunció porque nunca fue designada y no fue designada por decisión del Presidente”.

Sin embargo, desde el entorno de la ya ex subsecretaria plantean otro escenario: “Giorgi vino a trabajar y a integrar el equipo con el objetivo de desarrollar y consolidar una política de precios sustentable. Lo cierto es que a 52 días de haber asumido el decreto presidencial con su designación no fue firmado, entendemos que por presión de Kulfas. Se cansó y acordamos que se fuera”.

Otra de las versiones se desprende de la primera ya que su llegada al ministerio para amortiguar el alza de precios de los alimentos, algo que no ha logrado pese al congelamiento: Felleti ya reconoció que en noviembre la inflación estará por encima del 3%.

La economista se había desempeñado como ministra de Industria del gobierno de Cristina Kirchner entre 2008 y 2015 y tras las derrota electoral a manos de Mauricio Macri asumió como secretaria de Producción de La Matanza, donde siguió hasta volver al Gobierno nacional. Giorgi volvió al Gobierno junto a Feletti tras la salida de Paula Español del organismo que depende del ministerio de Desarrollo Productivo.

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