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Judiciales

Operación limpieza: benefician a empresas de Lázaro Báez en una causa por evasión

El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart concluyó que no correspondía avanzar contra Austral Construcciones y otras empresas de Báez, como tampoco contra dos de sus máximos colaboradores

El empresario patagónico Lázaro Báez cosechó una buena noticia de la Justicia en dos de los ejes que lo tienen a maltraer desde hace un par de años: sus vínculos con los hoteles de la familia presidencial Kirchner y el ingreso de $ 254 millones a los balances de Austral Construcciones que llegaron desde un paraíso fiscal.

El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart concluyó que no correspondía avanzar contra Austral Construcciones y otras empresas de Báez, como tampoco contra dos de sus máximos colaboradores, luego de que la AFIP determinó que los montos exigibles por impuestos impagos por un global de $ 1,1 millón no superan el monto mínimo exigido por ley, o se abordan figuras penales ajenas a su competencia.

El juez dio entonces por cerrada la pesquisa contra las empresas de Báez y sobreseyó a sus colaboradores Julio Enrique Mendoza y César Gerardo Andrés, y remitió copias del expediente a la Cámara Federal para que sortee el Juzgado que deberá investigar si se registraron maniobras de lavado, entre otras figuras penales, lo que ya lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.

López Biscayart, -que durante la presidencia de Néstor Kirchner investigó el “caso Skanska” sobre presuntos sobreprecios en la obra pública- tomó esa decisión el miércoles pasado, pero sólo trascendió ayer, cuando venció el plazo para que apelara la Fiscalía -que no recurrió su fallo-, y colaboradores de Báez se encargaron de difundirlo.

Según verificó López Biscayart, los inspectores de la AFIP objetaron las declaraciones impositivas que presentaron varias empresas de Báez durante los últimos años en relación con los convenios que firmaron con los hoteles de la familia presidencial, y verificaron que Austral Construcciones operó con otro “proveedor apócrifo” de facturas, “Conde Marketing SRL”.

Así, la AFIP le reclamó más de $ 516.000 por deudas en IVA y Ganancias durante 2011 y 2012 a Austral, y le impugnó créditos fiscales por otros $ 105.000 entre 2010 y 2011, más unos intereses resarcitorios sobre US$ 8 millones que debió exteriorizar en 2011, pero lo hizo al año siguiente. Es decir, un piso de 621.000 pesos. A esas impugnaciones, los sabuesos tributarios sumaron objeciones a otras empresas de Báez involucradas con los hoteles de la familia Kirchner, como La Estación, Don Francisco; Kank y Costilla, la constructora Loscalzo y del Curto SRL.

Ante esos reclamos tributarios, Báez optó por pagar, aunque se reservó la opción de reclamarle luego a la AFIP porque lo considera injusto, según informaron sus colaboradores. “Teniendo en cuenta los montos involucrados, así como las características técnicas no dolosas de los ajustes detectados”, indicaron, “las sociedades que representamos han procedido a aceptar en disconformidad los ajustes (lo que implica la expresa reserva del derecho de repetición), habiendo cancelado los importes resultantes con más los intereses resarcitorios correspondientes”.

En ese contexto, López Biscayart dio por impropia la vía penal, ya que la ley, recordó, “exige que el monto evadido supere los $ 400.000 por tributo y por ejercicio anual, aun cuando se tratara de tributos instantáneos o de periodo inferior a un año”.

Del mismo modo, López Biscayart consideró que Austral no cometió un delito tributario cuando declaró el ingreso de $ 254 millones provenientes de la sociedad J+J Holding NV, que se encuentra inactiva desde 1989, según consta en el Registro Público de Comercio de Curazao.

Así, con competencia funcional sólo en lo Penal Tributario, López Biscayart consideró “agotada la investigación” en su fuero, ya que remarcó que “no podría reprocharse ningún ilícito desde la perspectiva del Régimen Penal Tributario y Previsional”.

 

Fuente: La Nación

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Fiesta VIP en Olivos: rechazan pedido de Alberto para cerrar la causa

El mandatario había reclamado que la investigación se archivara por “inexistencia de delito”, pero el magistrado Lino Mirabelli lo desestimó

Durante las últimas horas, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó el planteo del presidente Alberto Fernández para cerrar tempranamente la causa por el “Olivos Gate” por inexistencia de delito.

Por medio de una resolución de 21 páginas, el magistrado dispuso la continuidad de la investigación por violación a las disposiciones de prevención por la pandemia de coronavirus.

Fernández está investigado por la realización en la Quinta de Olivos de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta.

Según consta en la resolución, Mirabelli planteó que “el objeto procesal comprende múltiples hechos hipotéticamente constitutivos prima facie del delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal, entre otras figuras invocadas en las respectivas denuncias, a raíz de presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19″.

“Corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”, señaló el juez.

Dentro del escrito presentado ante la Justicia, el jefe de Estado señaló que “sin perjuicio de que los hechos aquí investigados han tomado dimensión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”, e indicó que “el tiempo de pandemia donde la acción de gobierno se trasladó íntegramente al predio y mi trabajo no tuvo días ni horarios determinados”.

Mirabelli entendió que los argumentos del Jefe de Estado “adolecen de las condiciones necesarias para su procedencia en el caso” para determinar la inexistencia del delito.

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Revés para CFK: un juez de la causa Cuadernos fue designado en Hotesur-Los Sauces

Fue elegido por sorteo por la Cámara Federal de Casación Penal, en lugar del anterior subrogante, Adrián Grunberg, quien finalizó su reemplazo en el Tribunal Oral Federal número cinco el último día de noviembre

Novedades en el ámbito judicial. Uno de los jueces que integra el tribunal oral que se encargará del juicio por la Causa Cuadernos fue designado como subrogante en lo que queda todavía en pie del expediente por la explotación de las empresas hoteleras de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces.

Se trata de Fernando Canero, un ex secretario de la Corte Suprema que fungió también como secretario de un tribunal oral penal ordinario.

Fue designado por sorteo por la Cámara Federal de Casación Penal, en reemplazo del anterior subrogante, Adrián Grunberg, quien finalizó su reemplazo en el Tribunal Oral Federal número cinco el último día de noviembre.

Según detalla el diario Clarín, el lugar sobreseyó a todos los imputados por las causas Los Sauces y Hotesur, pero ese fallo será apelado en las próximas horas y será la propia Cámara de Casación la que deberá resolver si lo confirma o lo revoca. En el caso de revocarlo, deberá volver a la instancia anterior, probablemente con el mandato de realizar el juicio oral.

En esa instancia, ya no podrá estar el otro juez que conformó mayoría con Grunberg, Daniel Obligado, porque él ya opinó que no hubo delito, de modo que emitió una opinión definitiva previa a la eventual celebración del debate. La tercera jueza es Adriana Palliotti, quien falló en contra de la mayoría en Los Sauces y Hotesur y se inclinó por la realización del juicio.

A propósito de Obligado, también fue designado (por sorteo( para subrogar en el Tribunal Oral Federal número seis, en reemplazo de Rodrigo Giménez Uriburu.

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Procesaron a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan

El ex Presidente de la Nación tiene prohibido salir del país y fue embargado por la suma total de 100 millones de pesos.

Tras una decisión del juez Martín Bava, Mauricio Macri quedó procesado en la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a las familias de las víctimas del ARA San Juan, el submarino en el que viajaban 44 tripulantes y que estuvo desaparecido entre noviembre de 2017 y fines del 2018.

“El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez Federal de Dolores en su resolución.

Según Bava, está demostrado que la AFI macrista hizo seguimientos ilegales contra parientes y amigos de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri fue quien los autorizó. Por eso, lo encontró “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.

Además de prohibirle salir del país y embargarlo por la suma de 100 millones de pesos, el magistrado dispuso que Macri no podrá “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. El expresidente tendrá que informarle a Bava, asimismo, “cualquier cambio de domicilio”.

Para quien fue ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.

“Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, (Macri) ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.

Actualmente, el ex mandatario argentino se encuentra en Chile. El juez dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”. La causa ya tenía once procesados, entre los que se encontraban los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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