La ONU considera que el fallo que atenuó la pena de un violador “estigmatiza” a la víctima

El fallo de Horacio Piombo y Ramón Sal Llargués, los jueves que resolvieron reducir la condena al abusador de un menor porque “era homosexual” no cesa de generar controversia. Al repudio general que recibió en el mundo judicial y político, ahora se sumó una voz de la ONU, que advierte sobre su desconocimiento sobre los derechos del niño.

Según informó Infobae, Amerigo Incalcaterra, representante de Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sostuvo que, con su sentencia, los jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense “vulneran los estándares internacionales y el principio del interés superior del niño contenido en los tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina”.

[pullquote position=”right”]La ONU considera que el fallo que atenuó la pena de un violador “estigmatiza” a la víctima[/pullquote]

Para Incalcaterra, “los argumentos revictimizan, estigmatizan y discriminan al niño que ha sufrido el abuso sexual y desconocen un derecho fundamental reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, como lo es la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, que tiene que brindar el Estado en su conjunto sin distinción alguna”.

“Los jueces al ser garantes de la aplicación de los tratados internacionales ratificados por el país deben siempre tener en cuenta al interés superior y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, evitando que sean discriminados y revictimizados”, apuntó. Por eso, señaló que “es imperioso que el poder judicial de la Provincia de Buenos Aires establezca un programa de capacitación continua a los operadores de justicia” sobre la materia.

Con sede en Santiago de Chile, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) fue inaugurada el 23 de septiembre de 2009. Su misión es observar, promover y proteger los derechos humanos en seis países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.