Sociedad General
Por negativa al pago de la suba, recrudece el malestar policial en tres provincias
Hay temor por la posibilidad de que los efectivos retomen las protestas que propiciaron los saqueos

Tres provincias que “habían llegado a un acuerdo” con las fuerzas policiales tras las protestas y los consiguientes saqueos, hoy se niegan a cumplir lo pactado, por considerar que la paz se firmó bajo “extorsión”.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, dio marcha atrás con el incremento salarial a la Policía de su provincia, amparado en un dictamen de la justicia.
La decisión del mandatario provincial se basó en el análisis del procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, quien consideró que el acuerdo es “nulo e ilegítimo” y que fue “arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición”.
El mandatario entrerriano utilizó el sendero de su par chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien fue el primer líder provincial que se mostró en desacuerdo con cumplir lo que se había pactado, por considerar que la negociación se llevó a en medio de una extorsión.
“Yo hice la denuncia en la Procuración y en la Justicia para que se investiguen los hechos (de la revuelta policial). Hay más de 300 personas citadas por los acontecimientos. La mayoría de los que protestaron eran suboficiales y puede ser que sean imputados por el delito de sedición”, apuntó Bacileff Ivanoff. [pullquote position=”right”]Por negativa al pago de la suba, recrudece el malestar policial en tres provincias [/pullquote]
En Misiones, el gobernador Maurice Closs dio marcha atrás con la tasa de 99 centavos a la producción de yerba mate que se creó para afrontar los recientes aumentos a la policía provincial y para paliarlo, evalúa solicitar al Ejecutivo nacional que autorice un aumento en el precio de venta al público.
La suba otorgada durante las protestas de diciembre llegó a establecer un nuevo salario mínimo de 8.000 pesos, pero con el desconocimiento del acuerdo finalmente quedó en 6.000 pesos. Esto podría desencadenar una nueva serie de protestas similares a las de diciembre y dejar, una vez más, a la ciudadanía desprotegida.

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