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Judiciales

Como Al Capone: La evasión fiscal es la clave que puede complicar a Báez

El juez Casanello busca pruebas de que Lázaro evadió impuestos y podría ser condenado por lavado de dinero

En la causa por lavado de dinero que tiene en su contra Lázaro Báez, la evasión de impuestos es la clave que puede complicarlo. La empresa más comprometida es la firma Gotti SA, de la que Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, fue abogado.

Esto es así dado que, en la ley vieja de lavado, que rige para esta causa, se obliga a la Justicia a determinar que el dinero supuestamente lavado proviene de la comisión de otro delito, ya sea narcotráfico, tráfico de armas, de personas, piratería del asfalto, o el más común y fácil de probar: evasión fiscal.[pullquote position=”right”]Como Al Capone: La evasión fiscal es la clave que puede complicar a Báez[/pullquote]

En este sentido, el juez federal Sebastián Casanello pidió acceso a las causas de Formosa, Chaco y Santa Cruz, en donde se investiga la comisión de supuesta evasión fiscal de las empresas de Báez.

Con el fin de trabar la causa, el Gobierno hizo lo posible para que Báez no fuera investigado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En consecuencia, el oficialismo desmanteló todo equipo que haya tocado la causa, en particular a quienes conocen el tema a fondo, quienes ya tienen las pruebas contundentes contra el empresario, algunos de los cuales aún trabajan dentro de la Afip.

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“Tranca, soy la mejor”: quién es la azafata que cayó por contrabandear joyas, relojes y oro en un vuelo de Buenos Aires a Miami

La “mula VIP”, como se las conoce en la jerga aeroportuaria, fue procesada por intentar contrabandear una suma de US$ 210.000 desde Ezeiza hacia Miami. La justicia cree que se trata de una red de comercio ilegal, no de un caso aislado

Laura Diana Schulz (58) bien podría formar parte de la tripulación de Frank Abagnale Jr., el falso piloto de Catch me if you can que burló y estafó a la aerolínea norteamericana PanAm por años.

Es azafata de American Airlines, y fue procesada por el contrabando de oro, joyas, relojes, fajos de dinero y productos electrónicos, según la requisa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en Ezeiza, a fines de septiembre.

“Todo tiene arancel de aduana que yo dejo al pasar un porcentaje, salvo electrónica que eso sí tiene su precio fijo, pero también todo depende del día aduanero, humor etc, etc. Por eso los precios de cualquier cosa que no sea electrónica los digo cuando las tenga en mano y cuando regrese. Igual tranca que yo soy barata, jaja. Por eso soy la mejor“, dice uno de los diálogos de WhatsApp que le descubrieron a Schulz.

Su ruta era Miami-Buenos Aires, pero lejos de tratarse de favores particulares, la investigación sugiere que se trata de toda una red negocios que cuenta con más tripulantes cómplices en Aduana y conexiones privadas en Estados Unidos. De hecho, si uno da un paseo por la calle Libertad, puede oír hablar de las “palomas”. De la misma manera, en la jerga aeroportuaria las llaman “mulas VIP”.

El juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6, encontró pruebas en contra de Schulz por tentativa de contrabando y lavado de activos, en una investigación realizada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación.

Si bien Schulz está en libertad porque los delitos de los que se la acusa son excarcelables, los US$ 210.000 que suman los productos que se le secuestraron (gramos de oro en pequeños lingotes, brazaletes, pulseras, aritos, cadenitas y colgantes, prendedores, relojes marca Rolex) antes de embarcar al vuelo AA900, saliente de Ezeiza, complican su argumentación. Según su abogado, ese monto se correspondería con una herencia familiar que la imputada iba a depositar en una caja de seguridad en Estados Unidos.

Con ese panorama, Aguinsky la embargó este viernes por 93 millones de pesos, le retuvo el pasaporte -estaría suspendida de su trabajo- y le prohibió salir del país.

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Confirmaron la fecha de inicio del juicio a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa

Será el 2 de enero de 2023. La familia del joven asesinado a golpes a principios de 2020 esperaba que la instancia oral comenzara antes del segundo semestre del año que viene. La carátula contra los acusados reza “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) n° 1 de Dolores finalmente confirmó la fecha de inicio del juicio a los ocho rugbiers que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Pero en vez de traer alivio, la familia lo vive como un golpe porque tendrán que esperar al 2 de enero, no del próximo año, sino del 2023. Aún así, no pierden la esperanza de que se hará justicia.

“Necesitamos que determinen a los culpables y que paguen si es posible con la perpetua. Necesitamos que esto quede en la retina de todos los padres, de todos los argentinos lo que hicieron estos muchachos; porque yo todavía no entiendo porqué a mi hijo. No puede ser que pibes de la edad de mi hijo tuvieran tanta maldad en la cabeza o en la sangre para hacer eso. Para mi es imperdonable”, dijo Silvino, el padre de Fernando Báez.

La carátula que enfrentan los imputados es “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la prisión perpetua, y las pruebas son elocuentes. Es por ello que la familia apuntaba a dar inicio a la instancia oral antes del segundo semestre de 2022. Sin embargo, en la burocracia del sistema judicial no se encontró un espacio en la agenda, por lo que se decidió posponer la causa 14 meses.

“Teniendo todas las pruebas, tenés que esperar igual. Los familiares de la víctima no tienen Justicia, tenés que estar peleando todo esto con dolor en el alma. En ese sentido, los asesinos tienen más privilegios”, cuestionó Silvino. “Mi hijo fue asesinado en el 2020 y tengo que esperar tres años para que esto se concrete. Espero que la fecha quedé ahí, que no se la mueva más porque necesitamos que esto se ponga serio”, reclamó.

Cómo será el juicio

El proceso constará de 22 audiencias a realizarse de lunes a viernes durante el período de feria judicial, y prestarán testimonio 130 testigos ante el tribunal compuesto por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

De acuerdo con la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22). Los otros dos imputados en principio, Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20), fueron sobreseídos de la causa.

La prensa tendrá acceso a las audiencias, con la excepción de que por pedido expreso de las partes alguna jornada se realice a puertas cerradas.

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Causa Oil: el fiscal pidió prisión para Echegaray, De Sousa y Cristóbal López

Juan García Elorrio reclamó penas superiores a los cuatro años para cada uno de los imputados; los acusó de “defraudación en perjuicio de la administración pública”

Novedades en la causa Oil Combustibles: el fiscal Juan García Elorrio pidió condenar a cuatro años y ocho meses de prisión al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a cuatro años y cuatro meses de prisión a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el fiscal los acusó de “defraudación en perjuicio de la administración pública” y en ese contexto pidió que Echegaray sea condenado además a la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos y al decomiso de bienes de López y De Sousa.

García Elorrio cuantificó la deuda del grupo empresario en unos 5.900 millones de pesos, unos dos mil millones menos que los ocho mil por los que fueron originalmente imputados.

Por su parte, los empresarios argumentan que esa deuda estaba documentada y los planes de pago se estaban cumpliendo en tiempo y forma hasta que, con el cambio de autoridades de la AFIP, fueron dejados de lado para impulsar una causa penal en su contra.

A lo que el fiscal replicó que Oil Combustibles era la empresa recaudadora del Grupo Indalo para financiar nuevas inversiones a través de la evasión del impuesto a los combustibles, “que no se pagaba en tiempo y forma”.

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