El jefe de los fiscales de Entre Ríos aseguró que el pacto salarial policial es nulo

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos,  Jorge García, evaluó que el acta firmada el 9 de diciembre entre Sergio Urribarri y los policías que llevaban adelante un motín es nula.

“Es ilegítima y por lo tanto carece de entidad jurídica”, aseveró el funcionario.

García apuntó como prueba la fotografía que se difundió del momento en que se rubricaba el acuerdo que ponía fin a la protesta, en la que se observa que los efectivos que rodeaban al mandatario portaban sus armas reglamentarias.

“Devenida la calma, queda claro que la foto que circuló una vez que se cerró el acuerdo y el propio texto son la prueba patética y patente de la extorsión, a tal punto que el acta aquella va a encabezar la denuncia penal que vamos a realizar”, advirtió.

“Nadie hace ostentación, pero el arma reglamentaria está en la cintura y en ese sentido el testimonio gráfico es de una contundencia real y simbólica que exime de mayores consideraciones. Esto es la prueba de que se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición”, señaló.[pullquote position=”right”] El jefe de los fiscales de Entre Ríos aseguró que el pacto salarial policial es nulo[/pullquote]

“El acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados”, afirmó.

“Ni bien salgamos de la feria judicial se hará la denuncia penal. Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial y, paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en tantísimas filmaciones”, anticipó.

“Penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, es ilegítima, nula, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados”, afirmó.