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Judiciales

Juicio por encubrimiento en la causa AMIA comenzará el 6 de agosto: quiénes son los acusados

Serán juzgado el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano y el reducidor de autos Carlos Telleldín, entre otros

El próximo 6 de agosto comenzará el juicio oral por el presunto encubrimiento de la investigación penal del atentado a la AMIA, en el que serán juzgados el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano y el reducidor de autos Carlos Telleldín, entre otros.

Fuente judiciales informaron que el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costable, fijó la fecha para juzgar el presunto pago de 400 mil dólares para acusar a policías Bonaerenses y el desvío de la llamada “pista Siria”.

Los siguientes son los protagonistas del segundo juicio por el atentado contra la AMIA, donde se investiga una serie de encubrimientos, privaciones ilegales de la libertad y pagos a detenidos durante la tramitación de la causa por la voladura de la mutual judía.

Carlos Saúl Menem

Era presidente de la Nación al momento de la voladura de la mutual judía. Acusado de delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad. Se le imputa haber ordenado en un primer tramo de la investigación el desvío de un allanamiento que estaba por hacerse en la casa de un sospechoso, originario del pueblo de Siria de donde provenía su familia.

Juan José Galeano

Instruyó la causa por el ataque a la AMIA desde que fue cometido, el 18 de julio de 1994, hasta que nueve años después fue separado del expediente por posible fabricación de pruebas. En 2005 fue removido de la magistratura. Está procesado por peculado, coacción a dos testigos, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, prevaricato, violación de medios de prueba.

Hugo Alfredo Anzorreguy

Jefe de la SIDE en el Gobierno de Carlos Menem (1989-99), reconoció que el organismo utilizó en 1996 la suma de 400 mil pesos, asignados como fondos reservados, para gratificar al entonces detenido Carlos Telleldín. Procesado por peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.

Ramón Mullen y José Barbaccia

Fiscales del caso AMIA durante la etapa instructoria que encabezó Galeano y en el juicio oral y culminó en 2004 con la absolución de todos los acusados como cómplices del atentado. Procesados como partícipes necesarios del delito de peculado, coacción y privación abusiva de la libertad agravada

Patricio Miguel Pfinnen

Era jefe de Contrainteligencia de la SIDE. Procesado por peculado.

Juan Carlos Anchezar

Ex Subsecretario de Inteligencia, acusado por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

Carlos Alberto Telleldín

Era doblador de autos y en 1994 fue detenido por delitos comunes, en el marco de la causa por el atentado. Luego fue imputado y cumplió 10 años de prisión preventiva durante los cuales se graduó como Abogado. Absuelto en 2004. Admitió ser beneficiario de los 400 mil dólares que pagó la SIDE. Está procesado por fraguar evidencias para inculpar a policías. Y también espera un nuevo juicio oral por su vinculación en el atentado de la AMIA por las pruebas encontradas entre el momento de la voladura y la concreción del pago.

Ana Boragni

Pareja de Telleldín y responsable del cobro, en 1996, de los 400 mil dólares, en dos pagos de 200 mil cada uno. Procesada como partícipe necesaria de las maniobras.

Víctor Stinfale

Abogado de Telleldín. Acusado de peculado.

Rrubén Ezra Beraja

Presidía la AMIA cuando se produjo el atentado y ejercía el cargo cuando Telleldín cobró por inculpar a policías. Procesado como partícipe del delito de peculado.

José Alberto “Fino” Palacios

Fue designado al frente de la Unidad Antiterrorista en 1997 y luego jefe de la Policía Metropolitana, procesado más tarde por el escándalo de las “escuchas”. El 1º de agosto de 1994, menos de dos semanas después del atentado, estaba al frente del suspendido allanamiento que debía hacerse en el domicilio del sospechoso Alberto Jacinto Kanoore Edul. Acusado de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba.

Carlos Antonio Castañeda

Fue jefe del disuelto Departamento de Protección al Orden Constitucional de la Federal. Ya enfrentó un juicio oral por la “pérdida” de 768 intervenciones telefónicas hechas a la casa de Telleldín. Está acusado de encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.

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Ruta del dinero K: el fiscal Marijuan solicitó seguir investigando a Cristina Kirchner

Considera que la vicepresidenta tuvo un importante rol en el lavado de dinero que está bajo la lupa. Por la misma causa ya fue condenado Lázaro Báez

Novedades en el terreno judicial: el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó seguir investigando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero k”.

Es en respuesta a un requerimiento del juez Sebastián Casanello quien intenta definir la situación de la Vicepresidenta, a quien hace tres años le impuso la falta de mérito, esto es que no hay mérito para investigarla pero tampoco para desvincularla.

Dentro de este expediente ya fue condenado el empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión, por el lavado de 55 millones de dólares.

En un extenso escrito al que accedió el canal TN, Marijuan afirmó: “En relación al motivo de la vista conferida y respecto de Cristina Elisabet Fernández, esta parte considera que la investigación no se encuentra acabada, estimando necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante”.

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Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

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Pacto con Irán: la DAIA apelará el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

Se le pedirá a la Justicia que revise la decisión del Tribunal Oral Federal 8 en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA

Novedades en el terreno judicial: la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) anunció que resolvió apelar el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros imputados en la causa por encubrimiento del Memorándum con Irán.

“La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, tras la realización de una convocatoria histórica, en la que las entidades adheridas y filiales expresaron sus distintas posiciones sobre los pasos procesales a seguir”, informó el espacio.

“Tras haber escuchado a la comunidad en su diversidad, el Consejo Directivo definió esta tarde apelar la decisión del tribunal en un hito trascendental para el organismo y consecuente con la posición sostenida durante los últimos tres años de llevar la causa a juicio oral”, siguió el comunicado.

“En ese sentido, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que ‘resultó de enorme importancia que nos hayamos escuchado, porque a partir de allí hemos tomado una decisión colectiva, lo que en los hechos significa darle volumen político y legitimidad a esa resolución’”, agregó.

La apelación de la DAIA será tratada por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

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