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Judiciales

El fiscal Campagnoli volvió a pedir su restitución ante la Justicia

El abogado del fiscal, el ex diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra, apeló el rechazo de la medida cautelar que dictó el juez Pablo Cayssials para que ahora intervenga la Cámara del fuero

El suspendido fiscal de instrucción José María Campagnoli volvió hoy a pedirle a la Justicia su restitución en el cargo, hasta que se realice el juicio político en su contra.

El abogado de Campagnoli, el ex diputado de la UCR y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra, apeló el rechazo de la medida cautelar que dictó el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials para que ahora intervenga la Cámara del fuero.

Gil Lavedra le dijo a DyN que en los próximos días pedirán la habilitación de la feria judicial de enero para que el tema sea analizado por la Cámara durante el receso de verano. [pullquote position=”right”]El fiscal Campagnoli volvió a pedir a su restitución ante la Justicia[/pullquote]

Campagnoli fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Fiscales por 4 votos a 3 en una causa en la que está acusado de presunto mal desempeño de sus funciones en un expediente en el que investigaba al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

El fiscal fue acusado y enviado a juicio político por una comisión evaluadora y por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, por presuntamente haber modificado el objeto de la causa en la que Báez pasó de denunciante a imputado, en violación a las reglas procesales.

Campagnoli denunció que sufría una persecución por investigar a un empresario cercano a los Kichner y se presentó en la Justicia para pedir su restitución en el cargo.

El juez Cayssials rechazó el planteo por considerar que “no surge con nitidez la alegada arbitrariedad manifiesta del Tribunal de Enjuiciamiento en orden a la decisión de suspender en sus funciones” a Campagnoli, quien ahora recurrió a la Cámara.

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Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

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Pacto con Irán: la DAIA apelará el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

Se le pedirá a la Justicia que revise la decisión del Tribunal Oral Federal 8 en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA

Novedades en el terreno judicial: la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) anunció que resolvió apelar el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros imputados en la causa por encubrimiento del Memorándum con Irán.

“La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, tras la realización de una convocatoria histórica, en la que las entidades adheridas y filiales expresaron sus distintas posiciones sobre los pasos procesales a seguir”, informó el espacio.

“Tras haber escuchado a la comunidad en su diversidad, el Consejo Directivo definió esta tarde apelar la decisión del tribunal en un hito trascendental para el organismo y consecuente con la posición sostenida durante los últimos tres años de llevar la causa a juicio oral”, siguió el comunicado.

“En ese sentido, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que ‘resultó de enorme importancia que nos hayamos escuchado, porque a partir de allí hemos tomado una decisión colectiva, lo que en los hechos significa darle volumen político y legitimidad a esa resolución’”, agregó.

La apelación de la DAIA será tratada por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

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Macri decidió no presentarse a declarar y el juez lo convocó nuevamente para el 28 de octubre

Martín Bava reclinó la recusación del expresidente de la Nación, por lo que deberá asistir la semana próxima al juzgado por la causa acerca de acusación de espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan

El expresidente de la Nación Mauricio Macri no se presentó a declarar y el juez federal Martín Bava rechazó su recusación, por lo que el ingeniero fue convocado nuevamente para dar su versión de lo sucedido con los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

El submarino perdió el contacto con la tierra en noviembre de 2017, momento en el que gobernaba Mauricio Macri. La acusación que se le hizo al entonces presidente consiste en un presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes que perdieron la vida en la tragedia del ARA San Juan.

El 28 de octubre a las 12 del mediodía es la fecha en la que Macri deberá presentarse ante la justicia. Recordemos que es el tercer llamado que se le hace, luego de que no lo haga el 7 de octubre, debido a que no se encontraba en Argentina, y tampoco en el día de hoy.

“No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna”, explicó el juez Bava en Télam.

Macri no se quedó callado por redes sociales y opinó ayer, un día antes de su cita, acerca de la situación: “El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme“. Además, el expresidente tildó al juez de “incompetente”.

“Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad”, agregó Macri.

 

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