Seguinos en nuestras redes

Política General

Morales espera la autorización de las listas acopladas y busca “colgarse de todos, incluso de Margarita Stolbizer”

El candidato a gobernador de Jujuy por la UCR habló sobre la dificultad de acoplar candidatos a diputados y gobernadores en las listas de los candidatos presidenciales para asegurar el territorio del partido

El senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy) dijo hoy que espera que el Comité Nacional del radicalismo autorice que las listas de candidatos a diputados nacionales y a gobernadores vayan “colgadas” de “la mayor cantidad de candidatos a Presidente” posible, para que se mantenga “la estructura territorial del partido”.

“En la medida que los candidatos a diputados nacionales y a gobernadores del radicalismo puedan ir colgados de la mayor cantidad de candidatos a Presidente me parece que allí salvaguardamos la estructura territorial del partido”, explicó.

[pullquote position=”right”]Morales espera la autorización de las listas acopladas y busca “colgarse de todos, incluso de Margarita Stolbizer”[/pullquote] En una entrevista por FM Blue, Morales dudó de la perfomance electoral que tendrá el candidato presidencial del partido Ernesto Sanz, motor del acuerdo entre la UCR y el PRO, y fundó su parecer en “datos concretos” de las encuestas y “expectativas”.

Morales marcó que “en la mayoría de las provincias podríamos acoplar los candidatos a gobernadores, los candidatos a diputados nacionales a todos los candidatos presidenciales incluida Margarita” Stolbizer, precandidata presidencial de UNEN.

El senador reconoció que no sabe “cuál es la letra fina de lo acordado” con Macri, pero sostuvo que “es un tema que va a tener que precisar Sanz y obviamente cumpliendo compromisos que se han planteado en la Convención” que la UCR celebró en Gualeguaychú.

Preguntado sobre a qué candidato presidencial votará, el senador aseguró que en las PASO “voy a votar al candidato de mi partido” y después, en la elección general, “vamos a ver qué pasa”, admitió.

Morales desestimó que, al menos en su distrito, pueda haber una lista única de candidatos a diputados nacionales porque indicó que en Jujuy la UCR tiene un acuerdo con el socialismo, el GEN y el Frente Renovador al que ahora se sumó el PRO, por lo que reconoció que “si no hay acuerdo cada quien tendrá que llevar su lista”.

El legislador reiteró que coincide con Macri en que de ganar la elección presidencial la UCR no habría un gobierno de coalición con el PRO y recordó que ambos partidos tuvieron posiciones diferentes en cuanto a las reestatización del sistema jubilatorio y de Aerolíneas Argentina y en materia de políticas públicas.

Morales resaltó que “viene una etapa diferente del país donde va a haber que construir consenso, donde las leyes van a ser construcciones y donde creo que el radicalismo va a tener un rol central en ese sentido”.

Por ello, ratificó que “si no le toca a Ernesto Sanz ser Presidente me parece que nosotros no tenemos nada que hacer en un gobierno del PRO” y los acuerdos, como ocurre en las democracias europeas, serán a nivel parlamentario.

Morales estimó que “nadie va a tener mayoría propia” y eso obligará a lograr consensos para lo que aspira que el bloque de la UCR llegue a 50 diputados. “Lo único que necesitamos es que nos autoricen a colgarnos de todos. De Macri, de Ernesto Sanz, de Margarita y de Sergio Massa”, subrayó el líder radical jujeño.

Política

En un guiño a la CGT Alberto Fernández le giró $7.390 millones a las obras sociales

Se trata de una parte de un desembolso total de 11 mil millones de pesos destinados a financiar los gastos extra que debieron asumir por la pandemia

En el día de ayer el Gobierno dio paso al cumplimiento de la Decisión Administrativa 894/2021 publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre que establecía un reajuste en las partidas presupuestarias. Según las planillas anexas de esa resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), órgano de control de obras sociales y prepagas, recibió una “contribución de la Administración Central para financiar gastos corrientes”.

Según consigna el medio Ámbito, la medida consiste en comenzar a cumplir con una promesa que el presidente, Alberto Fernández, le había hecho a la CGT para solventar los gastos extra que tuvieron que asumir las obras sociales por la pandemia. En este sentido, las prestadoras de salud sindicales esperan recibir en lo que resta del año más de 11 mil millones de pesos luego de haberle presentado su estructura de costos.

Parte de esa “deuda” que contrajo el presidente, la saldó en el día de ayer cuando destinó 7.390 millones de pesos para que sean distribuidas entre las obras sociales. De esta forma, en Casa Rosada quedará pendiente transferir cerca de $4.000 millones.

Los fondos enviados, según consigna el mismo medio, surgen de un recorte de presupuesto realizado a los ministros de Educación y Transporte ya que se considera que ese dinero esta destinado a cubrir las prestaciones por esos rubros dadas por las entidades de salud de los gremios: traslados, movilidad y servicios educativos para discapacitados.

El Gobierno manejó esta reasignación con mucho secretismo y así lo evidencia esta Decisión Administrativa ya que el desembolso aparece al fondo de las planillas de la misma. En concreto, en la página 206 de las 208 que tiene el Anexo I de la norma que postula que “resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, a los efectos de afrontar parcialmente los incrementos del mecanismo de integración que cubre las prestaciones médico-asistenciales previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.

Fuente: Ámbito Financiero

Continuar leyendo

Política

La fuerte amenaza de Mario Ishii contra la prensa: “Un día el pueblo se va a levantar contra los medios”

El intendente de José C. Paz cuestionó la cobertura periodística de la pandemia y apuntó contra quienes criticaron a Alberto Fernández.

Noticia en desarrollo…

Continuar leyendo

Política

Cuadernos | Paolo Rocca, cerca del sobreseimiento por un “olvido” del Gobierno

Los letrados del organismo fueron sumariados por considerar que actuaron con “intencionalidad”, según sostuvieron fuentes judiciales.

Por un “olvido” del Poder Ejecutivo, el CEO de Techint, Paolo Rocca, su principal operador, Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta, que habría oficiado como valijero del dinero que la principal compañía industrial argentina entregó a funcionarios kirchneristas, quedaron a un paso del sobreseimiento en la causa que investiga los cuadernos de las coimas y que tiene a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como principal acusada de haber encabezado una asociación ilícita.

En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Estado, decidió sumariar a sus abogados involucrados sobre los cuales no sólo recae la responsabilidad del “olvido” sino también entiende actuaron con “intencionalidad”.

El organismo que dirige Carlos Cruz ya había cesanteado al director de Litigios Penales, Claudio Castelli previamente al inicio de un sumario administrativo con los dos abogados que “olvidaron” apelar la decisión del juez Julián Ercolini.

La semana pasada la UIF presentó un recurso de Casación ante “la Sala I de la Cámara Federal de Casación para que la misma lo eleve para su tratamiento a la Cámara Federal de Casación Penal y se puedan revisar los sobreseimientos”, explicaron desde el organismo antilavado.

“Los jueces Bruglia y Bertuzzi declararon inadmisible el recurso interpuesto declarando que no hubo arbitrariedad en el fallo por ellos dictado. El resultado era esperable, en tanto que los mismos jueces no iban a admitir la arbitrariedad de su fallo, se cuestiona sin embargo que no hayan derivado la admisibilidad del recurso en ese punto a la Casación, dada su falta de objetividad para poder analizar la arbitrariedad de su propio fallo”, dijeron.

Fuentes del organismo admitieron a Infobae que se abrió una investigación interna para buscar responsabilidades por esa inacción penal en la causa de los cuadernos. Hay mientras tanto un planteo para intentar que se declare “cosa juzgada írrita” la decisión que dejó a salvo del caso a los empresarios de Techint. “Nos encontramos ante un caso que constituye un ‘atentado contra el sistema democrático’”, sostiene la presentación.

La “cosa juzgada írrita” es una figura incómoda para el mundo de los tribunales que se aplica cuando se demuestra que en un juicio no se han respectado las reglas del debido proceso o cuando los jueces o obraron con independencia e imparcialidad.

En agosto pasado, tras un planteo de la defensa, el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de los hombres de Techint, incluso de Zabaleta que había declarado como imputado-colaborador reconociendo un delito.

Al mismo tiempo, el juez procesó al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta por dádivas -es decir, recibir el dinero de Techint- pero se sobreseyó a los directivos de la empresa por entender que los pagos que admitieron estaba justificados en razones humanitarias.

“La ausencia de responsabilidad en los sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero -la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario público implicado, resulte ser una conducta que se subsume directamente bajo el tipo penal analizado”, dijo Ercolini.

Continuar leyendo

TE PUEDE INTERESAR