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Otorgan importante licitación a un allegado a Boudou

Un amigo de la infancia de Boudou, también vinculado a la causa Ciccone fue beneficiado por un generoso contrato con el Estado

London Supply, ligada a un grupo económico que integra un amigo de la infancia de Amado Boudou y que inyectó dinero para sacar a la ex Ciccone de la quiebra, ganó la licitación para gerenciar una zona franca en Santa Cruz, según el Boletín Oficial del jueves pasado.

Lo vergonzoso es que ese grupo se encuentra investigado, además de por la causa ex Ciccone, porque accedió al control de otra zona franca, en Paso de los Libres, Corrientes, sin licitación ni conocimiento del Ministerio de Economía.

El grupo económico, llamado Paso de los Libres Zona Franca, pagó por las acciones de ese emprendimiento unos 150.000 dólares, una cifra que está siendo investigada, pues cuando se produjo la venta los medios de prensa locales hablaron de que el precio a pagar era de 5 millones de dólares. [pullquote position=”right”]Otorgan importante licitación a un allegado a Boudou[/pullquote]

Así consta en una investigación judicial que realizó la Oficina Anticorrupción por denuncia del periodista de Corrientes Jacinto Alejandro Aguirre. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, que se declaró incompetente y la envió al juzgado local de Gladis Borda.

El grupo económico dueño de las acciones de la zona franca correntina está integrado en un 85% por London Supply, en un 10% por Searen SA y en un 5% por Global Victory Group. El nombre de Boudou aparece ligado al menos a dos de esas firmas. London Supply está presidida por Ernesto “Teddy” Taratuty, tío de Miguel Ángel Castellano, supuesto controlante de Searen.

London Supply administra el nuevo aeropuerto de El Calafate, por obra de Néstor Kirchner, y se quedó con las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia. Maneja negocios en 19 puertos, posee la zona franca de Puerto Iguazú, los Duty Free Shops de Tierra del Fuego e Iguazú, la administración de las terminales aéreas de Bariloche, Trelew y Ushuaia.

Searen SA es la dueña del departamento del edificio Madero Center donde reside Boudou desde hace años. Les paga un alquiler, según su declaración jurada.

Ambas firmas tienen su sede en Puerto Madero, en la calle Olga Cossettini 340, piso 2. Allí también está afincada la empresa London Free Zone SA, que declaró haber aportado 300.000 pesos al Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales de 2007, que llevaron a la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou al poder. Así consta en los registros de la ONG Poder Ciudadano, basados en constancias de la justicia electoral.

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AFIP: cuáles son las maniobras que favorecieron a empresarios y funcionarios kirchneristas

Según Mercedes Marcó del Pont y sus máximos colaboradores, hicieron lo correcto. Todas sus decisiones en el organismo apuntaron a corregir arbitrariedades de las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli

Durante las últimas semanas, la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, le comunicó a la Justicia que el organismo ha desistido de seguir acusando a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y a su antecesor al frente del puesto durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray.

Un informe del diario La Nación detalla diferentes maniobras que hicieron ruido: la gestión de Marcó del Pont dispuso el reintegro o el ascenso de determinados funcionarios y técnicos del organismo, y el apartamiento o castigo de otros, de acuerdo a su afiliación partidaria o su actuación funcional y sus declaraciones en tribunales durante los últimos años.

Desde la AFIP sostienen, sin embargo, que las decisiones adoptadas durante los últimos años no apuntan a beneficiar a la actual vicepresidenta, Lázaro Báez, Cristóbal López o Ricardo Echegaray, entre otros, sino a “ordenar” y “corregir” decisiones adoptadas durante el gobierno de Mauricio Macri, al que le endilgan “hostigamiento” y “lawfare administrativo”.

Se nombró al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) a la ex cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García. También se desarticuló del grupo de trabajo que respondió los oficios con pedidos de información que la Justicia envió en la “causa Cuadernos”.

Se convalidó (y, por tanto, no se apeló), el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que benefició a Lázaro Báez, al excluirlo como presunto jefe de la asociación ilícita destinada a la evasión y el lavado que se investiga en esa jurisdicción

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Deuda de Oil: la AFIP defendió la moratoria excepcional para Cristóbal López

Desde el espacio que lidera Mercedes Marcó del Pont recuerdan que esa medida se aprobó en el Congreso bajó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

Novedades en materia financiera. La AFIP salió de defender la moratoria y planes de pago con beneficios excepcionales que le entregó a Cristóbal López y Fabián De Sousa para regularizar la deuda de Oil Combustibles.

Sostuvieron que el plan que se le entregó a los empresarios K fue en el marco de la Moratoria 2020, “uno de los instrumentos diseñados por el Gobierno para ofrecer alivio a las familias, comercios, profesionales, pymes, grandes empresas, monotributistas y entidades sin fines de lucro” en el medio de la pandemia de coronavirus.

Desde el espacio que lidera Mercedes Marcó del Pont recuerdan que esa moratoria se aprobó en el Congreso bajó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

“La firma (por Oil Combustibles) regularizó sus obligaciones tributarias en el marco de la moratoria prevista por ley en las mismas condiciones que fueron utilizadas para generar los 1,2 millones de planes de pago que permitieron regularizar $533 mil millones en deuda impositiva, previsional y aduanera vencida”, sostuvieron en el organismo y agregaron: “Todos los contribuyentes adhirieron en idénticos términos, no existen planes especiales ni beneficios extraordinarios”.

Los planes para López, De Sousa y Oil Combustibles son dos. Uno de 40 cuotas y otro de 96. López pagó la primera cuota justo el mismo día que la AFIP se retiraba de la querella en el juicio contra él. Además, los planes ajustan 20 puntos por debajo de la inflación anual que hoy es del 51% según datos oficiales.

Desde la AFIP, además, apuntaron contra la oposición. “Son falsas las declaraciones realizadas por distintos legisladores opositores sobre la excepcionalidad de esta moratoria con relación a la posibilidad de regularizar deudas por el impuesto a los combustibles líquidos”.

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Deuda con la AFIP: cómo es el plan de pagos de Cristóbal López y Fabián de Souza

Los empresarios patagónicos dieron otro paso en los tribunales comerciales luego de conocerse que el organismo desista de la denuncia contra ellos

Nueva decisión polémica de la AFIP: el organismo que dirige Mercedes Marco Del Pont le otorgó a Cristóbal López y Fabián de Sousa dos planes de pago extraordinarios para pagar la deuda de $8.000 millones que acumularon por no abonar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) correspondiente a la empresa Oil Cumbustibles.

Según consigna La Nación, el informe lo presentó el abogado de la petrolera Oil Combustibles, Eduardo Dubois, quien basó el plan de pagos en el “régimen de facilidades dispuesto a través de la ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”.

Dubois detalló que el primer plan de pagos es por la “deuda de impuestos, contribuciones de Seguridad Social, Autónomos y Monotributo” por un total de $12.055.278.292,52 a pagar en 97 cuotas a partir del mes próximo, tras abonar $ 482,2 millones como “anticipo”.

Esas cuotas quedarán sujetas a una tasa de interés del 2,84% mensual, en momentos en que la inflación interanual oscila entre el 45 y 50%.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo del organismo “es recaudar y con estos planes se va a recuperar casi 13.000 millones de pesos”. Por su parte, el empresario siempre sostuvo que la deuda con el fisco no superaba los 650 millones de pesos.

El organismo que condujo Leandro Cuccioli y anteriormente Alberto Abad, le reclamaba a los dueños de Oil 10.000 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, pero además sostenían que la defraudación era superior a los 5.000 millones sin contabilizar intereses y punitorios.

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