Suspensión de Campagnoli

La Justicia rechazó el pedido de cautelar y Campagnoli seguirá suspendido

El fiscal fue removido, acusado de "abuso de autoridad" en su investigación en la causa contra el empresario santacruceño Lázaro Báez. La suspensión la impulsó la Procuradora, Alejandra Gils Carbó

lunes 23 de diciembre de 2013 - 1:40 pm

La Justicia en lo contencioso administrativo federal rechazó hoy un pedido de medida cautelar formulado por el suspendido fiscal de instrucción José María Campagnoli para reasumir el cargo.

El juez de primera instancia Pablo Cayssials consideró que no estaban dadas las condiciones para el dictado de una medida provisional y urgente, y supeditó el eventual regreso de Campagnoli a la fiscalía al resultado final de la causa judicial.

Campagnoli, patrocinado por el ex camarista del juicio a los comandantes de la última dictadura y ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, había planteado una acción de amparo con pedido de medida cautelar contra la decisión de un tribunal del Ministerio Público que lo suspendió, le recortó un 30 por ciento del sueldo y lo envió ante un jury de Enjuiciamiento. [pullquote position=”right”]La Justicia rechazó la cautelar y Campagnoli seguirá suspendido[/pullquote]

“El tema traído a examen de este Tribunal excede ostensiblemente el instituto de las medidas cautelares en tanto las cuestiones planteadas requieren un estudio mucho más profundo de las que aquéllas autorizan, así como de una mayor amplitud de debate y prueba”, dijo el juez Cayssials.

“Máxime, teniendo en consideración que lo peticionado se funda en la presunta nulidad de un acto administrativo, en donde el examen del requisito del “fumus bonis juris” importaría -necesariamente- avanzar sobre la cuestión de fondo para determinar la ilegalidad o arbitrariedad que alega el aquí actor, de necesaria constatación para conferir virtualidad a la medida solicitada”, añadió.

Para el juez, “admitir la pretensión (de Campagnoli) importaría adentrarse -aún de modo provisorio- en el tema a conocer en la sentencia definitiva a dictarse, toda vez que el objeto de la demanda consiste en obtener la declaración de nulidad de las resoluciones dictadas en el marco de los expedientes administrativos”.

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