Política

Pelea entre Gobierno y la Justicia: fuego cruzado para despedir el año

La rebeldía de la Corte Suprema ante el pedido del per saltum del AFSCA en contra de la cautelar que defiende los bienes del Grupo Clarín, puso en pie de guerra a la Justicia con el Gobierno

jueves 1 de enero de 2015 - 8:07 am

Marijuán denunció que la Procuradora General de la Nación “puede nombrar a cualquiera” en el Ministerio Público y hace “concursos” de ingresos “no transparentes”. “Hay una persona, creo que es un señor Gareca de apellido, que entró de la calle (a la Procuración) como prosecretario administrativo y con cargo efectivo”, señaló el titular de la Fiscalía Federal N° 12.

“Hacen un ingreso democrático, hay que anotarse en unas listas y dar unos exámenes, pero eso rige para las fiscalías no para el ministerio público… puede nombrar a cualquiera y aunque quiera un ingreso democrático la realidad es un poco distinta a lo que dice el título”, remató.

El fiscal agregó que “hay unos 20 empleados míos que están siendo discriminados laboralmente”, refiriéndose a que no los nombran.

Marijuán es el fiscal que pidió al juez Sebastián Casanello que cite a declaración indagatoria al empresario kirchnerista Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.

El caso es que Gils Carbó, a la que irónicamente en tribunales algunos llaman la Pasionaria por su fanatismo, contraatacó rápidamente y desplazó a Marijuán de la fiscalía de la ANSES. Aparte, la procuradora general desplazó también a Eduardo Taiano de la Fiscalía Federal 5, donde subrogaba por la muerte de su titular Luis Comparatore. Taiano estaba a cargo de la causa por la compraventa de Papel Prensa. Su reemplazante será Leonel Gómez Barbella, que se desempeñaba como fiscal federal subrogante de Morón.

La ofensiva de Gils Carbó se dio simultáneamente con el primer golpe directo que la Corte Suprema le asesta al gobierno en muchos meses. El máximo tribunal, en forma unánime, había fulminado el pedido de per saltum interpuesto por Martín Sabbatella como titular de la AFSCA, contra la medida cautelar del juez en lo civil y comercial Horacio Alfonso que dispuso suspender por 6 meses la resolución 1121/14 de ese organismo disponiendo la transferencia de oficio de las licencias del Grupo Clarín que, según el gobierno, no cumplen con el procedimiento de adecuación a la ley de medios.

El tribunal decidió en consecuencia declarar inadmisible el recurso extraordinario solicitado. Es decir que, en un gesto político que debe evaluarse en toda su gravedad, la Corte ni siquiera entró a analizar los argumentos del gobierno: directamente los consideró inaceptables. En otras palabras, trató sutilmente de incompetentes a los abogados de la AFSCA.

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