Con el apoyo de radicales al kirchnerismo en Senado, el Código Civil y Comercial comenzará a regir el 1 de agosto

El oficialismo consiguió anoche en la Cámara Baja convertir en ley el adelantamiento de la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto de 2015, cuyos autores son el jefe del bloque de senadores del Frente Para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, y el designado secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández.
[pullquote position=”right”]Con el apoyo de radicales al kirchnerismo en Senado, el Código Civil y Comercial comenzará a regir el 1 de agosto[/pullquote]

El proyecto -que adelanta la fecha en lugar del 1 de enero de 2016, como planteaba la redacción original- fue aprobado por 130 votos positivos, contra 93 negativos.

Desde el oficialismo, se argumentó sobre la razones de la propuesta y se advirtió que las demandas sociales en materias como divorcio y adopción hacen necesario el adelantamiento del nuevo código y, en el recinto, se recordó que la reforma fue tratada en forma amplia desde 2012.

Desde la oposición, el rechazo se expresó incluso mediante sendos dictámenes de minoría como el del Frente Renovador, cuya autora, Graciela Camaño, expresó que la reforma del Código y su implementación es “un tema demasiado serio como para convertirlo en víctima de la campaña electoral”.

El macrismo, por su parte, a través del porteño Pablo Tonelli, también tomó distancia del proyecto oficial y apuntó que “lo más sensato y coherente es desaprobar el proyecto que se promueve, respetar el plazo dispuesto por el artículo 7° de la ley 26.994 y rechazar su adelantamiento”.

Mientras, la chaqueña Elisa Carrió promovió el rechazo de la iniciativa K e impulsó un proyecto que declara “insanablemente nula por inconstitucional la Ley 26.994”.

El jefe de la bancada de Unidad Popular, Claudio Lozano, ya había adelantado que “no existen razones, elementos, ni necesidades imperiosas que ameriten la modificación de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial” y alertó sobre la existencia de “riesgos” por el escaso tiempo de estudio que se le ha otorgado a la reforma.

“Hablamos de irresponsabilidad política y de inseguridad jurídica, más aún si se tiene en cuenta que ya se había acordado su ingreso en vigencia, por lo cual vemos nuevamente que este gobierno no respeta los consensos arribados”, arremetió.

Fuente: Agencia DyN.