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Judiciales

Las diez razones por las que la familia del sommelier piensa que no asesinó a su madre

Luciano Carlos Sosto deberá ir a juicio por ser el principal acusado de haber violado y asesinado a su madre, Estela Garcilazo

El reconocido y respetado sommelier Luciano Carlos Soto es el principal sospechoso del crimen de su madre, Estela Garcilazo, quien fue violada y asesinada el pasado 26 de diciembre de 2013. [pullquote] Las 10 razones de la familia del sommelier para comprobar que no cometió el crimen de su madre[/pullquote]

Fernando Díaz Cantón, abogado del acusado, habló con la agencia de noticias Telám y dijo: “Estamos buscando quien es el autor del hecho y queremos que no lo castiguen a Luciano porque el papá está convencido de que su hijo es inocente”.

Díaz Cantón le envió a Telám las diez razones por las cuales la familia del Sommelier sostiene que el joven es inocente.

1) “Se encontró líquido seminal en la vagina de la occisa. Quien promovió todos los exámenes genéticos sobre ese rastro y sobre la ropa de la fallecida fue el propio imputado y su padre; ninguno lo propuso la Fiscalía. Nadie promueve un examen así si teme que el resultado lo comprometa”.

2) “Ninguna de las pericias genéticas fue adversa para el imputado. No se pudo establecer el perfil genético del agresor. El examen genético principal tardó seis meses y medio en ser realizado, cuando lo aconsejable era hacerlo en el menor tiempo posible”.

3) “Existe un informe psiquiátrico y dos informes psicológicos efectuados sobre Luciano y ninguno dio evidencia alguna de una inclinación sexual incestuosa”.

4) “En la hora estimada de la muerte, establecida por una junta médica, el imputado mantuvo una larga conversación telefónica sobre temas triviales con una amiga; esto está probado con el registro de la llamada y la declaración de quien habló con él”.

5) “Los amigos y familiares que mejor lo conocían a Luciano han declarado que es una persona pacífica e incapaz no sólo de atacar con violencia a alguien sino, incluso, de defenderse de las agresiones”.

6) “La víctima presentó lesiones compatibles con acciones de defensa; sin embargo, un médico forense que revisó a Luciano unas horas después del hecho, luego de haber practicado inspección detallada de la superficie corporal no advirtió signos de lesiones externas recientes”.

7) “Existen muchas pruebas sobre la buena relación y el afecto que madre e hijo se profesaban mutuamente”.

8) “Luciano perfectamente pudo creer que se trató de una muerte natural o accidental, pues incluso una médica policial de gran experiencia criminalística, que fue a la escena del crimen, no advirtió que se trató de un homicidio”.

9) “Si se supone que Luciano Sosto ya sabía que se trató de un homicidio, ¿por qué razón, una vez que se llevaron el cadáver para la autopsia, aquél concurrió a la comisaría, al día siguiente, sin temor, personalmente, para interesarse por la entrega el cuerpo?”.

10) “Un inexperto puede tener dudas muy razonables sobre si una persona recientemente fallecida realmente lo está o bien aún no lo está y agoniza, debido a los ruidos, movimientos involuntarios y otros factores que pueden percibirse al manipular, mover o estar en presencia de un cadáver reciente”.

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Reunión con espías en el Banco Provincia: la Justicia pidió los mails y agendas de Vidal

Lo solicitó el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. También pidió material del año 2017 de los ex ministros Marcelo Villegas y Roberto Gigante y del ex subsecretario Adrián Grassi

Novedades en el mundo judicial: el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió los correos electrónicos y agendas de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y tres de sus ministros durante el año 2017, cuando ejercían sus cargos, en el contexto de la investigación de una reunión entre exfuncionarios, espías y empresarios en la sede porteña del Banco Provincia.

Los apuntados por la Justicia son Marcelo Villegas y Roberto Gigante, además del ex subsecretario de Justicia provincial Adrián Grassi.

En las imágenes, difundidas por la interventora de la AFI y autora de la denuncia, Cristina Caamaño, se ve a los entonces funcionarios con empresarios de la construcción a los que les piden evidencias para avanzar judicialmente contra Medina y se escucha a Villegas afirmar que quisiera tener una “Gestapo” contra los sindicalistas.

Para el kirchnerismo el video demuestra que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y de Vidal existió una “mesa judicial” integrada por funcionarios, jueces y efectivos de inteligencia para espiar y perseguir a opositores políticos.

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Marcha contra la Corte: el Colegio de Abogados porteño rechazó la convocatoria

Por medio de un comunicado, alertó sobre la gravedad que conlleva este acto promovido por el oficialismo en el marco de “ataque sistemático al poder judicial”

El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) manifestó su repudio a la marcha contra la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle.

Por medio de un comunicado divulgado a través de Twitter, la institución convocó “a la reflexión ciudadana ante un inminente atropello a los poderes constituidos” y advirtió que quienes se reúnan “atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste” incurrirán en el “delito de sedición”.

Además, pusieron de manifiesto la “inusitada gravedad institucional” que implica que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional adhieran a la convocatoria y pidieron alertar a la sociedad “en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas”.

Finalmente, el Colegio de Abogados porteño adhirió a la contramarcha citada para el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales, “para defender la independencia judicial”.

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Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

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