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Judiciales

Ahora una “empresa pantalla” administra el hotel de Cristina en El Calafate

Se trata de Idea S.A., que pertenece al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice. La maniobra sirve para ocultar que el control del alojamiento sigue bajo la órbita presidencial

La Justicia avanza en la investigación sobre las finanzas del hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner, una empresa sospechada de haber sido utilizada para lavar dinero de origen ilegal. La reconstrucción de la contabilidad de la compañía muestra que la familia presidencial creó una red de sociedades para manejar ese negocio sin aparecer en los papeles. En lo formal, por ejemplo, delegaron la administración comercial del Alto Calafate a la firma Idea S.A.

Pero los hechos muestran otra cosa. Según pudo saber Clarín, uno de los dueños de Idea S.A es directivo del Alto Calafate, y es también socio en los negocios inmobiliarios de Máximo Kirchner. Se trata de Osvaldo “Bochi” Sanfelice.

Hay más. Idea S.A registró como domicilio fiscal la misma dirección impositiva del Alto Calafate: avenida Kirchner 496, Río Gallegos. Son las oficinas en las que funciona la inmobiliaria de Máximo y Sanfelice. Y es el mismo lugar en el que tenía su estudio jurídico Romina Mercado, sobrina de Cristina y actual presidenta del Alto Calafate. [pullquote position=”right”]Ahora una “empresa pantalla” administra el hotel de Cristina en El Calafate[/pullquote]

¿Por qué los Kirchner usan a la empresa “pantalla” Idea S.A. para manejar la contabilidad del hotel? La Justicia indagará sobre esa cuestión. Pero una de las causas puede encontrarse en los negocios que los Kirchner hacen con el Estado: las tripulaciones de los vuelos de Aerolíneas Argentinas que van a El Calafate duermen allí.

El 29 de marzo del 2012, la oficina anticorrupción (OA) dictaminó que la presidenta no infringía la Ley de Ética Pública al beneficiarse por ese contrato. Entre sus argumentos, decía que la familia presidencial había delegado la explotación comercial del Alto Calafate a la empresa “Valle Mitre”, y que era esta firma la que fue contratada por Aerolíneas. El mismo texto, sin embargo, admite que hubo un lapso en el que los Kirchner –a través de la firma dueña del Alto Calafate, llamada Hotesur–, también facturaron sus servicios al Estado. Pero la benévola resolución asegura que eso pasó porque “Valle Mitre” aún no había terminado los trámites para tomar el control del hotel.

Las tripulaciones de Aerolíneas que van a El Calafate siguen durmiendo en hotel K. Pero ahora el Alto Calafate lo administra Idea S.A y no Valle Mitre, vinculada a Lázaro Báez, el socio de la Presidenta investigado por lavado de dinero.

¿Hay una conexión societaria entre Idea S.A y Báez?

El 20 de agosto del 2013, en plena difusión del caso de “la ruta del dinero K” que tenía a Báez como protagonista, el empresario presentó un escrito en la municipalidad de El Calafate para “certificar” su supuesto alejamiento comercial del Alto Calafate. El texto, al que accedió Clarín, muestra la absoluta vinculación del empresario con los negocios de los Kirchner. Y viceversa (ver facsímil)

El escrito informa que “Valle Mitre” es “propiedad” de otra firma de Báez, llamada “XMitre”, y explica que ésta última “ha iniciado los trámites correspondientes para la obtención del cambio de titularidad de la firma “Valle Mitre S.A” a la firma “Idea S.A”.

¿Báez le vendió “Valle Mitre” a “Idea S.A”? ¿O sólo hubo una fusión comercial y él sigue teniendo influencia en el Alto Calafate? Los Kirchner no informan a los medios sobre esta trama.

Idea S.A fue constituida el 7 de septiembre del 2011 en Río Gallegos. Sus primeros accionistas fueron Carlos Sancho, ex gobernador y socio de Máximo Kirchner; y su esposa, María José Fernández Clark. El 1 de noviembre del 2012, Sancho y su esposa le “cedieron” el 90% de las acciones a Sanfelice y a su mujer, Marta Leiva.

La causa judicial sobre el Alto Calafate, que tramita el juez Claudio Bonadio, empezó con investigaciones en oficinas y organismos de Buenos Aires. Pero parece que se enfocará en Santa Cruz.

 

Fuente: Clarín

Judiciales

Reunión con espías en el Banco Provincia: la Justicia pidió los mails y agendas de Vidal

Lo solicitó el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. También pidió material del año 2017 de los ex ministros Marcelo Villegas y Roberto Gigante y del ex subsecretario Adrián Grassi

Novedades en el mundo judicial: el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió los correos electrónicos y agendas de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y tres de sus ministros durante el año 2017, cuando ejercían sus cargos, en el contexto de la investigación de una reunión entre exfuncionarios, espías y empresarios en la sede porteña del Banco Provincia.

Los apuntados por la Justicia son Marcelo Villegas y Roberto Gigante, además del ex subsecretario de Justicia provincial Adrián Grassi.

En las imágenes, difundidas por la interventora de la AFI y autora de la denuncia, Cristina Caamaño, se ve a los entonces funcionarios con empresarios de la construcción a los que les piden evidencias para avanzar judicialmente contra Medina y se escucha a Villegas afirmar que quisiera tener una “Gestapo” contra los sindicalistas.

Para el kirchnerismo el video demuestra que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y de Vidal existió una “mesa judicial” integrada por funcionarios, jueces y efectivos de inteligencia para espiar y perseguir a opositores políticos.

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Marcha contra la Corte: el Colegio de Abogados porteño rechazó la convocatoria

Por medio de un comunicado, alertó sobre la gravedad que conlleva este acto promovido por el oficialismo en el marco de “ataque sistemático al poder judicial”

El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) manifestó su repudio a la marcha contra la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle.

Por medio de un comunicado divulgado a través de Twitter, la institución convocó “a la reflexión ciudadana ante un inminente atropello a los poderes constituidos” y advirtió que quienes se reúnan “atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste” incurrirán en el “delito de sedición”.

Además, pusieron de manifiesto la “inusitada gravedad institucional” que implica que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional adhieran a la convocatoria y pidieron alertar a la sociedad “en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas”.

Finalmente, el Colegio de Abogados porteño adhirió a la contramarcha citada para el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales, “para defender la independencia judicial”.

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Judiciales

Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

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