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Judiciales

El tribunal que llevará adelante el juicio contra Boudou puede cambiar y el proceso podría demorarse

Los jueces que conforman el Tribunal Oral Federal N° 1 son: Oscar Amirante, Adrián Grunberg y Pablo Laufer

El Tribunal Oral Federal N° 1 es el que llevará adelante el juicio contra Amado Boudou por insertar datos falsos en los documentos de un viejo auto que compró hace 20 años. Pero los antecedentes de éste mismo preocupan en cuanto al desarrollo de la causa contra el vicepresidente.

Ocurre que el citado Tribunal también está abocado al juicio por las responsabilidades de la cúpula de la última dictadura militar en el Plan Cóndor, donde los gobiernos de América latina coordinaron la represión ilegal en la región. Y ese proceso lleva más de un año y puede insumirles a los jueces otro año más.

Así, sólo es posible que el juicio oral contra Boudou se realice el próximo año si es que prima una decisión política para intercalar ese breve proceso contra el funcionario, que tardará pocos días, con las sesiones de dos veces por semana que se realizan por el caso del Plan Cóndor.

Los jueces que conforman el Tribunal Oral Federal N° 1 son: Oscar Amirante, Adrián Grunberg y Pablo Laufer.

Amirante, que lleva muchos años en la Justicia, les indicó a sus colegas, de acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, que luego de resolver el juico del Plan Cóndor se iba a jubilar.

Grunberg, por su parte, que es el otro juez titular del tribunal, pertenece a la Agrupación Justicia Legítima e integra la comisión directiva como vocal.

 

Judiciales

Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

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Judiciales

Ataque a la Corte Suprema: profesores de derecho rechazaron la marcha kirchnerista

Presentaron un escrito donde reclaman “independencia judicial”. Se manifestarán el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales

Durante las últimas horas, profesores de derecho de todo el país presentaron un comunicado donde acusan al Gobierno de “forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y manifestaron el rechazo a la marcha convocada para el próximo 1 de febrero.

En el escrito exigieron la independencia judicial y criticaron a funcionarios de los tres poderes del Gobierno nacional. Además, convocaron a una manifestación frente al Palacio de Tribunales el 3 de febrero.

“El Poder Ejecutivo ataca a la Corte para destruir la independencia judicial” sostiene el comunicado firmado por 128 docentes de derecho de todo el país. “Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron.

Plantearon que hay un “inadmisible intento de presionar al Poder Judicial” y que como consecuencia, “afecta seriamente su independencia”.

Los firmantes convocaron a toda la ciudadanía a concentrarse el jueves 3 de febrero a las 19 horas frente al frente al Palacio de Tribunales (Plaza Lavalle) para “defender la independencia judicial sin ningún tipo de identificación partidaria”.

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Judiciales

“El Presto” anunció que irá al juicio con Fabiola Yáñez disfrazado del “dictador de Costa Pobre”

El influencer se presentará en el juzgado el 1 de febrero acompañado de una murga y arrojando polenta.

El periodista e influencer, Eduardo Prestofelippo, deberá concurrir el próximo 1 de febrero a una audiencia de juicio oral y público por “hostigar digitalmente” a Fabiola Yáñez. La primera dama fue quien inició la denuncia contra “El Presto” quien podría recibir un castigo de 30 días de arresto.

Según indicó Daniela Dupuy, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el influencer “inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio contra Yáñez, a través de medios digitales”.

La fiscal remarcó que “El Presto” actuó “mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y el honor de la víctima”.

Mientras CFK zafa por corrupción, El Presto va a juicio oral por “hostigamiento”

Con rapidez, el juzgado de primera instancia en lo Penal, Contravencional y Faltas Nro. 11, a cargo de Marcelo Bartumeu Romero, instó al periodista a concurrir a una audiencia de juicio oral y público el 1 de febrero a las 10. “El Presto” asistirá y ya está organizando una entrada colorida para las 9:30 de ese día.

Bajo la consigna “Si quieren circo, vamos a darle circo”, el influencer llegará acompañado por una colorida murga que le pondrá música al evento judicial. “El Presto” arribará disfrazado del “dictador de Costa Pobre”, arrojando polenta sobre los asistentes y acompañado de una modelo representada como “la Justicia prostituida”.

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