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Judiciales

Enviaron a juicio político al cuestionado juez López, acusado de excarcelar a reincidentes

La decisión la tomó el Consejo de la Magistratura esta mañana. Hace dos semanas, había fallado un intento de envío a juicio político

El plenario del Consejo de la Magistratura envió esta mañana a juicio político al juez de Ejecución Penal Axel López, acusado de excarcelar a delincuentes que reincidieron en crímenes graves al salir de la prisión.

El Consejo resolvió, por primera vez desde que se inauguró el sistema de juzgamiento de los magistrados, que Axel López no será suspendido en su cargo mientras se sustancien los prolegómenos del proceso, que tiene un plazo máximo de seis meses.

La decisión fue adoptada por una estricta mayoría calificada de ocho votos contra cuatro (dos tercios de los presentes), con una mayoría integrada por los representantes del kirchnerismo, la UCR y un abogado cercano al PRO.

Cómo votó cada representante

El plenario tenía tres dictámenes para votar: el del abogado Daniel Ostropolsky, que proponía una sanción pecuniaria; el del juez Ricardo Recondo, que impulsaba un apercibimiento, y el del viceministro de Justicia, Julián Alvarez, que propugnaba el juicio político.

Por este último votaron los consejeros Eduardo “Wado” De Pedro, Marcelo Fuentes, Ada Iturrez, Carlos Moreno y el propio Alvarez, todos identificados con el denominado “bloque kirchnerista”, más el abogado porteño Alejandro Fargosi, cercano al PRO, y los legisladores radicales Eduardo Aguad y Mario Cimadevilla.

En contra del Jury votaron los tres jueces, Alejandro Sánchez Freytes, Ricardo Recondo y Mario Fera, y el representante de los abogados del interior Ostropolsky. El catedrático Manuel Urriza no estuvo en la votación.

El plenario designó provisoriamente como acusadores ante el Tribunal de Enjuiciamiento a los consejeros Moreno y Ahuad, pero no serán ellos quienes estén presentes en el momento del debate pues finalizarán sus mandatos en los próximos días.

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Revés judicial para el Padre Grassi: extienden hasta el 2028 la condena por abuso

La Cámara de Apelaciones de Morón hizo lugar a un recurso presentado por la querella sobre el cómputo de la pena y lo dejó sin el beneficio del 2X1

Novedades en el mundo judicial: la Sala VI de la Cámara de Apelaciones de Morón hizo lugar al planteo que había realizado el abogado querellante Juan Pablo Gallego y determinó que la condena del cura Julio César Grassi por abuso sexual agravado será hasta el 30 de mayo de 2028, dos años más que la fecha prevista.

El sacerdote no será beneficiado en el cómputo de la Ley del 2×1, que estuvo vigente hasta el 2001. “El Tribunal había computado erróneamente la pena, que fue de 15 años de prisión. Al momento de trazar la pena, incluyó fechas absolutamente erradas”, explicó el letrado en diálogo con TN Central (TN).

El abogado había planteado un recurso de apelación a dos fallos del tribunal: por un lado, el mal cómputo del plazo y por otro, por haberle aplicado el beneficio del 2×1.

Según esa ley, tomada en cuenta por el tribunal que lo condenó, preveía que la pena de prisión de Grassi vencía en agosto de 2026. Sin embargo, la Justicia consideró que había que tomar en cuenta la Ley 27.362, que entiende que el 2×1 se aplica únicamente para el período de detención donde tuvo vigencia esa ley. En este caso, 2001 y, de ahí en adelante, es todo cómputo simple año a año.

Fiesta en la Quinta de Olivos: Sofía Pacchi debe declarar y su testimonio preocupa al Gobierno

Para Gallego, este fallo “es una enorme satisfacción para las víctimas. Grassi va a cumplir la pena tal como le fue impuesta, que fue generosa para el daño que causó”.

Denuncian penalmente a Juan Zabaleta y al “Chino” Navarro por destinar subsidios millonarios a organizaciones sociales amigas

“Es una persona que ha costado doblegar, que ha tenido y sigue teniendo un fuerte apoyo del bufete de abogados. Costó muchísimo llevarlo a juicio, no podía admitir que este computo errado lo beneficiara con el daño tremendo que provocó”, expresó.

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Fiesta en la Quinta de Olivos: Sofía Pacchi debe declarar y su testimonio preocupa al Gobierno

La ex asesora de Fabiola Yáñez necesita presentarse ante el juez federal Lino Mirabelli. Le pidieron que abandone la defensa de Fernando Burlando y regrese con el abogado Juan Pablo Fioribello

Sofía Pacchi declarará el próximo miércoles ante el juez federal Lino Mirabelli en calidad de imputada en el marco de la causa por el segundo escándalo del gobierno más grande durante el aislamiento social preventivo y obligatorio después del llamado “Vacunatorio VIP”: la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos.

La actriz y modelo planteó su sobreseimiento por inexistencia de delito, para ello argumentó que con Yáñez regía un contrato como asesora comunicacional y de protocolo y que para el momento del cumpleaños de la Primera Dama se encontraba en cumplimiento de sus funciones.

Según indica el canal TN, aunque en el Gobierno lo niegan, en el entorno de Pacchi repiten que la joven estuvo en la Casa Rosada el jueves 16 de junio último para mantener un encuentro con el presidente Alberto Fernández.

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Pacchi aún no ofreció dinero alguno, está imputada y todo lo que tenga para decir ante la Justicia genera preocupación en el Gobierno.

La joven está muy enojada con la Primera Dama. Le dice a sus íntimos que Yáñez “se portó muy mal con ella” luego de que estallara el escándalo y está molesta por haber perdido su trabajo como asesora.

Lo que le preocupa a la Casa Rosada es que la joven revele detalles de la celebración VIP o de otros posibles comportamientos no adecuados en Olivos durante la cuarentena estricta.

Denuncian penalmente a Juan Zabaleta y al “Chino” Navarro por destinar subsidios millonarios a organizaciones sociales amigas

A Pacchi le pidieron que abandone la defensa de Fernando Burlando y regrese con el abogado Juan Pablo Fioribello, el mismo que representó a Yáñez y que logró, no solo el acuerdo de recomposición de la Primera Dama, sino también de Santiago Basavilbaso, Emmanuel López, Fernando Consagra y Carolina Marafioti, otros invitados al cumpleaños.

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Denuncian penalmente a Juan Zabaleta y al “Chino” Navarro por destinar subsidios millonarios a organizaciones sociales amigas

La abogada Jimena Castiñeira Arce presentó una denuncia ante la Justicia por el destino de más de 6.500 millones de pesos en cuatro meses a distintas agrupaciones cercanas al Gobierno.

La abogada Jimena Castiñeira Arce, en representación de la agrupación “Equipo Banquemos”, presentaron una denuncia penal contra el Ministro de Desarrollo social, Juan Zabaleta, el funcionario Fernando “Chino” Navarro y Juan Grabois por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación a los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

En base al informa periodístico presentado en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul, en donde se demostró que “entre enero y abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Social destinó más de 6.500 millones de pesos a fundaciones y organizaciones sociales”.

Queda en evidencia que existe predilección por parte del Gobierno, para con algunas fundaciones, cooperativas y asociaciones, que mantienen un vínculo cercano a los funcionarios, por lo que los denunciantes esperan avances en la causa penal en lo inmediato, la cual ha quedado a cargo del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, Ariel Lijo.

Según el informe periodístico, la fundación “La Garganta Poderosa recibió $82.213.379,7 en los primeros cuatro meses del año”. Este flujo de fondos públicos se canalizó mediante giros que tuvieron como protagonista a Julián Mur Ríos, quien firmó los cheques como titular de la asociación.

Mur Ríos fue nombrado coordinador de Inclusión Laboral de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, sin embargo, desde la popular revista señalaron que el firmante de los cheques ya no forma parte de la organización.

Otro de los beneficiados por estos subsidios millonarios, fue Juan Grabois, ya que el 12 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social concretó dos giros a organizaciones vinculadas al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Se trata de la Asociación Mutual Senderos, a donde se destinaron $20.371.869,13, y la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada con unos 70 millones de pesos. Ambas funcionan en Constitución, donde está la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que tiene al abogado como uno de sus principales referentes.

También, en dos pagos, la Fundación Conurbano recibió $106.650.000. Se trata de una organización de Lomas de Zamora que tiene nexos con Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y uno de los líderes del Movimiento Evita.

El titular de la Fundación Conurbano es Alfredo Luis Fernández, que es secretario de Hábitat de la Municipalidad de Lomas de Zamora, territotio de Navarro y del intendente en uso de licencia Martín Insaurralde, actual jefe de Gabinete bonaerense.

 

 

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