Política

El pacto de impunidad de Cristina con los radicales a cambio de nombrar a Mónica Pinto en la Corte

El kirchnerismo busca hacerse del control de la Cámara de Casación, la máxima instancia de la Corte Suprema, en donde terminan las casusas de corrupción de ex funcionarios que estuvieron en el poder

viernes 31 de octubre de 2014 - 10:43 pm

Tras la renuncia del juez Eugenio Zaffaroni, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ofreció a la UCR nombrar como jueza de la Corte Suprema a la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, a cambio de los votos en el Consejo de la Magistratura para cubrir las cuatro vacantes de la Cámara de Casación Penal.

Llevan adelante las conversaciones el presidente de la UCR y senador nacional Ernesto Sanz y el ex diputado Ricardo Gil Laveedra.

La estrategia de nombrar a un juez afín al partido radical ya la había dejad entrever Diana Conti, cuando sugirió que el elegido podría ser León Arslanian, de buena llegada al Gobierno y la UCR por su recordada participación en el juicio a las juntas militares.

No obstante, la elegida sería Pinto. Se trata de una muy respetada académica, con prestigio internacional por su actuación en el ámbito de los Derechos Humanos.

La información la brindó el portal La Política Online, que aseguró que fuentes cercanas a la Decana afirman que desconoce las tratativas entre el Gobierno y los radicales.

El acuerdo que se está negociando, también incluiría el voto de los bloques radicales al nuevo Código Procesal Penal, en especial el oscuro anexo dos. Éste le dará al kirchnerismo la posibilidad de controlar fiscales que lleven adelante la investigación, pero un próximo presidente podría reemplazarlos con una ley o un decreto, porque a diferencia de los jueces no tienen garantía constitucional. Por eso los camaristas son el freno necesario que necesita Cristina para dejar tranquila la Casa Rosada.

Cámara de Casación

Pero el meollo del pacto es el control de Casación por parte del Gobierno. Se trata nada menos que de la máxima instancia penal antes de la Corte Suprema, que hace tiempo decidió que sólo tomará juicios penales para definir cuestiones de derecho pero no de prueba, donde se define la culpabilidad de los imputados.

El tribunal podría desestimar todas las acusaciones de corrupción que enfrenten los funcionarios al dejar el poder, un hecho no menor para el kirchnerismo.

El proceso de selección de los camaristas quedó envuelto en una polémica, luego que La Política Online revelara en exclusiva, la sospechosa selección de jurados encargados de elegirlos, en la que resultaron favorecidos entre otros el camarista Alejandro Slokar, reconocido militante kirchnerista y Julio Virgolini, abogado de Julio de Vido.

Los selección de los jurados que evalúan los concursos para camaristas fue tan groseramente manipulada que ya se presentó al menos una denuncia en Comodoro Py impugnando el procedimiento.

Como el Gobierno no tiene los dos tercios necesarios en el Consejo de la Magistratura para nombrar jueces y camaristas, necesita el acuerdo con la UCR, que además de los representantes por las minorías parlamentaria tiene llegada al representante de los abogados, Miguel Piedecasas.

Si este pacto se concretara, los votos radicales también sumarían en el Senado, donde se define el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema a propuesta del Presidente.

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