Ley de abastecimiento

El Gobierno multa a Peugeot y Renault por “encanutar” autos: deberán pagar $ 800 mil

La medida del Secretario de Comercio, Augusto Costa, estableció multas de hasta $800.000 para las automotrices por falta de stock o plazos de entrega superiores a los establecidos por el plan ProCreAuto II, aplicando la Ley de Defensa al Consumidor

jueves 23 de octubre de 2014 - 3:19 pm

El Secretario de Comercio, Augusto Costa, apeló a las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial para establecer una sanción para Peugeot y Renault de 800.000 pesos. La sanción multa por la falta de stock e incumplimientos en los plazos de entrega, que el Gobierno argumenta que son superiores a los establecidos por el programa de financiamiento a tasas subsidiadas.

Aunque en un comienzo se creía que se había aplicado la nueva Ley de Abastecimiento, el ministro de Economía, Axel Kicillof, salió a desmentirlo hoy: en la sanción que se impuso a las empresas automotrices por “encanutar” 0Km en el plan oficial ProCreAuto, “No es la ley de abastecimiento lo que se aplicó sino la ley de Defensa del Consumidor”.

El funcionario agregó que la sanción tomada ya se aplicó antes, por ejemplo, en “el ProCreAuto 1”. De esta manera, Kicillof, en diálogo con radio Nacional, se refirió a la decisión de la Secretaría de Comercio de multar a la empresa Peugeot-Citroen por haber demorado la entrega de autos del programa ProCreAuto. El presidente de Fiat, Cristiano Ratazzi, también relativizó la medida de la Secretaría de Comercio de multar a las empresas automotrices, y aclaró que se trató de la aplicación de la vieja ley de Defensa del Consumidor.

Las automotrices deben ahora pagar y luego reclamar ante la Justicia, donde el juez interviniente decidirá si la medida corresponde o no.

Durante las reuniones que mantuvo el secretario de Comercio con las automotrices, donde se decidió finalmente sacar el ProCreAuto II, el funcionario había advertido que se estaban realizando relevamientos y que en más de 100 concesionarias consultadas, casi el 50% presentaban falta de stock o demoras en los plazos de entrega.

Además, en ese momento trascendió que en las inspecciones a seis terminales se encontraron que en todas había vehículos incluidos en el programa, por lo que no se justificaba el faltante en las concesionarias.

ProCreAuto “Fase II” va camino a convertirse en un gran dolor de cabeza para la ministra Débora Giorgi y en uno de los meses más flojos para la industria automotriz.

Los dueños de concesionarios se quejan de que, por falta de stock, es imposible lograr una recuperación de las ventas, situación que está forzando al cierre de más agencias y a la destrucción de puestos de trabajo. Por lo bajo, apuntan contra las terminales, que no estarían cumpliendo con las entregas.

Las automotrices, en tanto, advierten que por la falta de divisas tuvieron que disminuir o directamente anular las importaciones de vehículos terminados, que llegan en mayor medida desde Brasil.

También, disparan contra el Banco Central, dado que el cupo de dólares que les están autorizando no alcanza para traer autopartes y cumplir con los planes de producción.

El Gobierno, por su parte, sigue acusando tanto a concesionarios como a terminales de estar stockeando autos-especulando con un futuro salto del tipo de cambio- y de estar boicoteando el plan oficial que permite financiar la compra de un 0Km hasta en 60 cuotas.

En esta guerra del tipo “todos contra todos” y con un ProCreAuto Fase II que no sólo se demoró en poner primera, sino que además hizo su debut con precios más elevados, la mitad de versiones y menos marcas que en su primera etapa, los patentamientos en lo que va de octubre están mostrando su peor cara.

De acuerdo con datos anticipados por la Asociación de Concesionarios (ACARA) a iProfesional, el promedio diario de ventas durante las dos primeras semanas del mes, acumula una caída cercana al 15% respecto a septiembre pasado.

La ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (más conocida como Ley de Abastecimiento), a la que se le atribuía la medida de multar a las automotrices que forman parte del plan, fue resistida de pleno por el empresariado y dirigentes opositores. De hecho, fue sancionada con el voto positivo de 130 diputados oficialistas. La oposición logró sumar solo 105 votos negativos.

En este escenario, el G-6 advirtió que llevará a la Justicia cada caso en el que una empresa reciba una multa ya que consideran a la norma inconstitucional. Su objetivo es llegar a la Corte Suprema, donde esperan que le bajen el pulgar.

 

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