Caso Lázaro Báez

Lázaro Báez usó facturas falsas para evadir millones de pesos en impuestos

Tres empresas de Bahía Blanca están en la mira por las irregularides en sus facturaciones; la AFIP debió relevar a toda su filial local por las anomalías

domingo 19 de octubre de 2014 - 8:27 am

Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad.

La facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.

La inacción premeditada de la AFIP se puso en evidencia en este caso de estafa al Estado. Mientras en la regional de la ciudad avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a “agencia”, bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.

El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.

El segundo grupo corresponde a una empresa real, pero que facturó servicios jamás prestados o que infló sus verdaderas prestaciones. Se trata de la Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra.

Sólo durante 2009, esa empresa constructora le facturó $ 13 millones a Austral Construcciones, según consta en el libro IVA Compras de la firma de Báez, cuya autenticidad confirmó el propio Báez en diciembre pasado cuando este diario reveló la compra de más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner por ocho de sus empresas.

Uno de los dueños de la Constructora Patagónica, Antonio Ferreyra, primero negó todo problema fiscal. Luego, ante las repreguntas específicas corrigió sus dichos y admitió problemas tributarios, aunque responsabilizó al Grupo Penta, de los Ficcadenti.

A estas empresas se sumó un tercer emisor, Iberoamericana de Servicios SA, de la familia Pedraza, originaria de Bahía Blanca, aunque luego se trasladaron a Santa Cruz.

La trama de Iberoamericana incluye al ya reconocido personaje local, Juan Ignacio Suris, quien emitió facturas truchas para esa empresa y desde enero pasado se encuentra detenido por narcotráfico, mientras que también afronta acusaciones por presunta evasión y lavado.

Días atrás, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó su procesamiento como jefe de una supuesta asociación ilícita fiscal, por la que debería pagar $ 15 millones en concepto de responsabilidad civil. Para la AFIP, que destacó su rol de querellante en esa investigación penal, sólo su grupo habría evadido $ 40 millones, con facturas que repartió entre “al menos 190 [empresas] usuarias”.

Entre esas empresas figura el Grupo Penta, de la familia Ficcadenti. Esa firma comparte un eslabón clave con las de Suris: el asesoramiento contable de un puñado de profesionales que se encargó de defender a Suris ante la AFIP y de afinar los números de Penta para un polémico plan de pagos.

La regularización tributaria del Grupo Penta tiene múltiples zonas grises. Entre otras, la que surge de los cheques que recibió de Austral Construcciones y cambió en Crediba, una conocida financiera local.

En un excelente trabajo de investigación, el diario La Nación obtuvo copias de más de una docena de esos cheques, todos fechados el 23 de marzo de 2011. Todos tienen varios rasgos en común. Son correlativos -del 11466620 en adelante-, se emitieron desde una cuenta de Austral Construcciones en la sucursal de Río Gallegos del Banco Nación, son por $ 100.000 cada uno y aparecen firmados por Bustos y “Emilio C. Martin” como sus apoderados.

Con ésos y otros cheques, Austral Construcciones canceló servicios nunca prestados o con sobrecostos millonarios. Por ejemplo, el que el Grupo Penta declaró en su factura 001-00000429, por el movimiento de “terraplén Ruta N° 39”, con “compactación especial” por poco más de $ 1,4 millones.

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