Reforma del Código Penal

Mirando al 2015: El Gobierno busca que se anulen causas judiciales por corrupción

Hay preocupación en la justicia por los cambios que proponen en el Código de Procedimiento Penal, a lo que se suma la designación de nuevos fiscales cercanos al oficialismo

domingo 19 de octubre de 2014 - 8:22 am

Muy probablemente la semana entrante el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley para modificar el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Según el proyecto se otorgará mayor poder a los fiscales, les quitará funciones de investigadores a los jueces y hasta podría provocar la extinción de varias causas actuales, especialmente las de corrupción, por la transición del cambio, según advirtieron fuentes judiciales.

“Todo el poder al Procurador es un poco pesado”, dijo una fuente con actuación no muy lejana en la función pública durante el kirchnerismo en referencia a la injerencia que pasaría a tener el procurador general de la Nación -actualmente Alejandra Gils Carbó- dadas la “autonomía abstracta” que le asigna a éste la ley del Ministerio Público y “el poder político mucho mayor” que pasaría a tener con el nuevo Código Procesal Penal, según advirtió otra fuente.

De hecho, parte de la oposición ya adelantó que no acompañará la iniciativa kirchnerista si ésta no incluye una reforma a la ley del Ministerio Público. Las principales quejas opositoras apuntan al poco control existente hoy sobre la Procuración General de la Nación. Hay una comisión bicameral que poco y nada funciona, dijeron. El procurador es el jefe de todos los fiscales, y si bien no puede dar a ellos instrucciones particulares sí puede transmitir “instrucciones generales”.

La modificación al Código de Procedimiento se dará en paralelo con la avanzada oficial sobre los fiscales. “Ustedes (por los periodistas) se quejan de nuestros concursos, pero ¿vieron lo que son los de la Procuración?”, preguntó una fuente del Consejo de la Magistratura, donde con notable lentitud se selecciona a los jueces. El Senado tiene a estudio casi 40 pliegos por aprobar tanto de fiscales como de jueces. Pero los de los fiscales han salido más rápido en los dos últimos años que los de los jueces.

Por ejemplo, aunque no era necesario ni obligatorio, Gils Carbó se puso como presidenta del jurado para elegir a los dos fiscales que ocuparán sendas fiscalías vacantes en la primera instancia del fuero federal penal de Comodoro Py, donde se investigan los casos de corrupción. Y allí quedó primero en el examen escrito el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, Franco Picardi, relacionado con La Cámpora. Es un ejemplo de cómo el Ejecutivo toma control de las fiscalías, que ahora serán clave para las investigaciones penales.

Según la iniciativa (que debe aprobar el Congreso) los fiscales pasarán a ser los instructores de un proceso penal y los jueces quedarán relegados a una suerte de garantes de que todo se haga según la ley, además de ordenar un allanamiento o el decomiso de un bien, según enumeraron las fuentes.

Una de las preocupaciones en la oposición es la fijación de plazos para que un fiscal acuse a alguien por un delito o desista de ello. Sería de hasta un año, según el borrador oficial. Casi toda la academia elogia esta propuesta de una Justicia más veloz, pero varios se preguntan si esto no será contraproducente para los casos de corrupción: las causas por esos delitos superan largamente la década antes de tener fallos.

Hay otro punto importante. “La transición de un código a otro significará una gran amnistía y la prescripción de varias causas. Ya pasó con la reforma de 1991”, expresó otra fuente judicial en referencia a los cambios introducidos en la Justicia penal al crearse la Cámara de Casación y los juicios orales y públicos.

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