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Judiciales

Zulema Yoma pidió que declaren la muerte de Carlos Menem Junior como crimen de lesa humanidad

Además, solicitó que la carátula del expediente de su hijo, quien murió tras caer el helicoptero que piloteaba en 1995, cambie a “homicidio calificado”

La ex primera dama Zulema Yoma pidió a la Justicia que declare como crimen de lesa humanidad el fallecimiento de su hijo Carlos Menem Junior, que murió al caer el helicóptero que piloteaba en 1995, y cambie la carátula del expediente a “homicidio calificado”.

Así lo reveló esta mañana en conferencia de prensa Gabriel Labaké, abogado de Yoma y ex diputado nacional del verticalismo peronista en los años ’70, que obedecía las órdenes de la entonces presidenta María “Isabel” Martínez de Perón y el ex ministro de Bienestar Social José López Rega.

La solicitud de declaración de lesa humanidad fue hecha al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien viene sosteniendo que en el expediente no existen pruebas de que se haya tratado de un atentado, como consideran Yoma y su abogado, en vez de un accidente aéreo.

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Un fiscal pidió el procesamiento de dirigentes de la TV Pública por el retiro de $11,4 millones de pesos en bolsos

Se trata de cinco dirigentes de alto rango y una proveedora de servicios escenográficos para una producción que nunca salió a la luz. Las penas incluyen la inhabilitación de la función pública y hasta seis años de prisión. Según el fiscal, la presidente de RTA, Rosario Lufrano, estaría exenta de toda sospecha

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de cinco funcionarios de la TV Pública y RTA (Radio y Televisión Argentina), la empresa pública que preside Rosario Lufrano, en el marco de la causa que investiga el retiro irregular de $11,4 millones de pesos en efectivo del cajero ubicado dentro del edificio. En ese sentido, el fiscal los acusó de los cargos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La maniobra involucraría a los funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro de la Torre, Ariel Berliner y Claudio Lamalfa, todos ubicados en puestos de jerarquía, con la participación de la escenógrafa Adriana Maestri y otros empleados. Por su parte Rosario Lufrano, máxima autoridad de la empresa, estaría exenta de toda sospecha. Más aún, la línea argumental de Pollicita es que los inculpados habrían actuado “por fuera de los pertinentes controles de las autoridades, en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo del dinero del Estado”. Sin embargo, hace seis meses renunciaba Eliseo Álvarez, mano derecha de la presidente de RTA.

Pollicita señaló que al retirar el efectivo, “el escenario descripto basta para tener por cierto —con el grado de certeza que esta instancia requiere— que los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE (…) perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”.

Cuando se destapó el escándalo el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello, admitió que hubo tres extracciones por un total de $11.400.000 de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública: dos por 5.000.000 y una restante por 1.400.000 de pesos. La suma fue extraída de la cuenta oficial de la empresa estatal, con la supuesta intención de pagar los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

Quiénes son los acusados

Las penas podrían alcanzar hasta los seis años de prisión y la inhabilitación en la función pública.

Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas; Ernesto Molinero, gerente de Producción, tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano.

Lo misma suerte corrió el tesorero Claudio Lamalfa, que sería quien retiró los $11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y Ariel Berliner, subgerente de Producción, tienen prohibido el ingreso al canal en tanto los sumarios administrativos estén abiertos. Una vez concluida la investigación se determinará si permanecerán o no en sus cargos.

Adriana Maestri es la única que no ocupa un cargo en la función pública, sino que fue señalada por el fiscal por obtener “indebidos beneficios” porque cobró a principios de marzo $1,9 millón en efectivo de manos de los funcionarios de la TV Pública, por su participación como directora de arte en la miniserie.

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Condenan a 3 años de prisión a Romina Picolotti, que deberá devolver $ 6.941.170

El representante del Ministerio Público enumeró que el dinero había sido gastado durante su tiempo como funcionaria en pasajes de avión para amigos y familiares de la exfuncionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia

La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti fue condenada hoy a tres años de prisión de “ejecución condicional” y a restituir al Estado casi 7 millones de pesos por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública, al haber pagado gastos familiares y personales con fondos públicos.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 dispuso, además, que recaerá sobre la exfuncionaria la “inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de empleos o funciones públicas” y deberá afrontar “el pago de las costas del proceso”.

Revelan facturas con insólitos gastos de ex funcionaria Picolotti con fondos estatales

Durante el tiempo que dura la condena, Picolotti deberá cumplir las reglas de conducta establecidas en el art. 27 “bis” inciso 1º del Código Penal, consistentes en fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato u otro organismo equiparable de control.

Pasadas las 16, la jueza que encabezó el TOF 6 para este juicio, Sabrina Namer, leyó el veredicto, que el punto 5 de la parte resolutiva incluía la disposición para que Picolotti “restituya al Estado Nacional, más precisamente al actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el monto del perjuicio ocasionado a la administración pública (…), el cual actualizado al día de la fecha asciende a la suma de seis millones novecientos cuarenta y un mil ciento setenta pesos ($6.941.170)”.

Procesada y viviendo en Miami, la ex funcionaria k Picolotti afronta pedido fiscal de retorno al país

Ese monto será ajustado al momento en que la condena adquiera firmeza, bajo las pautas y fórmulas utilizadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, según indicó el tribunal.

La lectura del veredicto, como todo el juicio que duró 6 meses, se realizó a través de la plataforma virtual zoom y la exfuncionaria lo siguió desde Miami (Estados Unidos), donde se encuentra radicada; mientras que los fundamentos de la condena se darán a conocer en otra audiencia que fue fijada para el 25 de noviembre a las 16.

El tribunal le fijó, en ese sentido, la obligación de presentarse en forma mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante el Consulado de la República Argentina en Miami, Estado de Florida, y también de informar cualquier cambio de domicilio y requerir autorización en caso de viaje a otro país.

La ex funcionaria kirchnerista Romina Picolotti sigue disfrutando de Miami

Esta mañana, Picolotti había reiterado su pedido de absolución porque, según dijo, no cometió ningún delito y se lamentó porque “el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados” en el juicio que la tuvo en el banquillo de los acusados.

La fiscalía, a cargo de Diego Luciani, había reclamado que la exsecretaria de Estado fuera condenada a 3 años y 9 meses de prisión, un monto de pena que de haber prosperado hubiera sido de cumplimiento efectivo y no en suspenso como en este caso.

En el marco de su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, el representante del Ministerio Público enumeró que el dinero habría sido gastado en pasajes de avión para amigos y familiares de la exfuncionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia.

Picolotti fue funcionaria pública desde 2006 a 2008 y en 2015 se radicó en Estados Unidos.

Al juicio oral llegó procesada por los supuestos delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública” en una causa que tramitó en el juzgado federal de María Servini y que investigó el presunto uso de fondos públicos para gastos particulares.

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Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial: “afiliados VIP” y llamativas contrataciones

El titular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón, se encuentra investigado por presuntos desmanejos de la caja multimillonaria de la Obra Social; en las últimas horas, NEXOFIN tuvo acceso a nuevas denuncias que rodean la gestión de este hombre del riñón de Juan Carlos Maqueda

Los allanamientos de este lunes realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en la sede central de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación sacudió al estamento judicial.

Se trata de una caja que maneja de manera indirecta la Corte Suprema de la Nación y, en particular, Juan Carlos Maqueda, a través de su brazo ejecutante Aldo Tonón, quien hoy se encuentra investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti por desmanejos financieros en su gestión.

La existencia de la causa contra el hombre de confianza de Maqueda fue revelada en exclusiva por NEXOFIN la semana pasada y este lunes ya tuvo su primer coletazo público tras la orden de la magistrada a cargo de la investigación.

Terremoto en la Corte: allanan la Obra Social del Poder Judicial por presunta corrupción

Tal como explicó este medio, el expediente 5666/2021 se encuentra bajo siete llaves en Comodoro Py y son muy pocos los que lograron acceder al contenido del mismo. Sin embargo, fuentes internas de la propia Obra Social contaron a este medio algunas de las irregularidades que se le achacan a la gestión de Tolón al frente de la misma.

¿Una obra social con “VIP”?

“En la OSPJN funciona una suerte de ‘VIP’ al cual sólo acceden aquellas personas cercanas a Maqueda. Hay casos de asociados que acceden a tratamientos que la obra social no cubre, e incluso afiliaciones que no corresponden”, revelaron a NEXOFIN desde adentro de la Obra Social. Al consultar por los nombres detrás de este presunto funcionamiento VIP, la misma fuente acotó: “Para que te des una idea, la Tesorera de la OSPJN se llama María Guadalipe Burgos y es la sobrina de Maqueda; no hay afiliado VIP que no cuente con el OK de ella o de Federico Morando, yerno de la Secretaria de Maqueda y ex directora de la Obra Social”. 

Dentro de la Obra Social, además, trabajan personas relacionadas de manera indirecta al miembro de la Corte Suprema: dos hijas de ordenanzas del juez del Máximo Tribunal y el hijo de su chofer personal también se desempeñan en la Obra Social ahora investigada.

Contrataciones llamativas

La llegada de Tolón al frente de la Obra Social se dio aparejada a la aparición de nuevos operadores a cargo de prestar los servicios médicos que el organismo a cargo de la salud de los empleados y magistrados requiere para su funcionamiento.

Una de las contrataciones que cambió de manos con la llegada de Tolón a la Obra Social es la empresa Emergencias Médicas Integrales S.A., que se quedó desde el 2008 con la prestación de servicios de emergencia para los afiliados del interior del país.

Desde el interior de la Obra Social no ven con buenos ojos el origen de los empresarios a cargo de esta compañía“Se la conoce como EMI a esta empresa, pero lo más curioso es que los dueños son cordobeses, coprovincianos de Maqueda”.

Y agregaron: “No estamos hablando de monedas, sino que se queda con licitaciones por 100 millones de pesos anuales desde el mismo año en que entró Tolón como Director”.

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