Sociedad

Santa Fe, violenta: hubo 117 asesinatos en 2014 y es récord

Alarmados por las cifras récord de asesinatos, desde el Gobierno prohibieron vender armas por 90 días

jueves 16 de octubre de 2014 - 8:51 am

s asesinatos no se detienen en la ciudad de Santa Fe. Los mayores controles de seguridad en Rosario parecen haber provocado una migración de la violencia hacia la capital provincial, donde ayer se superó el registro histórico de homicidios, con 117 en lo que va del año. Frente a ello, el intendente santafecino, José Corral, suspendió las ventas de armas y municiones durante, al menos, 90 días.

Ayer murieron en el hospital provincial José María Cullen dos jóvenes de 16 y 17 años que habían sido baleados el miércoles pasado y anteayer en el Gran Santa Fe, uno de los lugares más castigados por el delito y la violencia.

Una proyección de casos potenciales hasta fin de 2014 llevaría la tasa de homicidios a 27 cada 100.000 habitantes en esa ciudad y sus alrededores. El promedio en la Argentina es de 7,2, según los datos del Ministerio de Salud correspondientes a 2012.

Tropas de Gendarmería y Prefectura fueron movilizadas a Rosario en abril luego de que allí se llegara al récord de 264 crímenes en 2013. El objetivo central fue atacar los búnkeres, sitios de comercialización minorista de droga.

Las autoridades locales reconocen que, si bien se logró golpear al narcomenudeo, los “soldaditos” que protegían esos puestos se focalizaron en delitos comunes. En Rosario ya se contabilizaron 199 homicidios este año.

El Gobierno de Santa Fe procura enfrentar ahora el auge del delito local con una serie de iniciativas, que van desde la creación de un cuerpo de gendarmería provincial (ver aparte) hasta la inversión de $ 4000 millones para el Plan Abre, que se propone urbanizar 40 barrios con altos índices de criminalidad

También busca controlar políticamente con firmeza a la policía, seriamente cuestionada por presuntos vínculos con narcos y bandas criminales. En el Ministerio de Seguridad de la Nación se sondeó este año la posibilidad de una intervención de la policía por parte de oficiales de fuerzas de seguridad federales. Las autoridades santafecinas optaron por diseñar una intervención de hecho a la policía y quedaron a cargo de definir todos los ascensos mediante un sistema de concurso y exámenes. En forma paralela fue aumentado el salario policial a un básico de 8500 pesos.

La desenfrenada ola de violencia en el Gran Santa Fe tuvo ayer otras dos víctimas. En el Hospital Provincial Dr. José María Cullen, donde habían sido internados en los últimos días como consecuencia de agresiones con armas de fuego, fallecieron Facundo Martínez, de 17 años, que había recibido un impacto de bala que alcanzó su corazón el pasado martes, y Aiza Ailén Cardozo, de 16, quien recibió disparos de balas cuando el miércoles de la semana pasada tomaba mate con su mamá en barrio La Nueva Tablada. Por el hecho se encuentran detenidos dos adolescentes de 16 y 19 años, y una mujer de 20.

El asesinato de jóvenes entre los 15 y los 19 años es uno de los mayores problemas en Santa Fe. El Ministerio de Salud de la Nación registró en esa provincia 165 homicidios en esa franja etaria entre 2010 y 2012, según un relevamiento realizado por la Asociación para Políticas Públicas, a cargo de Diego Fleitas Ortiz de Rosas. En ese trabajo se estableció, además, que los 2888 asesinatos ocurridos en 2012 fijaron la tasa nacional de homicidios en 7,2 cada 100.000 habitantes.

La ausencia de estadísticas públicas consolidadas dispersa la posibilidad de comparar situaciones. Las cifras de muertes conocidas en Santa Fe proyectan una tasa anual de 27, mientras que el año pasado la más elevada del país se dio en Rosario, con 22 cada 100.000. Las cifras de la Corte Suprema, en tanto, establecen una tasa de 5,5 para la ciudad de Buenos Aires y 7,66 para el conurbano, aunque en ese caso se toman en cuenta los datos en el inicio de la investigación judicial y eso deja afuera muchos homicidios, tal como lo demostró un propio trabajo interno de la Procuración General de Buenos Aires. Las autoridades de Chubut, por su parte, indicaron el año pasado que la tasa en Comodoro Rivadavia se había elevado a 15.

Ayer, en tanto, José Corral, intendente de la capital santafecina, lanzó la prohibición de la venta de armas. Aseguró que esa medida “debe estar acompañada por un fuerte control del mercado ilegal de venta de armas y municiones, para disminuir la presencia y la circulación de armas”.

De inmediato se opuso la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca. En ese sentido se pronunció Darío Hartman, gerente comercial de El Pájaro Loco, una de las empresas tradicionales dedicadas a la caza y la pesca desde hace 35 años: “Si nos prohíben vender armas por tres meses nos van a hacer un daño económico muy grande y no van a solucionar nada. Las armas de la delincuencia tienen otro origen. Y con respecto a las municiones que se venden, están totalmente controladas. No es lo mismo que comprar un cuarto de bizcochos. Sólo se puede vender libremente balines de aire comprimido”.

El ministro de Seguridad santafecino, Raúl Lamberto, señaló en forma enfática que “Santa Fe está reforzada” y que se están haciendo “como nunca” controles para la recuperación de armas en manos de particulares, cuya proliferación, en especial en lo que se conoce como el mercado negro, cuya proliferación es una de las explicaciones sobre el aumento de la violencia.

Ante la gravedad que supone para el gobierno este escenario de violencia, el vicegobernador, Jorge Henn, a cargo del despacho de Antonio Bonfatti -en viaje oficial a México-, convocó para hoy, a las 9, a los presidentes de todos los bloques legislativos del Senado provincial a una reunión urgente con el fiscal general Julio De Olazábal para avanzar de manera inmediata en la sanción de las leyes que restan para poner en vigor el nuevo sistema de justicia penal.

Según se admitió ante una consulta de LA NACION, la iniciativa de Henn “busca conseguir los consensos para sancionar la creación del Organismo de Investigaciones (Policía Judicial) y el Sistema de Protección de Testigos, que se encuentran en debate en la Cámara alta”.

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