Judiciales

Alta corrupción: Allanan la Magistratura por una obra millonaria que nunca se realizó

La Justicia llevó a cabo el procedimiento por un "edificio inteligente" que no existe a cargo de la constructora Riva S.A., la misma que levantará el edificio de la isla Demarchi

martes 7 de octubre de 2014 - 5:57 am

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó  ayer allanar las oficinas de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, tras la denuncia penal impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans, sobre las irregularidades en el proceso licitatorio para la construcción de un edificio “inteligente y de última tecnología” ubicado en la calle Uruguay 722 cuyos costos fueron “millonarios” pero nunca se construyó.

Además, existen fundadas sospecha por parte de los investigadores sobre una posible sobrefacturación que benefició a la empresa RIVA SA., la misma a la que se acusa de incumplir lo pactado y a la que se le volvería a otorgar esta obra en los próximos días.

Cabe recordar que RIVA S.A. es la misma empresa que salió ganadora en el llamado a licitación del Gobierno nacional para la construcción de un megaedificio en la isla Demarchi.

Ricardo Monner Sans impulsó la denuncia el pasado 3 de Septiembe pasado.

Según publicó ayer el diario Perfil, la maniobra encubriría desvíos de fondos, ya que se adjudicó el proyecto a la empresa RIVA S.A, la obra no se realizó, los pagos “millonarios” se efectuaron y ahora se abrió una nueva licitación que se adjudicaría a la misma empresa que incumplió “innumerables veces”, según advierte el denunciante.

El allanamiento se llevó a cabo a las 11.30 horas con más de cinco oficiales judiciales que secuestraron expedientes y soportes técnicos de las oficinas del presidente del Consejo de la Magistratura, el camarista federal Alejandro Sánchez Freytes, según explicaron fuentes judiciales.

En el procedimiento se llevaron documentación, expedientes y computadoras que podrían complicar la situación procesal del presidente de dicha comisión, el camarista laboral Mario Fera y del Administrador General del Poder Judicial, Germán Krieguer.

Al momento de la adjudicación en 2009, Krieguer, no tenía título universitario y habría sido nombrado por el entonces presidente del Consejo, el camarista Luis María Cabral.

Además de investigan supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y enriquecimiento ilícito de los que intervinieron en el proceso licitatorio y adjudicaron la obra.

La obra millonaria inexistente

El monto inicial de la adjudicación fue por $ 50.043.000, con un plazo de ejecución de dos años pero, hasta la fecha, no se efectuaron obras ni siquiera hubo intentos de hacerlo. Además, los costos fueron “in crescendo por consenso de partes” hasta llegar a $70.510.214,88, explica Monner Sans.

Según la documentación que aportó el letrado, se afirma que el contrato habría sido formalizado el 26 de octubre de 2009; el 6 de noviembre de 2009 la Dirección General de Infraestructura Judicial habría impartido la orden de ejecución y el 13 de noviembre de 2009 se habría firmado el acta de entrega del terreno destinado a la construcción del edificio a la empresa RIVA S.A.

Pasados más de veinte meses del 6 de diciembre de 2012, ningún edificio semi-inteligente existe en el predio de Uruguay 722 / Viamonte 1435. Lo único que hay es un profundo pozo que debió ser sub-murado por otra empresa (CASAGO S.A.) para evitar daños al edificio de Uruguay 714 -donde funcionan algunos juzgados civiles- y al edificio de Uruguay 740, donde funciona la sede de la Comuna 1 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El abogado de la empresa RIVA S.A, Rodolfo Barra –exministro de la Corte Suprema y exministro de Jusiticia de Carlos Menem– se reunió con el presidente de la Magistratura, Sánchez Freytes, reunión a la que invitó a participar al resto de los consejeros, pese a la queja de alguno de ellos hace unos días.

El tema de la reunión se centró en la tramitación de un recurso extraordinario que le podría permitir a la empresa recuperar la obra del edificio por la que ya habría cobrado “millones”, “incumplió lo pactado”, “hubo sobreprecios” y pese a un sinnúmero de irregularidades, Fera y Krieguer, podrían adjudicarle la construcción una vez más con precios “exorbitantes”, explica el denunciante.

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