Economía

Presiones e inspecciones: el Gobierno pone en juego todas sus armas para bajar el “blue” y el “liqui”

La Comisión Nacional de Valores realizó un operativo de inspección en las financieras Balanz Capital y Banco Mariva. Además, cruzará información con la AFIP y busca arrastrar el conflicto a terreno penal

miércoles 1 de octubre de 2014 - 3:14 pm

El Gobierno Nacional apostó a una guerra de trincheras contra los “especuladores”, luego de los incrementos de las últimas semanas en el precio del dólar “contado con liqui” y la divisa en el mercado paralelo.

Entre la batería de medidas que decidió llevar a cabo, destacan los operativos de inspección que llevó adelante esta mañana la Comisión Nacional de Valores (CNV), el brazo político del Gobierno para intervenir en el mercado bursátil. Los apuntados de hoy fueron dos financieras: Balanz Capital y Banco Mariva, ambos nombrados por la presidenta Cristina Fernández en su discurso de ayer por Cadena Nacional. Sin embargo, cambistas no descartan que el raid de inspecciones siga su curso y abrace a otras financieras sospechadas por el Gobierno. Entre los nombres en danza, suenan Banco Macro y Patagonia, dos de los “señalados” por la jefa de Estado anoche.

Detrás de estos controles, se avizora una nueva medida conjunta entre la CNV y la AFIP para achicar el caudal de transacciones que llevaron al “contado con liqui” y al denominado “dólar Bolsa” a dispararse en los últimos días. La CNV, conducida por Alejandro Vanoli, remitirá al ente recaudador  toda la información para que se analice en cuestiones vinculadas con lavado de dinero y a la situación tributaria de quienes operan el denominado “contado con liqui”.

A esta decisión se le sumará una más para intentar espantar a los operadores. Vanoli quiere llevar el enfrentamiento a terreno penal, por lo que enviará a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la información para que se formule una denuncia penal sobre las maniobras especulativas que denunció ayer la Presidenta.

Pero el límite que está dispuesto a cruzar el Gobierno con el fin de frenar la escalada del “liqui” está más allá de estas medidas, según advierte el politólogo Rosendo Fraga. El especialista alertó que “si se profundiza este discurso  haciendo la analogía entre la idea de que desestabilización económica es igual a terrorismo, puede llevar a la aplicación de la ley antiterrorista a conductas económicas”.

En diálogo con radio Mitre, Fraga explicó que dicha frase fue utilizada por el oficialismo como “ordenador de la política internacional, de la política interna y de la política económica ” idea que “se profundizó con el discurso en Naciones Unidas”. Sin embargo, consideró que “la frase más relevante es que quieren voltear al Gobierno”.

COMENTARIOS