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Judiciales

Gils Carbó, propuso la suspensión del fiscal José María Campagnoli

La procuradora propuso la suspensión del fiscal José María Campagnoli por abuso de poder y mal desempeño

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, propuso la suspensión del fiscal José María Campagnoli por “abuso de poder” y “mal desempeño” y que se evalúe su remoción, por haber intervenido, a su criterio incorrectamente, en una causa donde se involucró al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Según se explicó hoy a través de la página de noticias de la Procuración, a Campagnoli se la imputa “no haber investigado un caso de administración fraudulenta contra Federico Elaskar”, quien involucró en irregularidades al empresario kirchnerista Lázaro Báez, “y transformar el objeto procesal de esa causa para avanzar con una pesquisa paralela a la que tramitaba en el fuero federal, a cargo del fiscal Guillermo Marijuán”.

Gils Carbó “confirmó el dictamen del Consejo Evaluador, integrado por cinco fiscales generales, que acusó a Campagnoli por ‘abuso de poder’ y ‘mal desempeño'” y pidió al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público que “disponga su suspensión hasta que se dirima si debe ser removido”.[pullquote position=”right”]Gils Carbó, propuso la suspensión del fiscal José María Campagnoli por abuso de poder y mal desempeño[/pullquote]

Campagnoli es titular de la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido.

En la resolución firmada por la Procuradora consta que “de las denuncias recibidas en los últimos meses se desprende que el fiscal adoptó una conducta carente de mesura, prudencia y circunspección, así como una actitud desafiante frente a las instituciones, que resultó además incompatible con la investigación seria de los delitos que supuestamente buscaba perseguir”.

El Consejo Evaluador que dictaminó contra Campagnoli está integrado por los fiscales generales Javier De Luca, Alejandro Alagia, Diego Luciani, Ricardo Alvarez y Eduardo Alvarez.

“Este caso nos enfrenta a una hipótesis de un magistrado que avasalla reglas básicas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente el ámbito de actuación de otro colega”, dijo Gils Carbó, quien adscribe al kirchnerismo.

Tras la difusión de declaraciones de Elaskar en “Periodismo Para Todos”, de Jorge Lanata, Campagnoli “promovió la acción penal de oficio por los hechos relatados en el programa”, se recordó.

La causa recayó en un juzgado del fuero criminal ordinario y desde allí se remitieron las actuaciones al fuero federal para que se sumara al expediente caratulado “Báez, Lázaro s/ encubrimiento”, con la intervención del fiscal Marijuán.

“Campagnoli decidió seguir tomando intervención en los hechos denunciados en el programa televisivo, pese a la declaración de incompetencia dictada” por el juez de instrucción Rodolfo Cresseri.

“Para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima”, en referencia a Elaskar, sostuvo Gils Carbó. Se trata de una pesquisa impulsada por Campagnoli para determinar si Báez extorsionó a Elaskar para que se desprendiera de su financiera.

También se acusa a Campagnoli de tener “una conducta invasiva respecto de las facultades de su colega del fuero federal”, Marijuán, Y “aparece como un intento de marcar el camino a su colega competente del fuero federal, obstaculizando de ese modo la estrategia que el otro magistrado podría desplegar”.

Otra de las imputaciones contra Campagnoli se refiere a la utilización “arbitraria” de los recursos a su cargo, así como la “violación de secretos”, ya que “de acuerdo con la acusación, el fiscal habría facilitado inmediatamente a medios masivos de comunicación los dictámenes por él presentados en la causa, con el riesgo evidente de frustrar las medidas allí solicitadas”.

Así, la Procuradora General dispuso elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y “pedir la suspensión de Campagnoli mientras se sustancia el proceso para dilucidar si debe ser removido o no”.

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Caso Marcela López: cómo sigue la causa que salpica a los Kirchner en Santa Cruz

Lleva desaparecida hace ya más de 100 días. El suceso judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la ex familia presidencial

Uno de los casos más resonantes del año, en la provincia de Santa Cruz, hasta el momento no tiene desenlace: se trata de la desaparición de Marcela López; no se sabe de ella desde el pasado 22 de mayo.

Hasta el momento, la causa judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la familia Kirchner.

Según detalla el sitio Realpolitik, las decisiones que tomó la magistrada parecieran haber encontrado más interrogantes que respuestas.

Se baraja la hipótesis de un secuestro “por haber visto algo que no debía ver”. El abogado de la familia, Jorge Trevotich, presentó un pendrive con pruebas que apuntarían a ese hecho.

También se pidió la separación de la magistrada por haberse negado a continuar con los allanamientos y por estar vinculada a la ex familia presidencial.

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Denuncian al abogado de Máximo K por abuso de poder y desobediencia a funcionario público

Se trata de Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, quien días atrás había denunciado a un grupo de jueces por haber fallado en su contra; la denuncia contra el abogado de Máximo Kirchner recayó en el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti.

El tiutlar de la Inspección General de Justicia y abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen, fue denunciado esta semana por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y obstrucción a la Justicia.

La causa recayó sobre el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, tras una denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Recordemos que Nissen había denunciado ante el INADI a los jueces de la Sala C de la Cámara Comercial y había pedido su destitución, por haber anulado tres resoluciones suyas que imponían el cupo de género en los directorios de las empresas.

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Por esta decisión, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudiaron a Nissen y consideraron que la medida era un “amedrentamiento”.

¿Cómo escaló el conflicto?

En agosto del año pasado, Nissen ordenó por una resolución administrativa que las sociedades y asociaciones que se inscriban en la IGJ debían incluir en su órgano de administración “una composición que respete la diversidad de género” entre hombres y mujeres. La imposición generó controversias.

La medida fue discutida en la Justicia. Y en su fallo, los jueces Julia Villanueva y Eduardo Machín plantearon que la normativa impuesta por la IGJ “genera el interrogante acerca de si verdaderamente estamos en un ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual de los nombrados debe o no ser relevante”. Los camaristas sostuvieron que “la llamada ‘perspectiva de género’ no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo”. El fallo remarcó que “si bien parece indudable que las ‘acciones positivas’ ya vistas son temperamentos que se encaminan a ese objetivo sobre la base de ‘preferir’ al grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional”.

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Pero el titular de la IGJ no toleró el revés. En una nueva resolución, publicada en el Boletín Oficial, anunció que le iba a iniciar juicio político a los dos jueces por haber anulado su medida.

Nissen, enfrentado a denuncias de acoso

No es la primera vez que Nissen enfrenta incómodas situaciones judiciales. A finales del 2020, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina realizó una presentación para dar a conocer las situaciones que habrían pasado varias mujeres que pretendían cubrir cargos en la IGJ. Según dijeron, Nissen habría tenido con dos de estas mujeres actos lesivos en su contra: ambas relataban haber sido acosadas sexualmente a los efectos y promesas de que si accedían a la solicitud indecorosa, podían ocupar cargos vacantes en dicho organismo.

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En aquel entonces, la Fundación puso en conocimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entonces a cargo de Marcela Losardo.

Las chicas tenían miedo, entonces nosotros le presentamos la denuncia ante la ministra Marcela Lossardo. Nissen. Tiene muchas denuncia de acoso, maltratos y manoseo, al escrito lo presentamos por mesa de entrada, pero pensamos que la doctora Losardo nos llamaría para ratificar personalmente ante ella nuestros dichos, cuestión que esto jamás ocurrió”, resaltó el titular de la Fundación, Fernando Miguez.

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Se empieza a caer la causa penal contra el juez federal de Mendoza Walter Bento

Salieron a la luz falsos testimonios de los arrepentidos en el marco de la investigación plagada de irregularidades y comandada por el fiscal Dante Vega contra el único magistrado con competencia electoral en la provincia cuyana

La causa contra el titular del juzgado federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento, sigue sumando irregularidades. Recientemente, salieron a la luz nuevas contradicciones de los arrepentidos que hacen que la investigación penda de un hilo.

En el marco de esta causa contra el único juez con competencia electoral en Mendoza, el fiscal Dante Vega apostó a convencer con la Ley del Arrepentido a muchos de los imputados de la causa, con el objetivo de que cada uno se acogiera al régimen, declarando en contra de Bento bajo el pacto de obtener a cambio la libertad.

Las pruebas que con el paso del tiempo fueron ingresando al expediente de la causa echan por tierra las declaraciones de dos abogados arrepentidos. Los letrados Martín Ríos y Matías Aramayo aceptaron acuerdos de manera exprés, sin siquiera corroborar datos y al solo efecto de declarar contra Bento.

Martín Ríos fue el primer abogado detenido. En la Justicia aseguran que su error fue elegir como defensor a un amigo de Vega, quien le habría recomendado falsear su testimonio para perjudicar a Bento y recuperar su libertad. Y así fue: la recuperó.

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Sin embargo, el abogado no acompañó sus declaraciones con pruebas y luego, con el paso del tiempo y la recopilación de nuevas pruebas que se sumaron al expediente, se demostró la falsedad de parte de lo pronunciado. Casualmente, las pocas pruebas de descargo que realizó fueron aceptadas por el fiscal Vega en connivencia con el juez Eduardo Puigdéngolas.

Ríos se refirió en una entrevista a una hipotética reunión de la supuesta banda liderada por Bento, que se habría realizado en el Barrio Privado Palmares. Sin embargo, las constancias remitidas por la empresa de seguridad del lugar constatan que en los posibles días en los cuales pudo haberse llevado a cabo la reunión ninguno de los supuestos concurrentes ingresó al barrio. Además, contrastados los ingresos, no coincide con ninguno de los concurrentes mencionados.

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Tampoco salió del barrio el hoy difunto ex corredor de aduanas Diego Aliaga a buscar a Ríos, quien había dicho que lo hicieron ingresar al lugar por no llevar carnet de conducir. Asimismo, Ríos dijo haber visto a Bento en un vehículo Volkswagen Amarok gris, cuando para esa fecha tenía una camioneta blanca.

Finalmente, durante la investigación, fue solicitado que se corroboraran las ubicaciones de los teléfonos celulares de los involucrados, pero el fiscal rechazó el pedido de manera llamativa.

Estas contradicciones flaquean la investigación, que comienza acumular tropiezos.

Por otra parte, el segundo abogado arrepentido es Matías Aramayo, quien designó al mismo abogado defensor que Ríos y, al igual que lo sucedido con él, citó dichos incomprobables, incluso dichos de personas que están muertas.

Pese a ello, al igual que Ríos, Aramayo recuperó su libertad.

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