Gils Carbó, propuso la suspensión del fiscal José María Campagnoli

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, propuso la suspensión del fiscal José María Campagnoli por “abuso de poder” y “mal desempeño” y que se evalúe su remoción, por haber intervenido, a su criterio incorrectamente, en una causa donde se involucró al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Según se explicó hoy a través de la página de noticias de la Procuración, a Campagnoli se la imputa “no haber investigado un caso de administración fraudulenta contra Federico Elaskar”, quien involucró en irregularidades al empresario kirchnerista Lázaro Báez, “y transformar el objeto procesal de esa causa para avanzar con una pesquisa paralela a la que tramitaba en el fuero federal, a cargo del fiscal Guillermo Marijuán”.

Gils Carbó “confirmó el dictamen del Consejo Evaluador, integrado por cinco fiscales generales, que acusó a Campagnoli por ‘abuso de poder’ y ‘mal desempeño’” y pidió al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público que “disponga su suspensión hasta que se dirima si debe ser removido”.[pullquote position=”right”]Gils Carbó, propuso la suspensión del fiscal José María Campagnoli por abuso de poder y mal desempeño[/pullquote]

Campagnoli es titular de la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido.

En la resolución firmada por la Procuradora consta que “de las denuncias recibidas en los últimos meses se desprende que el fiscal adoptó una conducta carente de mesura, prudencia y circunspección, así como una actitud desafiante frente a las instituciones, que resultó además incompatible con la investigación seria de los delitos que supuestamente buscaba perseguir”.

El Consejo Evaluador que dictaminó contra Campagnoli está integrado por los fiscales generales Javier De Luca, Alejandro Alagia, Diego Luciani, Ricardo Alvarez y Eduardo Alvarez.

“Este caso nos enfrenta a una hipótesis de un magistrado que avasalla reglas básicas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente el ámbito de actuación de otro colega”, dijo Gils Carbó, quien adscribe al kirchnerismo.

Tras la difusión de declaraciones de Elaskar en “Periodismo Para Todos”, de Jorge Lanata, Campagnoli “promovió la acción penal de oficio por los hechos relatados en el programa”, se recordó.

La causa recayó en un juzgado del fuero criminal ordinario y desde allí se remitieron las actuaciones al fuero federal para que se sumara al expediente caratulado “Báez, Lázaro s/ encubrimiento”, con la intervención del fiscal Marijuán.

“Campagnoli decidió seguir tomando intervención en los hechos denunciados en el programa televisivo, pese a la declaración de incompetencia dictada” por el juez de instrucción Rodolfo Cresseri.

“Para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima”, en referencia a Elaskar, sostuvo Gils Carbó. Se trata de una pesquisa impulsada por Campagnoli para determinar si Báez extorsionó a Elaskar para que se desprendiera de su financiera.

También se acusa a Campagnoli de tener “una conducta invasiva respecto de las facultades de su colega del fuero federal”, Marijuán, Y “aparece como un intento de marcar el camino a su colega competente del fuero federal, obstaculizando de ese modo la estrategia que el otro magistrado podría desplegar”.

Otra de las imputaciones contra Campagnoli se refiere a la utilización “arbitraria” de los recursos a su cargo, así como la “violación de secretos”, ya que “de acuerdo con la acusación, el fiscal habría facilitado inmediatamente a medios masivos de comunicación los dictámenes por él presentados en la causa, con el riesgo evidente de frustrar las medidas allí solicitadas”.

Así, la Procuradora General dispuso elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y “pedir la suspensión de Campagnoli mientras se sustancia el proceso para dilucidar si debe ser removido o no”.