Política
Diputados de la oposición presentaron una cautelar para volver a limitar la venta de tierra a extranjeros
Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot recurrieron a la Justicia para revertir el fallo de la corte ante una alarmista perspectiva de eventuales ventas de tierras a extranjeros.

Tras el fallo de la Corte Suprema que activó el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual deroga la Ley de Tierras, los diputados de la oposición Miguel Ángel Pichetto y Nicolas Massot, presentaron una cautelar ante la Justicia para revertir dicha decisión.
Según Clarín, desde Encuentro Federal, un grupo opositor de peronistas y radicales que tampoco pierden del todo el diálogo con el Gobierno, advirtieron que las operaciones inmobiliarias que pueden tener lugar en la ventana abierta por el máximo tribunal pueden ser irreversibles inclusive tras la sesión en la que la oposición buscará derogar el DNU 70.
Con estas operaciones, la formación centrista hizo un tiro por elevación sobre las eventuales ventas de tierra que puedan habilitarse a extranjeros en la ventana temporal comprendida entre el fallo de la Corte y una eventual derogación del DNU impulsado por el presidente Javier Milei ya probado por el Congreso a comienzos de su mandato: “Podrían generar derechos adquiridos difíciles de revertir”, alertaron.
Con @Nicolas_Massot presentamos una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras.
Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo… pic.twitter.com/cr6z5mqdz9
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 2, 2026
El artículo 154 del DNU 70 derogaba la Ley de Tierras, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Pero no había entrado en vigencia hasta el mencionado fallo porque el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) presentó hace más de dos años una medida cautelar bajo el argumento de que vulnera la soberanía nacional y la protección de recursos estratégicos.
La Corte Suprema se amparó en fallo que activa dicho artículo en que el centro de combatientes no contaba con una legitimación suficiente para promoverla.

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