Judiciales
Juicio en ausencia: la Justicia procesó a altos mandos iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA
El juez federal Daniel Rafecas dispuso las imputaciones por el atentado terrorista contra la mutual judía en 1994 que dejó un saldo de 85 muertes. El magistrado definió el hecho como un delito de lesa humanidad.

Con la nueva normativa que permite los juicios en ausencia ante causas que no proscriben, la Justicia federal procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA.
Así lo dispuso el juez federal, Daniel Rafecas, quien imputó a los extranjeros por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 que provocó 85 muertes, 151 heridos y graves daños materiales en la mutual judía.
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Entre los procesados se encuentran exministro de Inteligencia iraní, Alí Fallahijan; el exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Alí Velayati; el excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohsen Rezai; y el actual comandante de la fuerza Al Quds, de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi.
Además de Hadi Soleimanpour (ex Embajador de Irán en la Argentina); Mohsen Rabbani (activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina); y Ahmad Asghari (ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria).
En tanto, el juez Rafecas incluyó en los procesamientos al agente libanés de Hezbollah, Salman Raouf Salman; como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado. Mientras que Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, cómo cómplices necesarios para la estrategia criminal.
Según definió el magistrado, el ataque fue encomendado a Hezbollah, agrupación pro-iraní con sede en El Líbano, que organizó la ejecución del atentado a la AMIA mediante una red de apoyo regional y local, con base en la Triple Frontera (Ciudad del Este, Paraguay; Foz de Iguazú, Brasil y Puerto Iguazú, Argentina).
Si bien, los hechos se calificaron como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. El letrado incluyó el hecho como un crimen de lesa humanidad.

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