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Política

Citaron a indagatoria al expresidente de ARSAT: hallaron USD 2,4 millones y droga en su casa

Facundo Leal está siendo investigado por presunta corrupción, negociaciones incompatibles con su cargo y fraude.

El juez federal Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria al expresidente de ARSAT, Facundo Leal, en el marco de una causa por presunta corrupción, negociaciones incompatibles y fraude. La investigación, que también alcanza a otros exfuncionarios, se centra en irregularidades detectadas en la contratación directa de una empresa de logística para almacenar equipamiento de la compañía estatal.

El magistrado ordenó medidas para reconstruir el origen de los 2,4 millones de dólares en efectivo hallados en propiedades vinculadas a Leal. Entre las acciones dispuestas figuran el levantamiento del secreto fiscal y bancario, junto con una prohibición de salida del país y el dictado de medidas cautelares sobre los bienes de los imputados.

Hallaron USD 2,4 millones y droga en la casa del expresidente de ARSAT que asumió con Alberto Fernández

De forma paralela, Leal permanece bajo prisión preventiva tras ser procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Aunque el exfuncionario alegó que las sustancias incautadas (incluyendo ketamina, MDMA y cocaína) eran para consumo personal, el juez determinó que las cantidades halladas excedían dicho propósito, derivando la causa a los tribunales de Comodoro Py.

La investigación por corrupción se originó a raíz de un robo en instalaciones de ARSAT, lo cual permitió detectar posibles mecanismos para evitar licitaciones formales y realizar pagos indebidos. Entre las pruebas clave, los investigadores analizan conversaciones extraídas de teléfonos celulares de exdirectivos y responsables de compras que arrojarían luz sobre el funcionamiento de las presuntas maniobras.

Finalmente, Leal enfrenta una segunda investigación preliminar impulsada por el fiscal Ramiro González. Esta pesquisa, centrada en su gestión en el ORSNA, indaga posibles hechos de corrupción relacionados con la adjudicación de obras y contratos públicos. La Justicia solicitó informes patrimoniales y documentación administrativa para determinar si existieron irregularidades en el manejo de fondos durante su paso por dicho organismo.

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