Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Gobierno dejó vigentes las dos leyes clave del plan económico

El Gobierno nacional oficializó este viernes el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, dos normas clave para la nueva etapa del programa económico que impulsa la administración de Javier Milei.

La promulgación se concretó a través del primer Boletín Oficial del año, luego de que ambas iniciativas fueran aprobadas por el Senado el pasado 26 de diciembre, con una mayoría ajustada y un fuerte debate político.

El Presupuesto establece un marco macroeconómico que el Ejecutivo considera central para consolidar la estabilidad lograda durante los primeros años de gestión.

Según el texto oficial, el gasto total previsto para 2026 asciende a $148 billones, con un superávit primario proyectado del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Además, el Gobierno estima una inflación anual del 10,1%, un crecimiento económico del 5% y un tipo de cambio oficial que cerraría diciembre de 2026 en torno a los $1423.

Desde el Ministerio de Economía destacan que se trata del primer presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión de Milei, luego de dos años en los que el Ejecutivo debió prorrogar partidas ante la falta de consensos legislativos. En ese sentido, la Casa Rosada considera la sanción como una señal política y económica hacia los mercados y los organismos internacionales.

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En cuanto a la distribución del gasto, el Presupuesto 2026 prioriza los servicios sociales, que concentrarán $106,5 billones. En segundo lugar aparece el pago de la deuda pública, con $14,1 billones, seguido por los servicios económicos, que demandarán $11,4 billones.

El texto también ratifica la decisión oficial de mantener restricciones en la cobertura de vacantes dentro de la administración pública, con excepciones puntuales para áreas consideradas estratégicas como Salud, Seguridad y Defensa.

Entre los principales lineamientos, la ordenanza prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones, un aumento del 5% en el gasto destinado a jubilaciones, subas del 17% en Salud y del 8% en Educación. Además, se asignan $4,8 billones a las universidades nacionales, en un contexto de fuerte discusión durante 2025 por el financiamiento del sistema universitario.

La Ley de Inocencia Fiscal, el otro pilar oficializado este viernes, apunta a uno de los objetivos centrales del Gobierno: incentivar el ingreso de dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero formal. El régimen, que modifica aspectos del sistema penal tributario y de los procedimientos fiscales, parte del principio de considerar al contribuyente como cumplidor salvo prueba en contrario.

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La norma habilita a las personas físicas a utilizar ahorros no declarados por hasta $100 millones sin enfrentar sanciones penales ni administrativas. No obstante, el alcance del beneficio es limitado: quedan excluidos quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.

Desde el Gobierno aclararon que la Ley de Inocencia Fiscal no implica un blanqueo tradicional ni elimina impuestos, antecedentes fiscales o controles antilavado. Tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF), un punto que fue especialmente remarcado para despejar cuestionamientos de la oposición.