Interna en el kirchnerismo: La Cámpora acusa al entorno de Axel Kicillof por los incidentes en Quilmes y Lanús

La interna del kirchnerismo atraviesa uno de sus momentos más delicados y ya no se limita a diferencias discursivas o disputas silenciosas por liderazgo.

Los recientes episodios de tensión registrados en Quilmes y Lanús, dos municipios gobernados por intendentes de La Cámpora, abrieron un nuevo frente de conflicto que expuso con crudeza la fragmentación del espacio en el conurbano bonaerense.

Lo que comenzó como un cortocircuito político entre la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza, y el dirigente social Juan Grabois por una ordenanza municipal, escaló rápidamente hacia un escenario más complejo.

Las manifestaciones protagonizadas por organizaciones sociales en ambos distritos derivaron en incidentes, acusaciones cruzadas y sospechas que ahora alcanzan directamente al gobernador Axel Kicillof y a su armado político.

En Lanús, la protesta frente al edificio municipal terminó con disturbios, quema de un árbol de Navidad y un fuerte reclamo para que el intendente Julián Álvarez bajara a dialogar con los manifestantes.

Desde el gobierno local denunciaron que detrás de la movilización estuvieron dirigentes del Movimiento Evita vinculados a la UTEP, a quienes asociaron con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa el mandatario bonaerense a nivel provincial y nacional.

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En La Cámpora no dudaron en interpretar los hechos como una señal política. Señalan la presencia de referentes territoriales ligados a Agustín Balladares, dirigente de Lanús con vínculos fluidos con el gobernador bonaerense y su entorno más cercano.

Para el camporismo, la secuencia de protestas en municipios propios, en pleno diciembre y a días de las fiestas, no es casual y responde a una estrategia deliberada para erosionar su poder territorial.

“El patrón se repite y no es ingenuo”, sostienen cerca de los intendentes involucrados, donde afirman que las organizaciones sociales que encabezaron las protestas mantienen una relación política directa con el entorno del actual jefe bonaerense.

En ese marco, la figura de Grabois vuelve a quedar en el centro de la escena, acusado por el kirchnerismo duro de actuar como articulador de las presiones desde afuera del aparato institucional.

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Desde la gobernación, en cambio, rechazan de plano cualquier vinculación con los disturbios.

Aseguran que Kicillof está enfocado exclusivamente en la gestión y en consolidar su espacio político, y califican las acusaciones como una sobreactuación interna que busca trasladar responsabilidades.

“Es una lectura forzada que no se sostiene”, afirman dirigentes cercanos al mandatario provincial.

Las organizaciones sociales, por su parte, intentan correr el eje del conflicto político y lo sitúan en el plano social.

Desde la UTEP explican que las protestas responden a reclamos salariales y condiciones laborales precarias de trabajadores municipales tercerizados, particularmente en el área de limpieza urbana.

Según denunciaron, algunos cooperativistas perciben ingresos muy por debajo de la línea de pobreza, lo que habría detonado las manifestaciones.

Sin embargo, en La Cámpora desconfían de esa explicación y remarcan que el silencio crítico hacia la gestión provincial, especialmente en materia de seguridad y política social, alimenta la sospecha de un alineamiento tácito con Kicillof.

“Se cuestiona al intendente, pero nunca al gobernador”, deslizan desde el camporismo, donde ven una señal política clara.